El jueves 30 de noviembre del año en curso, ingreso por tercera vez a Contraloría General de la República el DS-32, que contiene el texto que modifica el reglamento complementario de la Ley 17.798 de Control de Armas y Explosivos. Esta modificación busca introducir los cambios necesarios para implementar las modificaciones hechas a la ley el 25 de enero del 2022.

Este reglamento ingreso por primera vez a la Contraloría General de la República el 26 de enero de 2023, fue retirado el 13 de febrero, y vuelto a ingresar el 2 de mayo, el cual nuevamente fue retirado el 28 de septiembre y ahora ingresado nuevamente por tercera vez el 30 de noviembre de este año.

En el segundo ingreso hicimos las observaciones y denuncias por ilegalidades e inconstitucionalidades contenidas en este texto, logramos ingresar casi 30 mil denuncias.  Con esto se detuvo la tramitación y comenzaron una ronda de reuniones con la misma Contraloría General de la República, con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Movilización Nacional. En cada una de ellas les hicimos ver nuestros reparos al reglamento propuesto por la Dirección General de Movilización Nacional, explicamos claramente los motivos y fundamentamos a cada uno de ellos.

En cada una de estas reuniones se nos señaló que se harían los cambios, que se estudiarían nuestras observaciones y propuestas, incluso en la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, el jefe de gabinete del subsecretario dijo claramente que nos llamarían para continuar con el estudio del texto.

Nada de esto ocurrió, no nos llamaron, cuando pedimos reuniones por ley del lobby fuimos derivados a funcionarios sin ningún poder de decisión. El resultado fue un tercer ingreso con los mismos vicios de los anteriores, pero ordenados de distinta manera, redactados con matices distintos, pero igualmente deficientes que demuestran el total desconocimiento de la realidad de las armas en manos de civiles para defensa, deporte, caza o colección.

En este tercer ingreso se insiste en golpear a quienes poseemos armas legalmente inscritas, a quienes practicamos deporte, caza, colección o queremos defendernos apegados a la ley, aplicando restricciones absurdas que no conducen ni aportan nada al problema real, que son las armas ilegales en manos de delincuentes. Majaderamente se sostiene que somos potenciales delincuentes dispuestos a violar la ley, se nos persigue junto a nuestras organizaciones gremiales y deportivas.

Al igual que cuando la Dirección General de Movilización Nacional, en 2022, nos convocó a hacer aportes para la redacción de este reglamento, esta vez nuevamente se ignoró cada una de las observaciones que hicimos. Hasta el segundo ingreso podríamos haber estado de acuerdo en que se trataba de un desconocimiento de nuestra realidad, pero hoy es imposible negar que aquí hay mala fe. Hoy queda claramente establecido que las autoridades de la Dirección General de Movilización Nacional y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas han puesto en marcha una estrategia de desarme encubierto, hoy no pueden negarlo y claramente no pretenden disimularlo.

Este nuevo reglamento pretende acabar con los campos de tiro, con las organizaciones deportivas y con el comercio de armas. El comercio relacionado exclusivamente con armas de fuego y sus municiones significa, solo por conceptos de venta entre enero de 2020 y junio de 2023, un total de 58.900 millones de pesos que se mueven en nuestra economía. Prácticamente 1.100 millones de pesos mensuales que generan empleos a miles de trabajadores y sus familias. Los cambios que la Dirección General de Movilización Nacional pretende, solo en términos comerciales, significa terminar con una actividad económica relevante.

Los cambios que se pretenden respecto del control de campos de tiro, las exigencias absurdas que pretenden normar una de las actividades deportivas más seguras que se desarrollan, amenazan con hacer impracticable el deporte del tiro deportivo.  Las nuevas exigencias que se plantean condenan a la extinción a los coleccionistas y a los cazadores e imposibilitan que la ciudadanía se pueda defender con armas de fuego de una delincuencia incontrolable.

Muchos de los cambios propuestos generan conflictos con otras leyes tan importantes como la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos del estado que rigen la actuación de los órganos del estado; la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana; la Ley 21.180 sobre transformación digital del estado; la Ley 19.712 sobre el deporte y sus organizaciones y muchas otras disposiciones, normas, leyes y reglamentos vigentes. Esto denota la intención de transformar la Ley 17.798 de Control de Armas y Explosivos, cuya finalidad es solamente regular el registro y fiscalización en una supra ley capaz de determinar incluso el actuar del poder judicial, uno de los tres poderes del estado.

