El 21 de marzo del presente año ingresamos un reclamo en la OIRS de la Dirección General de Movilización Nacional -DGMN- y le enviamos un correo al director general de este organismo.
Básicamente le exponíamos de cobros indebidos realizados en la Autoridad Fiscalizadora -AF- de Castro que afectaron a uno de nuestros asociados. Pueden encontrar el detalle aquí.
El director nos respondió, señalando que lo analizarían para responder adecuadamente. Esta respuesta llego el viernes 5 de abril, ya la rapidez en responder es un muy buen antecedente. Otras administraciones de la DGMN, se tomaban el plazo máximo para responder y habitualmente, además, pedían postergación de este. Esta vez no fue así.
La respuesta es más que satisfactoria, el afectado debe señalar una cuenta bancaria para que se le devuelva el dinero mal cobrado y luego de eso podrá volver a efectuar el trámite para que se le respeten los plazos del permiso de transporte. Además, se efectuó una auditoria en la AF de Castro, según nos informaron nuestros asociados.
Sin duda alguna la impronta del director general, Jorge Hinojosa Riquelme, es notable. Cuando asumió el cargo y nos reunimos, nuestra preocupación se enmarco en dos aspectos. Por un lado, el Reglamento Complementario, sobre el que ya estaba en marcha desde muchos meses antes y sobre el que claramente no tuvo injerencia y el otro aspecto fue la calificación de meros tenedores de armas, que se explicitó con el cambio de la denominación de propietario en los padrones de las armas. En esa ocasión el director general se comprometió a solucionar lo de los padrones y así lo hizo en un plazo muy breve.
Desgraciadamente creemos que en esta tarea de “hacer las cosas bien” el general esta un tanto solo. Lo rodea un equipo que no sólo gestó uno de los reglamentos más restrictivos, inútiles y desarmista de las últimas 5 décadas, sino que además un equipo que insiste en faltar a la legislación y entregar directrices confusas y autoritarias a las Autoridades Fiscalizadoras -AAFF-.
En este escenario a nadie le parece raro que en la AF de Iquique se le exija a un usuario sacar permiso de transporte para las 6 armas que posee y no para las dos que requiere transportar. Meses más tarde en la misma AF se le exige sacar este mismo transporte, ahora si para dos armas, pero se le obliga a señalar cuales de esas seis armas transportará. Siendo que el reglamento señala que puede transportar cualquiera de las seis siempre que no transporte más de las que señala el permiso.
En la AF de Concepción, una de las más complicadas por decir lo menos, cuando un ciudadano quiso inscribir un arma y presento sus liquidaciones de sueldo, le objetaron el costo del arma, que era mayor a su remuneración y tuvo que inscribir una de menor valor. Pero además, cuando le hicieron comprobación de domicilio, el conserje señalo que el departamento se encontraba sin moradores en ese momento. El resultado es que le rechazaron la inscripción porque no vivía en el domicilio que señalo y porque su remuneración era más baja que el valor del arma que deseaba inscribir. Lo insólito es que emitieron la resolución N°9000/06 y lo notificaron personalmente en el mismo domicilio en el que señalan que no vivía.
Estas insensateces son cosa de todos los días, demasiado frecuentes y ya marcan un comportamiento sostenido, con la clara la intención de desarmar a la población.
Las actitudes del nuevo director de la DGMN nos dan algo de esperanza. Pareciera ser que en el prevalece la legalidad y el apego a la normativa, aunque actualmente es una muy mala normativa. Pero, al menos existe una norma a la que atenernos y basarnos, y no esta suerte de tómbola con las que nos sorprenden cada vez que queremos hacer un trámite en las AAFF.
Ya escribiremos más de los desaciertos de las AAFF, podríamos escribir una colección de varios tomos con aquello.
Hoy queremos agradecer al director Jorge Hinojosa Riquelme, por su gestión clara, rápida y apegada a la norma, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo en sus antecesores. Esperamos que esta sea la marca de su gestión y que ayude a borrar la mala impresión que se tiene de lo que sucede al interior de esa repartición pública. Sabemos que no es fácil, son muchos los funcionarios enquistados ahí y que durante muchos años han intentado desarmarnos, no sabemos con qué fines, más que congraciarse con gobiernos anti-armas y mantener sus espurias regalías. Nosotros, como lo hemos hecho desde hace 17 años, seguiremos denunciando cada una de las irregularidades, por mínima que sea. No puede ser que aquellos que nos fiscalizan y controlan para que cumplamos la ley, falten a la legislación.
Cristian Gamboa Beltramín
Presidente ANTRA Chile
