Reportaje emitido por CHV, un reportaje en que pudimos decir lo necesario.

La Comisión de Seguridad Ciudadana, de la Cámara de Diputados, rechazó en su totalidad el proyecto que se voto en el Senado el 21 de septiembre de este año.

Si bien no es un triunfo total ya que falta la votación de la Sala de la Cámara de Diputados, que se debiera desarrollar la semana del 8 al 12 de noviembre, sino se desarrollar en esa oportunidad se vería después de las elecciones.

Esto nos plantea dos escenarios posibles, que la sala confirme lo señalado por la Comisión y rechace en su totalidad o que rechace parcialmente las modificaciones propuestas por el Senado.

En caso de rechazar el proyecto completo, este se iría a comisión mixta, formada por 5 senadores y 5 diputados. Ahí se discutiría todo nuevamente, casi desde cero.

Por otra parte, en caso de que los diputados sólo rechacen algunas de las modificaciones, se irían a comisión mixta solo las modificaciones rechazadas y solo se pueden discutir aquellas.

Pero en caso de rechazo total, y por lo tanto la posibilidad de discutirlo todo, incorpora una variable nueva. El diputado Díaz, que es candidato a Senador por la Región de Coquimbo, propone discutir en esa comisión mixta su proyecto de prohibición de comercio, posesión y uso de armas de fuego para todos excepto los deportistas, cazadores, coleccionistas y arma de defensa deberán entregarlas para destrucción.

Pero esta discusión llegará tarde o temprano y no marca ninguna diferencia el hacerlo ahora o en meses o años más, incluso es mejor hacerlo ahora que ya estamos en esto.

Según la RAE “Lauchero” es un termino coloquial de nuestro país que hace referencia a un jugador: Que habitualmente espera la ocasión de marcar un gol sin incorporarse de lleno al juego.

Al analizar cada una de la modificaciones propuestas, podemos darnos cuenta que el 90% sólo dice relación con restringir y dificultar el acceso y la posesión de armas por parte de los ciudadanos respetuosos de la ley. El problema aquí no es seguir controlando las armas legales, sino hacerse cargo de prevenir, combatir y sancionar efectivamente el mercado de armas ilegales y su uso.

Hoy las policías no aplican inteligencia en el combate al comercio y tráfico ilegal de armas de fuego. De hecho cada vez que incautan armas ilegales, sea por su fabricación o procedencia, lo hacen como resultado de otra diligencia en la que se “toparon” con armas de fuego, pero no iban tras ellas, sino tras otro delito.

No estamos dispuestos a que se nos siga sindicando como proveedores de armas a los delincuentes, ni como causantes de inseguridad pública al tener armas en nuestros hogares. No hay cifras que avalen estas afirmaciones, no hay estadísticas que demuestren que las armas legales son un problema público y que merezca la adopción de medidas especiales.

Las armas ilegales si merecen la adopción de medidas, estrategias y actitudes eficiente en su combate. Pero las armas ilegales no las tenemos nosotros.

Algunos de los cambios son:

Obligar al registro de ballestas y hondas que denominan “profesionales”, sin definir esa condición, sin señalar los requisitos, ni el procedimiento.

Hacer un registro de armas por parte de Carabineros, siendo que la Dirección General de Movilización Nacional tiene un registro detallado de nuestras armas inscritas.

Proponen crear una acreditación de psiquiatras y un registro de los profesionales que nos pueden efectuar el examen psicofísico que se nos exige para inscribir nuestras armas. Esto atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los psiquiatras. Y no nos garantiza imparcialidad al momento de ser examinados.

Se pretende exigirnos un examen de drogas para condicionar la inscripción de armas, sin mencionar el costo de este procedimiento, debemos señalar lo limitado de la oferta de prestadores de este servicio en el mercado y la necesidad de efectuar un examen para cada tipo de drogas, además este procedimiento no es infalible.

Se quiere penar a los adultos que le faciliten armas o materiales controlados a menores de edad “a cualquier titulo”, dice el proyecto. No distinguen a los delincuentes de los padres que llevamos a nuestros hijos a un campo de tiro y les enseñamos a disparar en un espacio controlado y bajo la supervisión de adultos responsable y conocedores de las normas de seguridad. Otra cosa es el delincuente o el narcotraficante que le pasa armas y municiones a menores que utiliza como “soldados”. Esta medida matará el deporte del tiro y su proyección, al no poder preparar menores en el uso de armas.

Se propone inscribir, al igual que las armas de fuego, pero sin especificar los requisitos necesarios, las armas neumáticas o de aire, rifles a postones, balines, etc. Pero nada dicen de como harán el registro de las armas ya existentes. Con esto el niño de 15 años que posee un rifle a postón de 30 mil pesos quedará al margen de la ley automáticamente.

