Los disparos se escucharon como fuegos artificiales en el sur de Guayaquil. Con los dos asesinatos registrados el pasado sábado la cifra de crímenes en el Puerto Principal asciende a 458 de enero al 23 de septiembre pasado, una cifra que es casi 80% más de las muertes violentas que se perpetraron en el 2020.

La ola de violencia en Guayaquil ha generado un nuevo debate para combatir la inseguridad.

La alcaldesa Cynthia Viteri pide que se promulgue una ley que permita a la gente estar armada con el objetivo de defenderse. Lo dijo en su discurso por los 201 años de Independencia de Guayaquil.

“Disparan dentro de centros comerciales, disparan en las esquinas, disparan en el centro de la ciudad (…), todos tenemos derechos pero quien mata con saña perdió su condición de humano (…) Demando que las leyes que cobijan a la delincuencia cambien: que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo era antes”, esto lo dijo frente al presidente Guillermo Lasso.

Pero ¿antes los ciudadanos podían portar armas?

La portación de armas para las personas naturales se convirtió en un delito desde agosto del 2014 con la entrada en vigencia del Código Integral Penal. La normativa sanciona con prisión de tres a cinco años. Pero ya en el 2011, el expresidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 749 y dispuso que los ciudadanos no puedan llevar armas de fuego en su vehículo, equipaje, mochila, ropa, manos, etc.

Antes de eso también existía una prohibición para que la gente portara armas, que databa de 1997 cuando el ex-Presidente Fabián Alarcón reglamentó la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de municiones y explosivos, donde ya se facultaba la prohibición de que una persona natural pueda tener armas.

Actualmente, los policías y los militares son los únicos facultados para portar armas.

El señor Luis Rojas Edwards, General de la República, a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, señala en la Resolución Exenta N°2.671, del 6 de octubre de 2021, que:

Y aquí es cuando un ciudadano debiera recordarle al funcionario Rojas Edwards, el artículo 7° de la Constitución Política del Estado

¿Y porque digo esto?

La Constitución señala:

Y sin ser yo un experto y con el simple manejo de mi comprensión lectora, puedo inferir que sólo podrán poseer o tener armas las personas, grupos u organizaciones que cumplan con la ley mencionada. Es decir, podemos tenerlas y eso está consagrado en la Constitución Política de Chile.

En otras palabras, nadie podrá poseer o tener armas, excepto que cumplan con la ley. Lo que para algunos podría parecer obvio, evidente y más claro que el agua, para otros es totalmente lo contrario. Así es, en el Senado, mientras se discutía la modificación a la Ley de Control de Armas, ¿cuántas veces escuchamos decir a los Senadores que el tener armas era una excepción, un privilegio y no un derecho?, demasiadas.

Y la Constitución refuerza el derecho a la propiedad en su Artículo 19, número 24°:

En definitiva, se nos señala que tenemos el derecho constitucional a adquirir toda clase de bienes, dentro de la ley y se refuerza señalando que podemos poseer armas siempre y cuando cumplamos con la ley dictada para tal efecto.

Entonces, el casi General en retiro Rojas Edwards no sólo se ha atribuido roles que la ley no le entrega, sino que ha interpretado y dictado actos públicos ilegales que, al menos, debieran implicar la destitución del cargo. Especialmente cuando esas ilegalidades las comete vistiendo el uniforme de una de las instituciones que según la Constitución están definidas como “esencialmente obedientes y no deliberantes”, y si cambiar el sentido del principal cuerpo legal de nuestro país no es deliberante, no sé qué lo pueda ser.

La verdad es que el señor Rojas Edwards ha interpretado la ley, casi con maña, en reiteradas oportunidades, cuando dicto la suspensión de las actuaciones que involucre uso de armas de fuego para deporte o caza, alegando la pandemia y 30 días después la tuvo que derogar al comprender que eran atribuciones de la autoridad sanitaria. O recientemente, cuando se arrogó atribuciones exclusivas del jefe de plaza de la zona en estado de excepción constitucional, en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía. Todo esto amparado en el inciso final del articulo 6° de la Ley de Control de Armas, que se refiere a los permisos de porte y transporte de armas, pero no a la compra, venta o transferencia de armas y municiones. Pero el quería lucirse y prohibió:

El último punto es casi delirante, ya que los campos de tiro, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas están regidas por una ley sobre la cual él no tiene ninguna injerencia. Pero como ya lo he dicho, el general se encuentra desbocado.

Finalmente, y a pesar de lo que diga un funcionario al margen de la constitución, las armas son nuestras, somos propietarios de acuerdo a lo que señala la constitución. Y es un derecho mientras cumplamos con la ley, como el derecho a voto, lo podemos ejercer mientras seamos ciudadanos.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA Chile

Dejen de buscar. Ya está claro. El peor servicio público en Chile no es la Salud, ni la Educación, ni siquiera la Justicia.

El peor servicio público en Chile son las AUTORIDADES FISCALIZADORAS deControl de Armas. Ahora bien, decir que todas son malas no sería justo, porque como sabrás, todas funcionan diferente. Si la que corresponde a tu domicilio no es tan mala, considérate afortunado. Pero algunas…

• ¿Te imaginas un servicio público que sólo funciona con papel?
  Las AF operan a base de “actuaciones”, curioso pero adecuado nombre que le dan a cada trámite que uno se ve obligado a hacer con ellos. Cada actuación representa un legajo de papel que se almacena en una carpeta y se olvida en un archivo. Cada cierto tiempo, algún funcionario se ve obligado a buscar en ese archivo pero, normalmente, hay que llevar cada papel, incluso aquellos que provee el propio Estado, cada vez. Una y otra vez. Y solamente en papel. Un cero en modernidad.

• ¿Te imaginas un servicio público que no conoce las firmas digitales?
  ¿Qué es más seguro hoy en día? La firma electrónica avanzada o la firma de puño y letra. Si dijiste puño y letra, tal vez podrías trabajar en una AF. En algunas, no tendrán la capacidad de verificar si el archivo PDF que tienen ante sus ojos está firmado o no. Ellos prefieren la tinta.

• ¿Te imaginas un servicio público que te pregunta lo mismo cada vez que acudes a él?
  Para inscribir armas, hay que rendir una prueba de 90 preguntas que incluye cuestiones como distinguir entre el cañón y la culata, u ordenar de mayor a menor calibres (existen dos alternativas correctas pero para ellos es únicamente la C). Si ya diste la prueba, no importa. Tendrás que volver a rendirla aunque lo hayas hecho ayer. Esto no es una exageración. Si tienes armas legalmente, significa que estás habilitado por 5 años. Pero esa habilitación no tiene efecto práctico alguno, excepto un carnet que indica cuándo tendrás que volver al infierno para renovar tus papeles.

• ¿Te imaginas un servicio público que ignora los certificados que te entrega otro servicio público?
  Si tienes el Certificado de Antecedentes para fines especiales que exige la Ley limpio, bueno, eso podría no bastar. Todos los días, chilenos que cumplen la Ley se ven discriminados por la información que contiene el “biométrico”, y según la cual las AF determinan quién es y quién no es idóneo para poseer armas. No tendrás derecho a conocer la información sobre ti y tus cercanos que maneja tras bambalinas Carabineros. Hoy, de manera ilegal incluso, han incorporado una entrevista personal con un policía que determina, en última instancia, si tendrás o no el derecho a poseer un arma. O a seguir conservando las tuyas. Nuevamente estamos supeditados a las “sensaciones”.

• ¿Te imaginas un servicio público que, aun siendo kafkiano, sea gratuito?
  Este no lo es, es caro. Las AAFF reciben alrededor de 6 mil millones de pesos al año producto de los aranceles que cobran por cada munición que tu compras y cada acreditación que te permiten. Pagas, junto a otros 500 mil chilenos, para no ser tratado como un delincuente por el sólo hecho de que tengas o te guste el tiro deportivo, la caza, el coleccionismo o la tengas para defenderte de los verdaderos delincuentes. Y a pesar de que pagues, no siempre conseguirás no ser maltratado al acudir a este servicio público.

Todo esto, se comete bajo la supervigilancia de una institución cuya única función es aplicar la Ley. La Dirección Nacional de Movilización Nacional, DGMN, una institución dirigida por un General de la República, que no sólo permite que su servicio sea el peor, sino que avala que se vulneren los derechos de los usuarios de ese servicio.

¿Y sabes que sucede cuando el servicio recibe felicitaciones para uno de sus funcionarios, porque es diligente, atiende bien, ayuda al usuario o simplemente porque no actúa de manera prepotente?, pues lo cambian de función a una donde no tenga contacto con público. Dicho de manera directa y franca, en este servicio público kafkiano, lo castigan por hacer bien su trabajo.

Quizás el director más nocivo que ha tenido la DGMN en las ultimas décadas, bajo su mando se han cometido las mayores transgresiones y atropellos a los derechos de los propietarios de armas legales en Chile.

Sin duda alguna pasará a la historia, su llegada nos llenó de esperanza a fines del 2020 y principios de este año. Terminaba la época, en diciembre de 2020 del General Hugo Lo Presti, que ya pensábamos que era lo peor que había pasado por la DGMN. Pero Rojas Edwards nos sorprendió, tuvo la voluntad de enclaustrarse, no recibir a nadie de nuestro mundo y rodearse de gente que todo lo encontraba bueno y le lamían delicadamente las botas.

Bajo su mando Carabineros en las AAFF comenzaron a transgredir la ley sin ningún contrapeso. En plena pandemia el Señor Rojas Edwards cerro las AAFF, anulando la posibilidad de miles de chilenos de hacer sus trámites y cumplir con la Ley de Control de armas. Le preguntábamos por transparencia el motivo del cierre y señalaba motivos sanitarios, mientras otros servicios públicos continuaban atendiendo, el mantenía su servicio raptado, alejado de la realidad y al margen de la ley.

Sus decretos y resoluciones respondían a una realidad paralela, a un Chile ficticio en el que solo vivía él y su entorno cercano. Determino en la resolución 817 del 22 de marzo de 2021, el cierre de las AAFF y luego de salir de cuarentena limitó el acceso de público a esas oficinas, que finalmente Carabineros interpreto como “no atención de publico” y se negó a atender a los ciudadanos que concurrían a efectuar trámites. Miles de trámites se atrasaron, las personas no podían renovar sus acreditaciones. Y comenzaron a emitir resoluciones extendiendo los plazos de vigencia, finalmente cuando las cuarentenas se levantaron, las AAFF seguían sin atender. Implementaron un sistema de toma de horas en línea, gran idea pero de pésima implementación, era como hacer cola en un consultorio, había que tomar las horas de madrugada y después suspendían las horas y se perdían los números. Uno de tantos abusos cometidos bajo el mando de este director saliente.

Cuando levanto la “cuarentena” que impuso a las AAFF ya era tarde, los atrasos eran de decenas de miles y las AAFF atendían a media máquina. Esto se ha traducido en que miles de chilenos no han podido renovar sus acreditaciones y en muchos casos Carabineros les esta retirando armas de manera ilegal.

De este General fue la idea de exigir a los deportistas que querían inscribirse como Deportista Calificado o renovar esa condición, algo que no esta contemplado en la Ley ni en el Reglamento Complementario, el ranking del solicitante. A tal punto que se negaron solicitudes o simplemente se caducaron algunas vigentes. Otro abuso de tantos.

Solo una Federación se negó a entregar ranking, la FECHITIDE, Federación Chilena de Tiro Deportivo. Si entrego certificados, señalando que el deportista en cuestión participaba de torneos regularmente y que en su zona era parte del ranking. Pero eso no le basto al General, el quería saber que lugar del ranking ocupaba cada uno.

Por omisión, esta provocando que decenas de Deportistas Calificados pierdan esa condición y queden en situación ilegal, ilegales por secretaria.

El quiebre entre Carabineros y ejercito al interior e la DGMN es una verdad escondida y soterrada, quiebre producido por este general y su nulo manejo.

Es memorable sus no intervenciones en las Comisiones del Senado que discutieron las modificaciones a la Ley o cuando no supo definir lo que era semiautomatismo y automatismo o cuando señalo que en el triatlón se disparaba, ¡notable General!

Finalmente, y como guinda de la torta, fija normas para las transferencias de armas de fallecidos, en la Resolución Exenta 2671 del 6 de octubre de 2021 . Determinando que un tercero, sin parentesco con el fallecido, deberá presentar una declaración jurada ante notario de unos de los herederos manifestando su conformidad para que este tercero inscriba el arma a su nombre. Algo no contemplado en la Ley ni en su reglamento, parte del imaginario del General.

Finalmente en la misma resolución, determina que las armas no son propiedad de las personas a nombre de quien están inscritas. Señala:

Las inscripciones de armas de fuego otorgadas por las autoridades fiscalizadoras no acreditan derecho de dominio respecto de estas y tan sólo autorizan a su tenedor o poseedor a mantenerlas en el bien raíz declarado

Resolución Exenta N° 2671, Octubre 6 de 2021, firmada por el General de Brigada, Luis Rojas Edwards

Además el General era constitucionalista…

Y cuando pensábamos que ya era imposible otro desacierto de su parte, el actual General en retiro emite la Resolución Exenta N°2758. Esta Resolución suspende, en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, todas las actuaciones relacionadas con armas de fuego mientras dure el estado de excepción que afecta a esa zona. Incluso suspende las actividades en clubes de tiro, algo que no sólo no le corresponde, sino que invade el ámbito del ministerio del Deporte, esto era atribución exclusiva del Jefe de Zona en Estado de Excepción, ya estaba desbocado el señor Rojas Edwards.

En su mandato Carabineros actuó a diestra y siniestra, invento normas, caduco inscripciones por secretaría, sancionó y dejo al margen de la ley a muchos dueños de armas de fuego. Si, dueños, porque no somos simples tenedores, somo propietarios de nuestras armas.

La era de Rojas Edwards ha terminado, con el deshonroso título, de ser la peor de las últimas décadas. Una deshonra a tantos generales que pasaron por esa oficina y que hicieron esfuerzos por perfeccionar la aplicación de una ley mal implementada.

Adiós General, tenga presente que el respeto que le teníamos era por el uniforme que vestía y no por la persona que lo usaba. Pero hoy, ese uniforme deberá colgarlo y ahora no nos queda ni una pizca de respeto por usted.

Nos alegramos de su salida, perdón, más bien nos aliviamos con su salida. Dudo que que en el Ejercito de Chile exista alguien más dañino que usted, menos preparado y con una visión de si mismo tan equivocada.

Disfrute su retiro.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA Chile

El pasado 27 de octubre hicimos nuestra presentación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, este es el documento que les enviamos a los parlamentarios. En el detallamos los artículos que nos parecen mas complicado, aunque no están la totalidad. Pero si lo central, lo medular, lo mas malo.

Reportaje emitido por CHV, un reportaje en que pudimos decir lo necesario.

La Comisión de Seguridad Ciudadana, de la Cámara de Diputados, rechazó en su totalidad el proyecto que se voto en el Senado el 21 de septiembre de este año.

Si bien no es un triunfo total ya que falta la votación de la Sala de la Cámara de Diputados, que se debiera desarrollar la semana del 8 al 12 de noviembre, sino se desarrollar en esa oportunidad se vería después de las elecciones.

Esto nos plantea dos escenarios posibles, que la sala confirme lo señalado por la Comisión y rechace en su totalidad o que rechace parcialmente las modificaciones propuestas por el Senado.

En caso de rechazar el proyecto completo, este se iría a comisión mixta, formada por 5 senadores y 5 diputados. Ahí se discutiría todo nuevamente, casi desde cero.

Por otra parte, en caso de que los diputados sólo rechacen algunas de las modificaciones, se irían a comisión mixta solo las modificaciones rechazadas y solo se pueden discutir aquellas.

Pero en caso de rechazo total, y por lo tanto la posibilidad de discutirlo todo, incorpora una variable nueva. El diputado Díaz, que es candidato a Senador por la Región de Coquimbo, propone discutir en esa comisión mixta su proyecto de prohibición de comercio, posesión y uso de armas de fuego para todos excepto los deportistas, cazadores, coleccionistas y arma de defensa deberán entregarlas para destrucción.

Pero esta discusión llegará tarde o temprano y no marca ninguna diferencia el hacerlo ahora o en meses o años más, incluso es mejor hacerlo ahora que ya estamos en esto.

Al analizar cada una de la modificaciones propuestas, podemos darnos cuenta que el 90% sólo dice relación con restringir y dificultar el acceso y la posesión de armas por parte de los ciudadanos respetuosos de la ley. El problema aquí no es seguir controlando las armas legales, sino hacerse cargo de prevenir, combatir y sancionar efectivamente el mercado de armas ilegales y su uso.

Hoy las policías no aplican inteligencia en el combate al comercio y tráfico ilegal de armas de fuego. De hecho cada vez que incautan armas ilegales, sea por su fabricación o procedencia, lo hacen como resultado de otra diligencia en la que se “toparon” con armas de fuego, pero no iban tras ellas, sino tras otro delito.

No estamos dispuestos a que se nos siga sindicando como proveedores de armas a los delincuentes, ni como causantes de inseguridad pública al tener armas en nuestros hogares. No hay cifras que avalen estas afirmaciones, no hay estadísticas que demuestren que las armas legales son un problema público y que merezca la adopción de medidas especiales.

Las armas ilegales si merecen la adopción de medidas, estrategias y actitudes eficiente en su combate. Pero las armas ilegales no las tenemos nosotros.

Algunos de los cambios son:

Obligar al registro de ballestas y hondas que denominan “profesionales”, sin definir esa condición, sin señalar los requisitos, ni el procedimiento.

Hacer un registro de armas por parte de Carabineros, siendo que la Dirección General de Movilización Nacional tiene un registro detallado de nuestras armas inscritas.

Proponen crear una acreditación de psiquiatras y un registro de los profesionales que nos pueden efectuar el examen psicofísico que se nos exige para inscribir nuestras armas. Esto atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los psiquiatras. Y no nos garantiza imparcialidad al momento de ser examinados.

Se pretende exigirnos un examen de drogas para condicionar la inscripción de armas, sin mencionar el costo de este procedimiento, debemos señalar lo limitado de la oferta de prestadores de este servicio en el mercado y la necesidad de efectuar un examen para cada tipo de drogas, además este procedimiento no es infalible.

Se quiere penar a los adultos que le faciliten armas o materiales controlados a menores de edad “a cualquier titulo”, dice el proyecto. No distinguen a los delincuentes de los padres que llevamos a nuestros hijos a un campo de tiro y les enseñamos a disparar en un espacio controlado y bajo la supervisión de adultos responsable y conocedores de las normas de seguridad. Otra cosa es el delincuente o el narcotraficante que le pasa armas y municiones a menores que utiliza como “soldados”. Esta medida matará el deporte del tiro y su proyección, al no poder preparar menores en el uso de armas.

Se propone inscribir, al igual que las armas de fuego, pero sin especificar los requisitos necesarios, las armas neumáticas o de aire, rifles a postones, balines, etc. Pero nada dicen de como harán el registro de las armas ya existentes. Con esto el niño de 15 años que posee un rifle a postón de 30 mil pesos quedará al margen de la ley automáticamente.

Además se propone aumentar las tasas de impuestos que cancelamos por nuestras acciones ante la ley, por ejemplo hoy pagamos 30 mil pesos por inscripción de una arma, el tope la ley lo fija en 1 UTM, hoy proponen subirlo a 3 UTM. Lo que seguro traerá un aumento en las tasas que deberemos pagar. Pero los delincuentes no inscriben sus armas, así que no vemos como esto previene las armas ilegales en manos de delincuentes.

Durante años hemos soportado que nos investiguen mas allá de lo que la ley les permite. Violando sistemáticamente derechos constitucionales. Revisan los antecedentes de nuestros padres, hermanos, hijos mayores de 18 años, etc. Rechazan inscripciones dependiendo del lugar donde vivan, nos discriminan, nos señalan con el dedo, no acusan de proveer armas a los delincuentes sin exhibir nunca una prueba o estadísticas que respalden tal acusación.

Hoy día estamos frente a un proyecto que dice querer combatir las armas ilegales y en la práctica nada de eso se logrará con este proyecto. Al ponerle suma urgencia el ejecutivo presiona a los parlamentarios para que apuren el proceso y no les permitirá efectuar las correcciones necesarias o las revisiones que un tema tan importante como este necesita.

Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA

Producto de las diferencias de criterios entre las distintas Autoridades Fiscalizadoras de la Ley 17.798 de Control de Armas, y las diferencias entre estas autoridades y la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, es que hemos decidido implementar un servicio de asesoría legal.

En una primera etapa, este servicio será para todos quienes lo requieran. Paulatinamente sólo estará destinados a los asociados de ANTRA. Pero ahora, ante la emergencia, creemos necesario disponibilizarlo para todos los tenedor DGMN.

Esta asesoría será coordinada por uno de nuestros Directores, y se limitará a:

1. Orientar usuarios de la Ley sobre acciones o requerimientos que efectúen las AF y que no estén basados en la Ley, su Reglamento Complementario o un Decreto e,manado desde la DGMN.
2. Asesorar en la presentación de recursos o quejas ante las autoridades sobre las acciones señaladas en el punto 1.

¿Como Operará?

El interesado deberá enviar un e-mail a antralegal@antra.cl, señalando:

Datos Personales

• Nombre completo
• RUT
• Dirección
• Comuna
• Ciudad
• Teléfono

Descripción del problema, señalando:

• AF en la que se genera el problema
• Nombre del funcionario que lo atendió
• Día y hora de la ocurrencia
• Descripción detallada del problema

Adjuntar, de ser necesario:

• Documentos que apoyen al usario
• Documentos que le haya entregado la AF y sean referentes al problema planteado

Nuestro equipo les responderá en breve.

DIRECTORIO ANTRA

Nuestro duro juicio al señor Lo Presti no es gratuito, ni liviano, ni antojadizo. Desgraciadamente es el cumulo de malas prácticas, donde el director de la DGMN actuó por acción u omisión, pero siempre actuó. Desde las reuniones solicitadas a él, en las que éramos derivados o simplemente se nos negaba la reunión, hasta las deficientes respuestas a nuestras consultas por medio de la Ley de Transparencia. En el medio quedan las múltiples y ya nada novedosas arbitrariedades cometidas por las AAFF (Autoridades Fiscalizadoras) en manos de Carabineros, las trasgresiones a la ley y su reglamento complementario. Nunca sabemos si la política de Lo Presti fue “dejar hacer” a Carabineros o efectivamente su intención siempre fue hostigar y perseguir a los dueños de armas de fuego, olvidando totalmente el carácter de servidor público.

Bajo su dirección las AAFF cerraron por meses y no pudimos hacer ningún trámite; bajo su dirección hemos tenido que presentar recursos de protección ante la justicia y en contra del actuar de las AAFF; bajo su dirección se ha desempeñado un coronel de Carabineros, el señor Benítez, que pareciera no entender la ley y pretende construir un muro alrededor de las AAFF y declarar su independencia de la DGMN, el Sr Benítez amerita escribir algo especialmente para él, ha dado muestras de mal manejo, pésima relación con las organizaciones e indiferencia hacia estas.

Efectivamente como representantes de los dueños de armas, desde las federaciones, asociaciones, agrupaciones de coleccionistas, armerías y nosotros, siempre hemos tenido grados de diferencia o afinidad con los directores de la DGMN. Si nos remontamos un poco a años cercanos podemos recordar a Roberto Ziegele Kerber (2011 a 2013) como uno de los buenos directores, con una relación cordial y siempre dispuesto a recibir a las organizaciones. En su gestión se constituyeron las mesas de trabajo, en las que participaron las organizaciones relacionadas con el tiro deportivo y donde se hicieron aportes, efectivos para la legislación y la relación con las organizaciones deportivas y gremiales.

Por su parte Oscar Mezzano Escanilla (2014) fue siempre abierto a conversar con todos, recibió nuestros aportes y observaciones a resoluciones que nos perjudicaban.

Un caso notable fue Esteban Guarda Barros (2015-2016), quien, a nuestro juicio, ha sido uno de los mejores directores que la DGMN ha tenido. De un trato franco y directo, siempre estuvo dispuesto a escucharnos y tomar en cuenta nuestra opinión, siempre soluciono nuestras diferencias con los carabineros del DCAE (Departamento de Control de Armas y Explosivos) y por su intermedio con las AAFF. Derogó y modificó resoluciones que en su momento el DCAE emitió y que eran equivocadas o atentaban contra nuestros derechos ciudadanos. Con el construimos el Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos, recibió nuestras sugerencias y bajo su dirección se trabajó en compilar, sistematizar y priorizar nuestras numerosas sugerencias. Finalmente se emitió un reglamento complementario único en su historia que entregaba garantías a todos los actores y resguardaba el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente ese reglamento que fue aprobado y dejado listo para su promulgación el actual gobierno lo desecho, sin que nunca se nos diera una explicación razonable de parte del actual Subsecretario de Interior Juan Francisco Galli cuando era Subsecretario de Defensa. Siempre lamentaremos la partida del General Guarda de la DGMN, pero hoy nos alegramos de su retiro y le deseamos la mayor de las suertes en su nueva vida en el mundo civil, cuyas puertas siempre estarán abiertas para tan noble caballero.

