Durante décadas los representantes del estado, políticos alejados de la realidad, le han dicho a la población que las armas son peligrosas, que asesinan, que cometen delitos y que en manos de civiles son un peligro para el la familia. Han desarrollado campañas como “Entrega tu arma”, las policías acuden a casas de deudos a quitarles las armas de los fallecidos y las exhiben como armas retiradas de las calles, pero no son más que armas de familias que las han heredado de un pariente que ha muerto.
Cierto es que la violencia armada es un problema real, hasta el momento incontrolable y en alarmante aumento. Con la migración descontrolada también ingresaron delincuentes, más violentos que los criollos, más organizados y mucho mejor armados. Esto ha desatado una ola de nuevos crímenes, de nuevas formas de delinquir que han sorprendido y superado no sólo a las policías, sino también a jueces y fiscales que evidentemente no están dando el ancho para combatirlos.
Las guerras entre pandillas, a mi juicio una muy buena forma de que se eliminen entre ellos, es una realidad que nos golpea en la cara. De esta forma los ajustes de cuentas, que antes eran unas puñaladas y nada más, hoy son ráfagas descargadas contra otros delincuentes y que algunas veces podría provocar daños lamentables e irreparables a terceros.
Pero es una realidad que hoy debemos afrontar, cualquiera de nosotros puede estar en un cine, una plaza, un banco, un restorán o en misa los más creyentes, y pueden llegar sicarios y dispararle a su víctima. Hoy no tenemos más que refugiarnos y esperar que una bala perdida no le dé a nadie y mucho menos a nosotros.
Mientras, el estado, sus parlamentarios, ministros, jueces, fiscales y policías sostienen que el problema son las armas en manos de civiles y nos proponen avanzar en un desarme civil. De hecho, instituciones a cargo del registro y fiscalización de las armas como la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, han hecho intentos casi histéricos por evitar que los ciudadanos compren armas, municiones y practiquen con ellas. Frecuentemente, quienes poseemos armas en Chile, debemos interactuar con las Autoridades Fiscalizadoras coordinadas por la DGMN. Ahí nos encontramos con requisitos que no existen en la legislación vigente, con resoluciones que rayan en lo absurdo y con la indolencia del director general de la DGMN, un general de brigada del Ejército de Chile, que no sólo ignora a los usuarios de la ley, sino que es incapaz de poner orden al interior de su institución, que alberga a violadores de derechos humanos y golpeadores de mujeres.
En esta lógica delictual, apoyada por la apatía e indolencia de nuestras autoridades políticas y policiales, es que la necesidad de armarse surge como una urgencia y un derecho básico. Ante un estado que es incapaz de actuar con firmeza; que cuestiona el uso de la fuerza por parte de sus policías y lo regula hasta el punto de amarrarles las manos; que pareciera pretender que la delincuencia no existe y esconden sus narices en salones alfombrados y protegidos por dispositivos de seguridad, el resto de los 18 millones de habitantes del territorio quedamos desprotegidos.
No es fácil percibir la realidad cuando no quieres verla, mientras el país entero escucha de asesinatos, violaciones, heridos y una suerte de pillaje incesante, ellos esconden la cabeza en la arena y fingen no saber nada. Sin embargo, los que conducimos autos ante el peligro de un portonazo o encerrona, los que usamos metro con lanzazos y agresiones, los que caminamos por las calles y somos asaltados con violencia o los que dormimos en nuestras casas y somos sorprendidos a punta de pistolas, vivimos el Chile real.
Nosotros, los ciudadanos, sufrimos la violencia delictual a diario. No podemos decir que la enfrentamos porque no tenemos las herramientas para hacerlo y la autoridad se empeña en intentar prohibirlas. Quienes tenemos armas inscritas, ciertamente, quisiéramos portarlas para defendernos en la calle o en cualquier lugar, paras defender a nuestros hijos ante una agresión violenta y que ponga en peligro la vida. El porte de armas de defensa es una necesidad hoy más que nunca, es la única manera de emparejar la cancha.
Los ciudadanos que poseemos armas estamos regidos por una ley draconiana, esta ley regula cada acción con nuestras armas, como las debemos llevar al campo de tiro, como las podemos usar si debemos defendernos. Por ejemplo, señala que quien posea armas inscritas y se la entregue a un menor será sancionado con prisión. Es decir, un padre que le enseña a su hijo a disparar en el campo de tiro o a cazar puede ser condenado a prisión además de perder sus armas. Pero ninguna ley condena al narco que le entrega armas a menores de edad para que le sirvan de soldados. Extraño, por decir lo menos. Chile necesita un cable a tierra entre quienes lo dirigen y la realidad, mientras eso se logra producto de votaciones inteligentes, debemos armarnos, entrenar con nuestras armas y ser eficientes en defendernos de delincuentes violentos y ciertamente impunes.
