¿Quién controla a quien nos controla?

Por Cristian Gamboa Beltramín – Presidente ANTRA Chile

El 4 de junio de 2019 la Contraloría General de la República emitió el informe N°899/2019 sobre auditoría al proceso de inscripción, custodia y destrucción de armas en la Dirección General de Movilización Nacional. En un oficio, el entonces contralor Jorge Bermúdez le informaba al ministro de defensa de la época, Baldo Prokurica de las conclusiones de este proceso de auditoría.

Un oficio similar recibiría el director de la DGMN de la época, Hugo Lo Presti Rojas, en el que se señalaba que debía “adoptar las medidas pertinentes, e implementar las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas”.

Algunas de las observaciones eran las siguientes:

72 personas figuraban con inscripciones de armas anteriores a su nacimiento.
22.987 personas con antecedentes penales y armas inscritas.
1.714 personas con antecedentes penales de violencia intrafamiliar y armas inscritas.
5.976 inscripciones armas fueron autorizadas por la DGMN, a través de las autoridades fiscalizadoras, a personas con antecedentes penales previos.
10.677 armas están bajo el “RUT cero”, por no contar con datos que permitan identificar a los propietarios de esas armas.
316 certificados de aptitud física y psicológicas fueron emitidos por 7 personas que no poseían el título de medicina.
132.921 personas fallecidas tenían inscripciones vigentes de 182.898 armas.
$2.742 millones de pesos fueron transferidos por la DGMN a Carabineros, solo $1.124 millones fueron rendidos.

Y en julio de 2024, la Contraloría general de la República emitió el informe N°195/2024, de la misma forma se le envió oficio a la ministra de defensa Maya Fernández y al director general de la DGMN, Jorge Hinojosa Riquelme, quien actualmente continua en el cargo.

Esta vez las observaciones, además de reiterar algunas de las contenidas en el informe de junio de 2019 y que aparentemente nunca fueron corregidas, se enumeraban las siguientes:

61 médicos que no registraban la especialidad de psiquiatría emitieron certificados para la inscripción de 1.281 armas.
Entre el 2021 y el 2022, 11 trámites fueron respaldados con certificados médicos emitidos por 4 profesionales, el problema es que estos profesionales estaban fallecidos. Uno de ellos, falleció en marzo de 1983 y emitió un certificado con el que se inscribió un arma en noviembre de 2014.
Entre 2014 y 2023 un total de 30 tramites fueron respaldados por médicos no identificables y que se agruparon con el RUN 1-9.
9 personas con condenas iguales o superiores a 5 años, que poseen armas registradas efectuaron inscripciones y actualizaciones de datos durante el cumplimiento de la condena.
A 30 personas con condenas vigentes no solo nunca se les retiraron las armas, sino que además estaban habilitados para efectuar trámites en el sistema.
Del total de personas que se encontraban vigentes en el Registro de condenas del Servicio de Registro Civil, 725 registraban condenas por delitos con pena aflictiva.
18 estaban fallecidas, pero registraban trámites de compra de artificios pirotécnicos y municiones.
Entre enero de 2019 y noviembre de 2023, 1.436 personas adquirieron 2 millones 600 mil municiones, de las cuales 427 mil no correspondían a los calibres de sus armas vigentes.
Se advirtió el pago indebido de funcionalidades duplicadas del sistema de control de armas. Hablamos de que se pago dos veces por un mismo trabajo la suma de 102UF, alrededor de 4 millones de pesos.
Se pagaron 104 UF, otros $4 millones por soporte y mantención que se encontraban cubiertos por el contrato de mantención vigente.
Además, se pagaron 45 UF, otro millón ochocientos, por funcionalidades que no estaban contenidas en los requerimientos efectuados por la DGMN.