Luego vino Carlos Ricotti Velásquez (2017), nosotros como ANTRA nunca tuvimos una buena opinión de su trabajo, pero también es cierto que no nos perjudico y dejo fluir a la DGMN en su natural función.

Mención especial merece Jorge Morales Fernández (2018), quien no sólo nos cerró las puertas, sino que además sembró un clima de molestia al interior de la DGMN, bajo su gestión se realizaron malas prácticas, abuso de poder, acoso laboral, represalias, vulneraciones de derechos discriminaciones de género, llegando incluso a prohibirles a las jefaturas que eran ocupadas por mujeres participar de las reuniones semanales de coordinación. Elimino cargos que, a nuestro parecer, son fundamentales para el desarrollo de la DGMN y, peor aún, los reemplazo por asesores sin la experiencia necesaria. Incluso uno de ellos era amigo del director de su época de estudiantes. En este ambiente los carabineros del DCAE asumieron un rol distinto al de coordinar, sino que comenzaron a dictar resoluciones y avalar con mil excusas dilatorias los abusos que cometían a diario las AAFF a lo largo del país. Este director nos señaló, cuando le preguntamos porque el cargo de DECAE era ejercido por un carabinero y no por un oficial de las fuerzas armadas, como dicta el reglamento de la DGMN, nos respondió que no tenían personal suficiente.

Y llego el señor Hugo Lo Presti Rojas (2019-2020), ni siquiera pudimos reunirnos con él para saludarlo y presentarnos. Todo lo derivaba al DCAE, todo lo esquivaba y a nada respondía. A nuestro juicio y el de las organizaciones con las que nos relacionamos, este ha sido por lejos el peor Director de Movilización Nacional. Bajo su mando tuvimos que llevar a la justicia el actuar abusivo de algunas AAFF y alegar ante algunas Cortes de Apelaciones por vulneración de derechos constitucionales. Pero esto siempre le fue indiferente a este General de la República, que más allá de pasar sin pena ni gloria, a nuestro juicio asumió un cargo para el que nunca tuvo las condiciones necesarias. Lo Presti fue quien, en octubre de 2019, por medio de la Resolución Exenta N°506, prohibió cualquier actuación relativa a la Ley N°17.798 sobre Control de Armas y Explosivos, mantuvo por meses las AF cerradas a particulares y comerciantes, primero con la excusa del “estallido social” y luego por la pandemia. La Resolución Exenta N°1489, que resolvió: “Suspéndase toda actuación que involucre el uso de armas de fuego para prácticas deportivas y de caza…”, que posteriormente debió sacar una nueva Resolución Exenta N°1750, anulando la anterior, ya que no contaba con facultades para emitir la primera, tema que habíamos advertido con anterioridad, sin embargo, hizo caso omiso a lo legal. El atraso que hoy presenta la gestión de las AAFF y los miles de permisos que han vencido son su responsabilidad, al punto que ha debido sacar resolución tras resolución ampliando el plazo de los permisos. Este director es el que hoy tiene trabadas a las AAFF pidiendo verificación de los certificados extendidos por los clubes deportivos y las federaciones ante cualquier actuación de los deportistas. 

Por eso es que esperábamos el cambio de Director General en la DGMN, y con ellos esperamos que cambie el trato hacia las organizaciones gremiales y deportivas, que seamos recibidos por el director y no por otras personas que no pueden resolver nuestros planteamientos.

Saludamos al nuevo director de la DGMN, General Luis Rojas Edwards, con quien esperamos tener una relación de colaboración y dialogo, cuando en estos momentos Chile emprende grandes cambios y todos debemos aportar a construir un estado moderno y activo, principalmente con una extrema transparencia en el servicio público, y de cara a sus ciudadanos.