Este desarme encubierto, que hace años venimos denunciando, se quiere imponer por secretaria, liderado por la Dirección General de Movilización Nacional, secundado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa y apoyado por la propia Contraloría General de la República.

Los responsables, de cada uno de estos desaciertos, son personas con nombre, apellido, rut y dirección física. Son quienes han estado atentando en contra de ciudadanos chilenos, nada más que por ambición, autoritarismo y por supuesto el dinero que les dejan las tasas de derechos que ellos mismos determinan. Algunos de ellos son los mismos que a codazos se abren camino para recibir millonarios incentivos al retiro, incluso después del retiro.

Desde este desapego de la realidad dictan resoluciones, inventan requisitos, aumentan los costos y proponen más limitaciones a nosotros, los que pagamos por nuestras armas, las inscribimos legalmente y hacemos un esfuerzo constante por respetar la ley. La calidad del servicio, las incongruencias en sus resoluciones, pero principalmente su indiferencia a la legislación vigente ha logrado imponer medidas inexistentes y sin respaldo legal. Con todas esas deficiencias pretenden escribir el reglamento de una ley fundamental que regula la mayor reserva de municiones y armas ligeras del país, sin contar que somos los más preparados para su uso. Poseemos casi 800 mil armas y algunas municiones de reserva por si fuera necesario.

Con gratitud y determinación,

Coalición por Armas Legales

Santiago, 7 de diciembre de 2023.

En los últimos días hemos podido ver pasar por RRSS alarmas, espantos, temores y muchas elucubraciones sobre el cambio de una palabra en los nuevos padrones de armas que las Autoridades Fiscalizadoras están entregando a los propietarios de armas de fuego.

Han cambiado la palabra “PROPIETARIO” por “TENEDOR” en la frase que decía “INDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO”. Hay quienes han querido rasgar vestiduras, quemar los padrones en una plaza pública, incluso hay quienes han señalado que hagamos una acusación contra alguien, ya veremos contra quien. Otros ofrecen escribir airadas cartas, “vamos a la televisión” gritan otros.

La discusión, artificial para mi gusto, entre si somos propietarios o tenedores es irrelevante, innecesaria y ciertamente nos distrae de lo esencial, de lo contingente. ¿Porque afirmo esto?, 3 razones concretas:

Primero:

La Ley 17.798 de Control de Armas y Explosivos en sus 28 artículos menciona 26 veces la palabra “POSEEDOR” y en cada una de ellas va seguida de la expresión “O TENEDOR”. Con esto queda demostrado que la Ley reconoce la propiedad, tan claro como lo señala en el Articulo 5, inciso 3°:

“La Dirección General de Movilización Nacional llevará un Registro Nacional de las Inscripciones de Armas, en el que se anotarán las adquisiciones de armas de fuego y sus transferencias a nombre de los poseedores o tenedores adquirentes una vez que éstos hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo 5 A.”

En conclusión, la ley reconoce posesión. Ya hablaremos de “posesión”.

Segundo:

La Constitución actual en su artículo 19, numeral 23, reconoce el derecho a la propiedad:

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;”

Y claro la posesión y tenencia de las armas de fuego está regulada por la Ley 17.798, una ley de quorum calificado que regula la forma de poseer e inscribir nuestras armas. Para poder poseer armas en Chile hay que cumplir con lo que señala esta ley. Pero según el citado artículo de la constitución adquirimos dominio.

Tercero:

Hablemos de posesión. El artículo 700 de nuestro Código Civil señala:

“Art. 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.”

Imagino que está claro que señala que se posee con ánimo de señor o dueño.

Entonces, la discusión poseedor o tenedor no existe, es artificial. Durante décadas hemos ignorado esta discusión, porque para los dueños, propietarios, poseedores de armas de fuego es indiscutible nuestra condición de propietarios. Nos respalda la Constitución, la Ley y el Código Civil.

Que una colusión de mentecatos ignorantes y voluntariosos quieran cambiar el termino Propietario por el de Tenedor, no es más que un ideal de los desarmistas. No estamos dispuestos a avalar, ni mucho menos a elevar a una discusión seria sobre el tema.

Pretender reflotar este tema y llevarlo a una discusión política, es no entender nada del tema. Pretender obtener dividendos políticos de esto no sólo es mezquino, miope e irreal, sino que además es irresponsable. Porque queda la sensación de que la posesión no esta garantizada y que depende de la voluntad del gobierno de turno y no es así, esta ficticia polémica no nos aporta nada y sólo nos hace volver a tener que defender algo que ya habíamos conseguido.

Y yo podré esperar ceguera, miopía, torpeza, falta de visión y hasta falta de olfato en nuestros eternos adversarios, aquellos que nos quieren desarmar. Pero no lo esperaba de quienes dicen estar de este lado de la vereda, claramente están en otra vereda y no comparten nuestros mismos principios, ideales y mucho menos estrategias, ni hablar de las tácticas.

Quiero llamarlos a la mesura, a no inflar falsas polémicas y a centrarnos en lo vital, en la esencia de nuestro accionar, la defensa de derechos y no la renuncia voluntaria a derechos establecidos.

“Nos regalan miedo para vendernos seguridad” escribió una micropoetisa. Cuánta razón, por un lado, nos bombardean con noticias de delincuencia para justificar groseros glosas presupuestarias de las policías, fiscales y otros actores de la seguridad pública. Otros nos venden miedo para pedirnos apoyos económicos para dar una pelea que no existe.

Hoy tenemos temas tan importantes como:

• Reglamento Complementario
• Presentación de proyecto de nueva ley de armas
• Presentación de proyecto de ley para el deporte con armas de fuego
• Comite interparlamentario latino americano
• Fortalecimiento de organizaciónes afiliadas a nuestra Coalición por Armas Legales

Entonces no perdamos tiempo, ni mucho menos recursos en falsas alarmas.

¡¡Mis armas son mías y punto!! No puedo concluir sin citar dos grandes frases dichas con siglos de diferencia, respecto a querer quitarnos nuestras armas:

“Sólo (me la quitarán) de mi mano fría y muerta”

Charlton Heston mientras sostenía un arma en alto en una reunión de la NRA celebrada en el año 2003 en Orlando, Florida.

“Ven y tómalas”

El desafío de Leónidas I antes de la batalla de las Termópilas, tras la demanda del rey persa Jerjes I de que depusieran sus armas.

Durante décadas los representantes del estado, políticos alejados de la realidad, le han dicho a la población que las armas son peligrosas, que asesinan, que cometen delitos y que en manos de civiles son un peligro para el la familia. Han desarrollado campañas como “Entrega tu arma”, las policías acuden a casas de deudos a quitarles las armas de los fallecidos y las exhiben como armas retiradas de las calles, pero no son más que armas de familias que las han heredado de un pariente que ha muerto.

Cierto es que la violencia armada es un problema real, hasta el momento incontrolable y en alarmante aumento. Con la migración descontrolada también ingresaron delincuentes, más violentos que los criollos, más organizados y mucho mejor armados. Esto ha desatado una ola de nuevos crímenes, de nuevas formas de delinquir que han sorprendido y superado no sólo a las policías, sino también a jueces y fiscales que evidentemente no están dando el ancho para combatirlos.

Las guerras entre pandillas, a mi juicio una muy buena forma de que se eliminen entre ellos, es una realidad que nos golpea en la cara. De esta forma los ajustes de cuentas, que antes eran unas puñaladas y nada más, hoy son ráfagas descargadas contra otros delincuentes y que algunas veces podría provocar daños lamentables e irreparables a terceros.

Pero es una realidad que hoy debemos afrontar, cualquiera de nosotros puede estar en un cine, una plaza, un banco, un restorán o en misa los más creyentes, y pueden llegar sicarios y dispararle a su víctima. Hoy no tenemos más que refugiarnos y esperar que una bala perdida no le dé a nadie y mucho menos a nosotros.

Mientras, el estado, sus parlamentarios, ministros, jueces, fiscales y policías sostienen que el problema son las armas en manos de civiles y nos proponen avanzar en un desarme civil. De hecho, instituciones a cargo del registro y fiscalización de las armas como la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, han hecho intentos casi histéricos por evitar que los ciudadanos compren armas, municiones y practiquen con ellas. Frecuentemente, quienes poseemos armas en Chile, debemos interactuar con las Autoridades Fiscalizadoras coordinadas por la DGMN. Ahí nos encontramos con requisitos que no existen en la legislación vigente, con resoluciones que rayan en lo absurdo y con la indolencia del director general de la DGMN, un general de brigada del Ejército de Chile, que no sólo ignora a los usuarios de la ley, sino que es incapaz de poner orden al interior de su institución, que alberga a violadores de derechos humanos y golpeadores de mujeres.

En esta lógica delictual, apoyada por la apatía e indolencia de nuestras autoridades políticas y policiales, es que la necesidad de armarse surge como una urgencia y un derecho básico. Ante un estado que es incapaz de actuar con firmeza; que cuestiona el uso de la fuerza por parte de sus policías y lo regula hasta el punto de amarrarles las manos; que pareciera pretender que la delincuencia no existe y esconden sus narices en salones alfombrados y protegidos por dispositivos de seguridad, el resto de los 18 millones de habitantes del territorio quedamos desprotegidos.

No es fácil percibir la realidad cuando no quieres verla, mientras el país entero escucha de asesinatos, violaciones, heridos y una suerte de pillaje incesante, ellos esconden la cabeza en la arena y fingen no saber nada. Sin embargo, los que conducimos autos ante el peligro de un portonazo o encerrona, los que usamos metro con lanzazos y agresiones, los que caminamos por las calles y somos asaltados con violencia o los que dormimos en nuestras casas y somos sorprendidos a punta de pistolas, vivimos el Chile real.

Nosotros, los ciudadanos, sufrimos la violencia delictual a diario. No podemos decir que la enfrentamos porque no tenemos las herramientas para hacerlo y la autoridad se empeña en intentar prohibirlas. Quienes tenemos armas inscritas, ciertamente, quisiéramos portarlas para defendernos en la calle o en cualquier lugar, paras defender a nuestros hijos ante una agresión violenta y que ponga en peligro la vida. El porte de armas de defensa es una necesidad hoy más que nunca, es la única manera de emparejar la cancha.

Los ciudadanos que poseemos armas estamos regidos por una ley draconiana, esta ley regula cada acción con nuestras armas, como las debemos llevar al campo de tiro, como las podemos usar si debemos defendernos. Por ejemplo, señala que quien posea armas inscritas y se la entregue a un menor será sancionado con prisión. Es decir, un padre que le enseña a su hijo a disparar en el campo de tiro o a cazar puede ser condenado a prisión además de perder sus armas. Pero ninguna ley condena al narco que le entrega armas a menores de edad para que le sirvan de soldados. Extraño, por decir lo menos. Chile necesita un cable a tierra entre quienes lo dirigen y la realidad, mientras eso se logra producto de votaciones inteligentes, debemos armarnos, entrenar con nuestras armas y ser eficientes en defendernos de delincuentes violentos y ciertamente impunes.

Santiago, 4 de octubre de 2023.-

El 28 de septiembre, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas retiró el DS-32, el Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos, de la Contraloría General de la República. Este reglamento, que había sido presentado en enero de este año, retirado en febrero, vuelto a ingresar en mayo y nuevamente retirado en septiembre, ha sido objeto de una serie de vaivenes que han sembrado incertidumbre y preocupación en nuestras comunidades.

La situación es la siguiente: la Ley 21.412, promulgada en enero de 2022 por el Congreso Nacional, establece en su artículo tercero transitorio que “Las modificaciones al reglamento complementario de la ley N°17.798 deberán ser dictadas en el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley”. Con el objetivo de cumplir este plazo, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), a través del Ministerio de Defensa, presentó un borrador del reglamento a la Contraloría. Sin embargo, este documento distaba mucho de ser lo que necesitábamos: un reglamento terminado, adecuado, razonable y legal.

Ante estas circunstancias, decidimos emprender una campaña de denuncias contra lo que considerábamos disposiciones ilegales, inconstitucionales y atentatorias contra la posesión de armas de fuego por parte de civiles. Este reglamento restringía severamente actividades como el tiro deportivo, la colección y la caza, y complicaba enormemente la posesión de armas de defensa. En un esfuerzo conjunto, presentamos casi 30.000 denuncias a la Contraloría General de la República en tan solo 30 días. Numerosas organizaciones, lideradas por la Coalición de Armas Legales integrada por ANTRA, la Federación Chilena de Tiro Deportivo (FECHITIDE), la Asociación Gremial de Armerías, Pesca y Camping de Chile (AGAPECH), la Agrupación de Coleccionistas de Chile y la Asociación de Armeros de Oficio, participaron activamente en este proceso.

A pesar de nuestros esfuerzos y las reuniones mantenidas con las autoridades pertinentes, el reglamento continuaba siendo problemático. Esta situación revela un profundo desconocimiento sobre nuestras actividades y un desajuste significativo entre las regulaciones propuestas y nuestras prácticas legítimas.

Este segundo retiro del reglamento complementario es un fracaso en la gestión de la DGMN, que nunca quiso escuchar nuestros aportes a la discusión. Es incomprensible que persistan en cometer errores que van en contra de nuestros derechos y actividades legales. Desde 2013, hemos venido escuchando la idea de instaurar las mismas restricciones, los mismos argumentos basados en supuestos equivocados, la misma prepotencia propia de la más absoluta ignorancia. Siempre provenientes de la misma persona que ha logrado mantenerse a pesar de los cambios internos en la DGMN: el señor Gonzalo Palacios Herrera (Ver reportaje de CIPER), asesor del actual jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, Víctor Riffo Aranda, coronel de ejército. Esta dupla es la responsable del fracaso del Reglamento Complementario, y no hay otros culpables.

Lo que se espera ahora es simple y claro: modificar el reglamento actual conforme a lo ordenado por la ley 21.412. Eliminar todo lo que no esté relacionado con las modificaciones establecidas por dicha ley es fundamental. Sin embargo, nuestra posición es clara: este reglamento debe ser redactado de nuevo. Para lograr esto de manera efectiva y justa, es imperativo que las organizaciones sociales que tienen el conocimiento, la experiencia y las capacidades participen activamente en este proceso. Estamos dispuestos a ayudar y apoyar activamente en este proceso.

Hemos solicitado reuniones por medio de la ley del lobby con la Contraloría General de la República para entender los posibles escenarios y los plazos, con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para reiterar nuestro deseo y capacidad de colaborar en la redacción de un reglamento moderno y centrado en el control y no en la prohibición, y con la Dirección General de Movilización Nacional para conocer su estrategia de trabajo y ser parte de los equipos de trabajo.

En las próximas 48 horas, comenzaremos a implementar acciones concretas destinadas a lograr nuestra participación activa en estos espacios de consulta. Utilizaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición y contamos con el apoyo decidido de organizaciones deportivas y gremiales para asegurar que nuestras preocupaciones sean escuchadas y debidamente consideradas.

Agradecemos profundamente su continuo respaldo y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad, el respeto a la ley y la promoción de prácticas responsables en el ámbito de las armas de fuego en Chile.

Con gratitud y determinación,

Coalición por Armas Legales

Se abrieron las votaciones para el apoyo a las Inciativas Populares de Norma (IPN) para el proceso constitucional.

Hemos presentado 3 iniciativas distintas:

1.- Derecho a la seguridad y la defensa: Ver propuesta AQUÍ

Nuestra propuesta dice:

Dentro del Artículo Nº 16.04, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales.

b) Todo habitante del territorio nacional tiene derecho a la defensa de su familia, su libertad individual, la de terceros, así como sus posesiones y propiedades. Cuando se ejerza la defensa de estos derechos, el uso de la fuerza deberá estar regulado por el código penal.

2.- Uso de la fuerza, posesión de armas y regulación: Ver propuesta AQUÍ

Nuestra propuesta dice:

Dentro del Artículo 121, Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado.

3. Aquellas personas naturales o jurídicas que deseen poseer armas de fuego deberán hacerlo de conformidad a lo señalado en una en una ley de quorum calificado. Dicha ley señalará las armas y elementos que serán permitidos, los requisitos y condiciones para poseerlos.
4. Una agencia regulada por una ley orgánica, dependiente de unos de los ministerios encargandos del orden público, será la encargada de ejercer la fiscalización, registro y control de los elementos de posesión permitida.

3.- El deporte es un derecho fundamental: Ver propuesta AQUÍ

Nuestra propuesta dice:

Dentro del Artículo Nº 16.21 letra d), Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales.

d) El Estado fomentará la práctica deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de Toda persona tiene derecho al deporte, actividad física y a la recreación.

1. El estado garantizará el acceso al deporte sin distinción de género, edad, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.
2. El estado garantizará el desarrollo de actividades deportivas de tipo recreativo o competitivo entre los habitantes de la nación. Para ello asegurará y promoverá la existencia de organismos que lo promuevan y desarrollen, los habitantes del territorio podrán practicarlo de manera organizada o individual, siempre de manera voluntaria.
3. El estado reconoce su obligación en la orientación, fomento y promoción de la actividad física, la recreación y el deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de las personas.
4. El estado impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel comunal y regional; auspiciara y financiará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales que incluyan los juegos Olímpicos y Paraolímpicos.
5. El estado fomentará y financiará a través de los canales establecidos para ello (ministerios, federaciones y clubes deportivos) la participación de personas con discapacidad, en riesgo social, habitantes de zonas de sacrificio.
6. El estado asignará recursos del Presupuesto General de la Nación, en la forma que establezca la ley, a la financiación de la actividad de las personaportiva y recreacional en las siguientes áreas; Comunal y Regional, Deporte Federado.
7. El estado deberá invertir y fomentar a través de los Gobiernos Regionales y/o entidades sin fines de lucro, un porcentaje necesario de la superficie comunal en infraestructura deportiva y áreas verdes.

Pueden ver y descargar la Guía: ¿Cómo votar por las propuestas constitucionales?

• Cada persona puede votar hasta por 10 propuestas distintas.
• Sólo se puede votar una vez por una misma propuesta.
• Todos los mayores de 14 años que tengan clave única pueden votar.

¡Difundan y voten, el plazo es muy breve!

El pasado lunes 12 de junio nos reunimos con Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR). El objetivo de la reunión era saber la forma en la que abordarán las denuncias que hemos efectuado, respecto al DS-32 o Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas; señalarles algunas ilegalidades que a nuestro juicio se comenten en las AAFF y la DGMN.

Asistieron también, por parte de la CGR, Rodrigo Baeza, jefe del Comité de Bienes Públicos y Valeria Hoffmann, abogada de la División Jurídica de la CGR.

Por parte nuestra asistimos: Luis Cortes Castro, presidente de la Federación Chilena de Tiro Deportivo, FECHITIDE; Salomón Goldbaum Molina, director de la Asociación Gremial de Armerías, Pesca y Camping de Chile, AGAPECH; Cristian Gamboa Beltramín, presidente de la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas, ANTRA Chile.

Podríamos resumir la reunión en 5 puntos:

1. Estado del DS-32 y su situación respecto a lo que a la CGR le compete.
2. Atribuciones de la CGR respecto al DS-32.
3. Planteamos nuestras observaciones respecto a situación que nos parecen anómalas respecto a las AAFF y la DGMN.
4. Profundizamos sobre algunas denuncias en particular.
5. Entregamos antecedentes que nos permiten demostrar que quienes redactaron el reglamento entienden poco de las armas en manos de civiles y mucho menos del tiro deportivo y su práctica.
6. Planteamos nuestra reserva respecto a que ningún dictamen de CGR ha sido favorable para nosotros.
7. Les señalamos que a nuestro parecer las DGMN no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de CGR respecto a las observaciones planteadas en las auditorias efectuadas.

Conclusiones:

1. La CGR tiene la mejor de las disposiciones para escuchar las observaciones que la ciudadanía tenga respecto al DS-32 y a cualquier materia que este dentro de su ámbito de acción.
2. La CGR solo puede aprobar o rechazar este tipo documentos, pero no enmendar los errores que contenga.
3. La CGR solo puede pronunciarse sobre la legalidad de los actos que se someten a su estudio.
4. Ingresaremos las observaciones que están pendientes, pero dejaremos en espera la campaña de ingreso masivo de denuncias para no congestionar el sistema de CGR.
5. Los usuarios hemos aprendido a denunciar las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos de las AAFF. Esta es una herramienta legitima que nos entrega la posibilidad de manifestar irregularidades que se cometen en los organismos el estado.
6. Podemos establecer que el ente regulador, la DGMN y específicamente el Departamento de Control de Armas y Explosivos (DCAE), manifiesta un desconocimiento de la realidad sobre el mundo de las armas de deporte, caza, defensa y colección.
7. El DCAE insiste, de manera majadera, en intentar regular a los organismos deportivos que ya son regulados por la Ley del deporte 19.712.

Nuestra evaluación es positiva y debemos asumir siempre que nuestro interlocutor actúa de buena fe. Seguiremos recurriendo a CGR para hacer las denuncias sobre las irregularidades en la aplicación de la Ley y los actos administrativos.

Con la presentación de más de 25 mil denuncias hemos establecido, sin lugar a dudas, que somos un grupo de ciudadanos organizados y que haremos uso del derecho a denunciar, plantear nuestros desacuerdos, ser escuchados y atendidos.

Luis Cortés Castro, presidente, Federación Chilena de Tiro Deportivo, FECHTIDE.

Salomón Goldbaum Molina, director, Asociación Gremial de Armerías, Pesca y Camping de Chile, AGAPECH

Cristian Gamboa Beltramín, presidente, Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas, ANTRA Chile.

Hemos iniciado la campaña de presentación de denuncias a la CGR por irregularidades en el Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas que actualmente se encuentra en Contraloría.

Junto a la Federación Chilena de Tiro Deportivo (FECHITIDE), la Asociación Gremial de Armerías, Pezca y Camping de Chile (AGAPECH) y otras organizaciones deportivas y gremiales hemos comenzado a enviar documentos con las instrucciones paso a paso para ingresar las principales denuncias que son de interés de nuestras organizaciones.

Este es un trabajo esencial para poder demostrar que el actual Reglamento en estudio, el Decreto Supremo 32 (DS-32), contiene ilegalidades, transgresiones y omisiones que comprometen no solo la legalidad e integridad de reglamento complementario, sino su aplicación en la práctica.

Cada uno e ustedes debiera ingresar por lo menos 15 ó 20 de las denuncias que les adjuntamos. Cada una debe ser ingresada por separado, es copiar y pegar.

En la Guía para la Presentación de Denuncias esta todo lo necesario:

https://drive.google.com/file/d/1ydkfvVDAy89NTCtHldsstIFGMYqEp6CN/view

La primera entrega de DENUNCIAS, que incluye de la número 1 a las 10:

https://docs.google.com/document/d/1xNBnBMVknHIjeyEuvpJ-kUyC9dN4sdRl/edit?usp=sharing&ouid=101072730893166222013&rtpof=true&sd=true

Segunda entrega de DENUNCIAS, que incluye de la número 11 a la 20:

https://docs.google.com/document/d/1yzSIaEqyHz7XumUt9SRzDbnfUBR2BQCZ/edit?usp=sharing&ouid=101072730893166222013&rtpof=true&sd=true

Tercera entrega de DENUNCIAS, que incluye de la número 21 a la 30:

https://docs.google.com/document/d/1zbpn5Ze00hkqcAZykvouDvspv9KP-glC/edit?usp=sharing&ouid=101072730893166222013&rtpof=true&sd=true

Cuarta entrega de DENUNCIAS, que incluye de la número 31 a la 40:

https://docs.google.com/document/d/1zsAosJy3KCSyGEyXm9Bpf81541GNWSP0/edit?usp=sharing&ouid=101072730893166222013&rtpof=true&sd=true

Quinta entrega de DENUNCIAS, que incluye de la número 41 a la 50:

https://docs.google.com/document/d/14f_PJ3qzlLv7OyXeGMUZcme1r4sO3-w0/edit?usp=sharing&ouid=101072730893166222013&rtpof=true&sd=true

Toma 3 a 5 minutos ingresar una denuncia, debemos ingresar la mayor cantidad de denuncias posibles para poder conseguir el apoyo de parlamentarios para que el reglamento sea modificado y no se publique en su actual estado.

En el transcurso de los proximos días iremos publicando más denuncias. Cualquier duda se las responderemos por nuestras redes sociales:

https://www.facebook.com/groups/antrachile

https://twitter.com/ANTRA_Chile

El Decreto Supremo 32, que contiene el Reglamento en discusión:

https://drive.google.com/file/d/1vwt4o2N3fmtC9XB6zJin_N9m_jzX_Dxk/view?usp=sharing

La ley Nain-Retamal, mal llamada “Gatillo Fácil” por sus detractores, ha estado en el debate constante en las últimas semanas. Si bien es cierto, lo que finalmente salió del senado era muy diferente a lo que aprobaron los diputados, sigue siendo un avance importante.