Además se propone aumentar las tasas de impuestos que cancelamos por nuestras acciones ante la ley, por ejemplo hoy pagamos 30 mil pesos por inscripción de una arma, el tope la ley lo fija en 1 UTM, hoy proponen subirlo a 3 UTM. Lo que seguro traerá un aumento en las tasas que deberemos pagar. Pero los delincuentes no inscriben sus armas, así que no vemos como esto previene las armas ilegales en manos de delincuentes.

Durante años hemos soportado que nos investiguen mas allá de lo que la ley les permite. Violando sistemáticamente derechos constitucionales. Revisan los antecedentes de nuestros padres, hermanos, hijos mayores de 18 años, etc. Rechazan inscripciones dependiendo del lugar donde vivan, nos discriminan, nos señalan con el dedo, no acusan de proveer armas a los delincuentes sin exhibir nunca una prueba o estadísticas que respalden tal acusación.

Hoy día estamos frente a un proyecto que dice querer combatir las armas ilegales y en la práctica nada de eso se logrará con este proyecto. Al ponerle suma urgencia el ejecutivo presiona a los parlamentarios para que apuren el proceso y no les permitirá efectuar las correcciones necesarias o las revisiones que un tema tan importante como este necesita.

Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA

Producto de las diferencias de criterios entre las distintas Autoridades Fiscalizadoras de la Ley 17.798 de Control de Armas, y las diferencias entre estas autoridades y la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, es que hemos decidido implementar un servicio de asesoría legal.

En una primera etapa, este servicio será para todos quienes lo requieran. Paulatinamente sólo estará destinados a los asociados de ANTRA. Pero ahora, ante la emergencia, creemos necesario disponibilizarlo para todos los tenedor DGMN.

Esta asesoría será coordinada por uno de nuestros Directores, y se limitará a:

1. Orientar usuarios de la Ley sobre acciones o requerimientos que efectúen las AF y que no estén basados en la Ley, su Reglamento Complementario o un Decreto e,manado desde la DGMN.
2. Asesorar en la presentación de recursos o quejas ante las autoridades sobre las acciones señaladas en el punto 1.

¿Como Operará?

El interesado deberá enviar un e-mail a antralegal@antra.cl, señalando:

Datos Personales

• Nombre completo
• RUT
• Dirección
• Comuna
• Ciudad
• Teléfono

Descripción del problema, señalando:

• AF en la que se genera el problema
• Nombre del funcionario que lo atendió
• Día y hora de la ocurrencia
• Descripción detallada del problema

Adjuntar, de ser necesario:

• Documentos que apoyen al usario
• Documentos que le haya entregado la AF y sean referentes al problema planteado

Nuestro equipo les responderá en breve.

DIRECTORIO ANTRA

Nuestro duro juicio al señor Lo Presti no es gratuito, ni liviano, ni antojadizo. Desgraciadamente es el cumulo de malas prácticas, donde el director de la DGMN actuó por acción u omisión, pero siempre actuó. Desde las reuniones solicitadas a él, en las que éramos derivados o simplemente se nos negaba la reunión, hasta las deficientes respuestas a nuestras consultas por medio de la Ley de Transparencia. En el medio quedan las múltiples y ya nada novedosas arbitrariedades cometidas por las AAFF (Autoridades Fiscalizadoras) en manos de Carabineros, las trasgresiones a la ley y su reglamento complementario. Nunca sabemos si la política de Lo Presti fue “dejar hacer” a Carabineros o efectivamente su intención siempre fue hostigar y perseguir a los dueños de armas de fuego, olvidando totalmente el carácter de servidor público.

Bajo su dirección las AAFF cerraron por meses y no pudimos hacer ningún trámite; bajo su dirección hemos tenido que presentar recursos de protección ante la justicia y en contra del actuar de las AAFF; bajo su dirección se ha desempeñado un coronel de Carabineros, el señor Benítez, que pareciera no entender la ley y pretende construir un muro alrededor de las AAFF y declarar su independencia de la DGMN, el Sr Benítez amerita escribir algo especialmente para él, ha dado muestras de mal manejo, pésima relación con las organizaciones e indiferencia hacia estas.

Efectivamente como representantes de los dueños de armas, desde las federaciones, asociaciones, agrupaciones de coleccionistas, armerías y nosotros, siempre hemos tenido grados de diferencia o afinidad con los directores de la DGMN. Si nos remontamos un poco a años cercanos podemos recordar a Roberto Ziegele Kerber (2011 a 2013) como uno de los buenos directores, con una relación cordial y siempre dispuesto a recibir a las organizaciones. En su gestión se constituyeron las mesas de trabajo, en las que participaron las organizaciones relacionadas con el tiro deportivo y donde se hicieron aportes, efectivos para la legislación y la relación con las organizaciones deportivas y gremiales.

Por su parte Oscar Mezzano Escanilla (2014) fue siempre abierto a conversar con todos, recibió nuestros aportes y observaciones a resoluciones que nos perjudicaban.

Un caso notable fue Esteban Guarda Barros (2015-2016), quien, a nuestro juicio, ha sido uno de los mejores directores que la DGMN ha tenido. De un trato franco y directo, siempre estuvo dispuesto a escucharnos y tomar en cuenta nuestra opinión, siempre soluciono nuestras diferencias con los carabineros del DCAE (Departamento de Control de Armas y Explosivos) y por su intermedio con las AAFF. Derogó y modificó resoluciones que en su momento el DCAE emitió y que eran equivocadas o atentaban contra nuestros derechos ciudadanos. Con el construimos el Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos, recibió nuestras sugerencias y bajo su dirección se trabajó en compilar, sistematizar y priorizar nuestras numerosas sugerencias. Finalmente se emitió un reglamento complementario único en su historia que entregaba garantías a todos los actores y resguardaba el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente ese reglamento que fue aprobado y dejado listo para su promulgación el actual gobierno lo desecho, sin que nunca se nos diera una explicación razonable de parte del actual Subsecretario de Interior Juan Francisco Galli cuando era Subsecretario de Defensa. Siempre lamentaremos la partida del General Guarda de la DGMN, pero hoy nos alegramos de su retiro y le deseamos la mayor de las suertes en su nueva vida en el mundo civil, cuyas puertas siempre estarán abiertas para tan noble caballero.

Luego vino Carlos Ricotti Velásquez (2017), nosotros como ANTRA nunca tuvimos una buena opinión de su trabajo, pero también es cierto que no nos perjudico y dejo fluir a la DGMN en su natural función.

Mención especial merece Jorge Morales Fernández (2018), quien no sólo nos cerró las puertas, sino que además sembró un clima de molestia al interior de la DGMN, bajo su gestión se realizaron malas prácticas, abuso de poder, acoso laboral, represalias, vulneraciones de derechos discriminaciones de género, llegando incluso a prohibirles a las jefaturas que eran ocupadas por mujeres participar de las reuniones semanales de coordinación. Elimino cargos que, a nuestro parecer, son fundamentales para el desarrollo de la DGMN y, peor aún, los reemplazo por asesores sin la experiencia necesaria. Incluso uno de ellos era amigo del director de su época de estudiantes. En este ambiente los carabineros del DCAE asumieron un rol distinto al de coordinar, sino que comenzaron a dictar resoluciones y avalar con mil excusas dilatorias los abusos que cometían a diario las AAFF a lo largo del país. Este director nos señaló, cuando le preguntamos porque el cargo de DECAE era ejercido por un carabinero y no por un oficial de las fuerzas armadas, como dicta el reglamento de la DGMN, nos respondió que no tenían personal suficiente.

Y llego el señor Hugo Lo Presti Rojas (2019-2020), ni siquiera pudimos reunirnos con él para saludarlo y presentarnos. Todo lo derivaba al DCAE, todo lo esquivaba y a nada respondía. A nuestro juicio y el de las organizaciones con las que nos relacionamos, este ha sido por lejos el peor Director de Movilización Nacional. Bajo su mando tuvimos que llevar a la justicia el actuar abusivo de algunas AAFF y alegar ante algunas Cortes de Apelaciones por vulneración de derechos constitucionales. Pero esto siempre le fue indiferente a este General de la República, que más allá de pasar sin pena ni gloria, a nuestro juicio asumió un cargo para el que nunca tuvo las condiciones necesarias. Lo Presti fue quien, en octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N°506, prohibió cualquier actuación relativa a la Ley N°17.798 sobre Control de Armas y Explosivos, mantuvo por meses las AF cerradas a particulares y comerciantes, primero con la excusa del “estallido social” y luego por la pandemia. La Resolución Exenta N°1489, que resolvió: “Suspéndase toda actuación que involucre el uso de armas de fuego para prácticas deportivas y de caza…”, que posteriormente debió sacar una nueva Resolución Exenta N°1750, anulando la anterior, ya que no contaba con facultades para emitir la primera, tema que habíamos advertido con anterioridad, sin embargo, hizo caso omiso a lo legal. El atraso que hoy presenta la gestión de las AAFF y los miles de permisos que han vencido son su responsabilidad, al punto que ha debido sacar resolución tras resolución ampliando el plazo de los permisos. Este director es el que hoy tiene trabadas a las AAFF pidiendo verificación de los certificados extendidos por los clubes deportivos y las federaciones ante cualquier actuación de los deportistas. 

Por eso es que esperábamos el cambio de Director General en la DGMN, y con ellos esperamos que cambie el trato hacia las organizaciones gremiales y deportivas, que seamos recibidos por el director y no por otras personas que no pueden resolver nuestros planteamientos.

Saludamos al nuevo director de la DGMN, General Luis Rojas Edwards, con quien esperamos tener una relación de colaboración y dialogo, cuando en estos momentos Chile emprende grandes cambios y todos debemos aportar a construir un estado moderno y activo, principalmente con una extrema transparencia en el servicio público, y de cara a sus ciudadanos.

Actualmente se analiza en el senado un proyecto de Ley que modifica la Ley de Control de Armas. Cada una de las razones que se esgrimen para modificar la Ley de Control de Armas, tiene relación con el combate de la delincuencia. Cosa que aplaudimos, al igual que toda la población.

Al analizar cada una de la modificaciones propuestas, podemos darnos cuenta que el 90% sólo dice relación con restringir y dificultar el acceso y la posesión de armas por parte de los ciudadanos respetuosos de la ley. El problema aquí no es seguir controlando las armas legales, sino hacerse cargo de prevenir, combatir y sancionar efectivamente el mercado de armas ilegales y su uso.

Hoy las policías no aplican inteligencia en el combate al comercio y tráfico ilegal de armas de fuego. De hecho cada vez que incautan armas ilegales, sea por su fabricación o procedencia, lo hacen como resultado de otra diligencia en la que se “toparon” con armas de fuego, pero no iban tras ellas, sino tras otro delito.

No estamos dispuestos a que se nos siga sindicando como proveedores de armas a  los delincuentes, ni como causantes de inseguridad pública al tener armas en nuestros hogares. No hay cifras que avalen estas afirmaciones, no hay estadísticas que demuestren que las armas legales son un problema público y que merezca la adopción de medidas especiales.

Las armas ilegales si merecen la adopción de medidas, estrategias y actitudes eficiente en su combate. Pero las armas ilegales no las tenemos nosotros.

Algunos de los cambios son:

1. Obligar al registro de ballestas y hondas que denominan “profesionales”, sin definir esa condición, sin señalar los requisitos, ni el procedimiento.
2. Hacer un registro de armas por parte de Carabineros, siendo que la Dirección General de Movilización Nacional tiene un registro detallado de nuestras armas inscritas.
3. Proponen crear una acreditación de psiquiatras y un registro de los profesionales que nos pueden efectuar el examen psicofísico que se nos exige para inscribir nuestras armas. Esto atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los psiquiatras. Y no nos garantiza imparcialidad al momento de ser examinados.
4. Se pretende exigirnos un examen de drogas para condicionar la inscripción de armas, sin mencionar el costo de este procedimiento, debemos señalar lo limitado de la oferta de prestadores de este servicio en el mercado y la necesidad de efectuar un examen para cada tipo de drogas, además este procedimiento no es infalible.
5. Se quiere penar a los adultos que le faciliten armas o materiales controlados a menores de edad “a cualquier titulo”, dice el proyecto. No distinguen a los delincuentes de los padres que llevamos a nuestros hijos a un campo de tiro y les enseñamos a disparar en un espacio controlado y bajo la supervisión de adultos responsable y conocedores de las normas de seguridad. Otra cosa es el delincuente o el narcotraficante que le pasa armas y municiones a menores que utiliza como “soldados”. Esta medida matará el deporte del tiro y su proyección, al no poder preparar menores en el uso de armas.
6. Se propone inscribir, al igual que las armas de fuego, pero sin especificar los requisitos necesarios, las armas neumáticas o de aire, rifles a postones, balines, etc. Pero nada dicen de como harán el registro de las armas ya existentes. Con esto el niño de 15 años que posee un rifle a postón de 30 mil pesos quedará al margen de la ley automáticamente. 
7. Además se propone aumentar las tasas de impuestos que cancelamos por nuestras acciones ante la ley, por ejemplo hoy pagamos 30 mil pesos por inscripción de una arma, el tope la ley lo fija en 1 UTM, hoy proponen subirlo a 3 UTM. Lo que seguro traerá un aumento en las tasas que deberemos pagar. Pero los delincuentes no inscriben sus armas, así que no vemos como esto previene las armas ilegales en manos de delincuentes.

Durante años hemos soportado que nos investiguen mas allá de lo que la ley les permite. Violando sistemáticamente derechos constitucionales. Revisan los antecedentes de  nuestros padres, hermanos, hijos mayores de 18 años, etc. Rechazan inscripciones dependiendo del lugar donde vivan, nos discriminan, nos señalan con el dedo, no acusan de proveer armas a los delincuentes sin exhibir nunca una prueba o estadísticas que respalden tal acusación.

Hoy día estamos frente a un proyecto que dice querer combatir las armas ilegales y en la práctica nada de eso se logrará con este proyecto. Al ponerle suma urgencia el ejecutivo presiona a los parlamentarios para que apuren el proceso y no les permitirá efectuar las correcciones necesarias o las revisiones que un tema tan importante como este necesita.

Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas

ANTRA