Las conclusiones de Contraloría son lapidarias y reflejarían que la institución a cargo del control de armas en Chile, no solo estaba haciendo un trabajo deficiente. Sino que, además, se habrían cometido irregularidades. Señala la Contraloría que:

Falta control por parte de la DGMN en el proceso de control de armas.
El plan de continuidad de servicios de Tecnología de la información esta desactualizados e incompletos.
Los procedimientos de restauración de datos están desactualizados e incompletos.
Existe falta de procedimientos para el monitoreo del sitio secundario de almacenamiento de los datos de control de armas de la DGMN.
Hay bajos estándares en la creación de contraseñas de acceso al sistema de control de armas.
No se hacen auditorías a la integridad de los registros del sistema de control de armas.
La DGMN no efectuaba un control en los cambios o correcciones efectuadas por empresas externas a la aplicación de bases de datos del control de armas.

Las respuestas de la DGMN rayan en la comedia. “No mire, de las 18 personas fallecidas que compraron fuegos artificiales y municiones, sólo 11 estaban fallecidas y las otras 7 siguen vivas” o “nos equivocamos al digitar”; “es que nos equivocamos de rut al digitar el rut del médico psiquiatra y por eso aparece extendido por un profesional que estaba muerto”.

Muchas de las observaciones efectuadas por Contraloría podrían ser consideradas delitos, al menos “alguien” miro para el lado o hizo caso omiso de una situación, por decir lo menos, “extraña”.

¿Pero porque les cuento esta complicada historia?

Porque el Código Penal, en su artículo 175 señala que Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Fuerzas armadas, fiscales y demás empleados públicos, tiene la obligación de denunciar los hechos de su conocimiento y que podrían tener carácter de delito.

El plazo determinado para hacer esta denuncia lo señala el artículo 176 del mismo código penal. 24 horas desde que toman conocimiento.

En nuestra primera reunión con el director de la DGMN, cuando recién asumió el cargo, se lo dijimos claramente, aquí hay que hacer denuncias y perseguir a quienes miraron para el lado en las autoridades fiscalizadoras. Evidentemente no nos escuchó.

En agosto de 2024 solicitamos a la DGMN copia de las denuncias efectuadas al ministerio publico por los hechos reflejados en los informes de Contraloría señalados y preguntamos si se habían efectuado sumarios, además de pedir las copias de las conclusiones de dichos sumarios. Básicamente nos respondieron tres cosas:

“Esta Dirección General se encuentra realizando las gestiones necesarias para resolver las observaciones encontradas por la contraloría general de la República en ambos informes”.
Respecto a las inscripciones de armas a personas que mantenían antecedentes penales, se nos respondió y cito “no se instruyó sumario”.
Respecto a los certificados emitidos por personas que no eran médicos, que estaban fallecidos y los casos 9 personas con inscripciones y condenas mayores a 5 años, se nos señaló que, “se ha dispuesto Sumario Administrativo por resolución Exenta N°1613 de fecha 4 de julio de 2024. Luego se dispuso ampliación de objeto a investigar a través de resolución Exenta N° 1908 de fecha 31 de julio de 2024”.

Nunca se nos respondió explícitamente sobre la consulta por posibles denuncias al Ministerio Publico, como obliga el código penal. Solo se nos hizo llegar un “Acta de búsqueda de documentación”, donde en el párrafo final se señala, y cito textualmente:

“Del resultado de la búsqueda física efectuada en los archivos de documentación pasiva, se pudo constatar que no existe la documentación solicitada, por lo tanto, no es posible hacer entrega de copias de los documentos solicitados”.

En resumen, se nos dijo: “No, no se hicieron denuncias”. Pero nunca de manera explícita. No asumen responsabilidad.

Claramente, quedan muchos temas por tratar con respecto a la Dirección General de Movilización Nacional, por ejemplo, las rendiciones tanto de la propia DGMN como de Carabineros de los fondos de ley.

La insistencia en mantener prohibiciones de actuaciones de la gente que tiene armas en las zonas de excepción en el sur de nuestro país. Algo que fue decretado por un director anterior de la DGMN, pero que el actual director no ha querido derogar.

Y los incentivos al retiro: funcionarios del ejercito que son recontratados por la DGMN por unos años, para luego irse con millonarios incentivos al retiro muy superiores al de los funcionarios civiles de esa misma institución, también se lo señalamos al director, pero como muchas otras reuniones que tuvimos, pareciera que las olvido.

Los informes de Contraloria:

Nuestra consulta y las respuestas de la DGMN: