REFLEXIONES HISTORICAS Y MORALES EN TORNO AL CONTROL DE ARMAS

Aporte del colectivo de ANTRA

Cuenta la tradición política que la primera iniciativa para legislar una ley de control de armas surgió durante el gobierno de la Unidad Popular. Para sorpresa de todos fue la coalición gobernante la que presentó el primer proyecto para desarmar a un grupo específico de ciudadanos. La lógica tras la medida era evitar que estos se defendieran de las expropiaciones sumarias y las tomas violentas. Pero el proyecto en el Parlamento siguió otra dinámica: éste cambió de rumbo y se encaminó a ser una barrera contra los grupos armados subversivos que irrumpían en la contienda política. Es más, el brazo administrativo y operativo para ejecutar la ley recaería en las FF.AA. La Ley se promulgó en 1972. Como tantas cosas en la vida política chilena los que fueron por lana volvieron trasquilados. La Dirección General de Movilización Nacional sería la entidad responsable de aplicarla. En la práctica funcionarios del Ejército de Chile serían sus únicos gestores administrativos, la ética central de la ley era entonces impedir que los grupos subversivos se hicieran de armas.

Con la llegada de la democracia electoral en 1990, bajo los gobiernos de la Concertación, otras ideas empezaron a abrirse paso. Podemos resumirlas en los siguientes puntos: 1) Las FF.AA. eran sospechosas de apoyar el antiguo régimen, luego había que marginar al Ejército de las tareas de control. 2) Las armas en manos de civiles eran una realidad política indeseable para la idea concertacionista de una democracia sana y pacífica. 3) El desarme lo obstaculizaba el sistema binominal: la oposición conservadora en el Parlamento era partidaria de civiles armados, entonces había que avanzar por etapas. 4) Campeaba la peregrina sospecha que los delincuentes obtenían sus armas de los civiles. 5) Los Carabineros, por ser los combatientes naturales de la delincuencia, debían ser los principales administradores del futuro sistema de control de armas. 6) El Control de Armas pasaría a ejercerse desde el Ministerio del Interior tan pronto fuera posible. 7) El principal adversario enemigo de la paz y seguridad dejó de ser la subversión revolucionaria, eran ahora los civiles armados.

Antes de 1990 las FF.AA. tenían por misión la seguridad externa encuadrada en Teatros de Guerra; Carabineros por el contrario estaba permanentemente en guerra contra el crimen organizado. La doctrina decía que los militares se preparaban para la guerra y que los Carabineros vivían constantemente en ella. La Disuasión para los primeros, la Detención por Sospecha para los segundos. Todo esto cambiaría con la nueva democracia y su justicia garantista: los Carabineros ya no buscaban al delincuente en el rebaño de mansos ciudadanos (eso es discriminación), ahora en adelante todos los ciudadanos eran iguales al ojo policial, ninguno merecía ser protegido a priori y todos serían sospechosos y potenciales delincuentes. Carabineros en el proceso quedó tristemente degradado en sus funciones preventivas.

Pero no todo sería un Valle de Lágrimas para las instituciones involucradas, el proceso de desarme ciudadano evolucionó acompañado de un creciente enjambre de tasas de derechos, impuestos disfrazados y gravámenes expropiatorias para los tenedores de armas. Los 500 mil dueños de armas se vieron inundados por una marea de restricciones, a lo que se sumó crecientes costos destinados a engrosar cuentas fiscales, que gozan en el presente de una sorprendente falta de control fiscal. Estamos enfrentados a un nuevo botín extractivo que se derrama generosamente sobre la DGMN y el OS11 de Carabineros o Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos. Los pocos intentos de fiscalización y transparencia de esa nueva área de exacción fiscal se han enfrentado a una muralla de opacidad administrativa sin precedentes en nuestro pasado republicano.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde los años 90s. El árbol del control de armas ha crecido en porte y frondosidad. Multitud de nuevos requerimientos: control mental del dueño, control relacionado sobre la violencia en el hogar, control y prohibiciones sobre la legítima actividad de la recarga, control domiciliario 14/7, control sobre el transporte, control sobre las consignaciones, control sobre las colecciones, examen periódico de manejo de armas, control anual sobre domicilio de las armas, más un largo etcétera. Todo a costa del dinero y tiempo del honesto y sacrificado dueño de armas de fuego. Al cual se le presume propenso al desorden mental, a la violencia intrafamiliar, a portar armas si la ocasión lo permite, a profitar de su afición, y otro largo etcétera. Los intentos de nuevas formas de control, muchas absurdas e incluso irrealizables, no han dejado de proliferar, entre ellas destacan la creación del archivo de la huella de percusión o huella balística, el control sobre los cartuchos usados, sobre las miras ópticas y sobre los cargadores adicionales, todo imposible de rastrear al no tener número de serie, un control imposible de implementar.

Esta frondosa maraña de prohibiciones ha aumentado en directa proporción al aumento incontrolable del crimen organizado. La excusa para estas absurdas cortapisas es que el honesto dueño de armas, a los ojos de la autoridad, no lo es. Entre otras cosas, porque sus armas serían el principal mercado para abastecer a los delincuentes, lo que se ha probado falso hasta la saciedad. El problema es que campea una nueva moral que exige poner al honrado legítimo dueño del arma en el mismo nivel ético y legal que al delincuente que porta y emplea un arma no inscrita, hasta que el primero no pruebe lo contrario. En resumen, la ley de control de armas se ha transformado en la antesala de la prohibición absoluta de las armas entre los ciudadanos civiles; hoy lo es al extremo de que es materia de un compromiso solemne de la primera magistratura. Por esto, la mejor prueba de templanza, estoicismo y fortaleza moral en el Chile actual es ser dueño legal de armas.