La idea del legislador fue entregar herramientas y algún grado de protección a la acción de las policías. Y aquí hay que ser brutalmente claros, no hablamos de la acción policial frente a un control vehicular, un lanzazo o delitos similares. Aquí hablamos de enfrentar a bandas delictuales, organizadas, establecidas en territorios, armadas y capacitadas en el uso de esas armas. No hablamos de enfrentarse a escopetas hechizas o armas que debieran estar en un museo, hablamos de fusiles de asalto, armas semiautomáticas y automáticas. Grupos de delincuentes que enfrentan a las policías, en el mejor de lo casos, con machetes, palos o lo que tengan a la mano, dispuestos a matar a quien se les pare al frente.

Ante estos actores delictuales es que se quiere proteger a un carabinero de 23 años, armado con un revolver de 5 tiros que seguramente tienes más años que el mismo carabinero. Un policía sin la protección corporal necesaria, sin los zapatos adecuados y sin el entrenamiento necesario. Sin el equipo y la preparación adecuada un carabinero o un PDI están en desventaja ante un tipo de delincuente que no conocíamos, atrevido, decidido, con el equipo y la preparación necesaria.

Cuando se establece extender la legítima defensa a las policías, nadie está buscando una licencia para matar o un “gatillo fácil”, lo que se busca es emparejar la cancha, igualar las condiciones. Porque lo volvemos a reiterar, las condiciones no son parejas, los delincuentes tienen una enorme ventaja.

Hoy un policía o miembro de las FFAA o Gendarmería que en el ejercicio de sus funciones deba usar fuerza letal, ya no será considerado imputado, sino testigo. Si en el transcurso del proceso se establece que actuó con dolo, será imputado. Tampoco podrán ser separados de la institución temporal o permanentemente, como sucedía hasta ahora.

También se estableció que las policías, carabineros e investigaciones, deberán ser provistos de capacitación, equipo y armamento adecuado para el cumplimiento de sus funciones, con especial acento en el resguardo de su vida e integridad personal.

Se faculta a carabineros, en el desarrollo de un control vehicular, para hacer control de identidad de los ocupantes del vehículo y revisar el interior y el maletero. De esta manera ya no sucederá lo de San Antonio hace unos años, en que los delincuentes fueron sorprendidos con armas en el maletero, pero el juez los dejó en libertad porque carabineros no tenía atribuciones para registrar el vehículo.

En las persecuciones ya no serán los policías los responsables de los daños a otros vehículos.

En definitiva, hoy tenemos policías que tendrán más garantías y el equipo y preparación necesarios, al menos eso dice la letra. Pero nada de esto servirá si no se aplica, sino de fiscaliza, porque cuando deje de ser noticia todos perderemos el interés, pero alguien deberá encargarse de que los recursos sean bien usados, que el policía de la calle cuente con los necesario y que estos recursos no terminen en los altos mandos cambiando sus sillones de cuero o autos fiscales, en desmedro del equipamiento y preparación de su gente. Ley que no se supervisa es letra muerta, tenemos demasiados ejemplos.

¿Pero y nosotros cuándo? Debemos ser capaces de promover las modificaciones legales que habiliten de manera objetiva el porte de armas de defensa y no dependa del criterio de un funcionario o de la ideología de turno; Debemos fijar las condiciones para que los usuarios de armas de defensa puedan practicar en un campo de tiro las veces que quieran; Hay que ampliar la legítima defensa privilegiada más allá del hogar; Generar las condiciones para que cada vez más chilenos puedan poseer armas de fuego y capacitarse en su uso, manejo seguro y eficiente, para evitar y detener la agresión en el menor tiempo posible.

En definitiva, debemos apuntar a establecer condiciones de igualdad con los delincuentes, aunque para ser honestos, debiéramos siempre tener ventaja, es la única manera de ganar una batalla que hasta ahora vamos perdiendo. La Ley Nain-Retamal vino a emparejar la cancha, a intentar igualar las condiciones entre delincuentes y policías y nos alegramos profundamente, pero surgen al menos dos preguntas:

¿Cuándo se emparejará la cancha entre los ciudadanos y los delincuentes?, ¿Cuándo tendremos la posibilidad de defendernos en igualdad de condiciones?

Mientras estas preguntas no tengan respuesta, seguiremos siendo un país desigual.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente ANTRA

El organismo nacional de Salud estaría omitiendo datos del uso defensivo de las armas para favorecer las políticas del control. 

Publicado por Revista Aire Libre

El informe publicado el pasado 15 de diciembre por The Reload muestra que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) omitieron deliberadamente un conjunto de datos sobre uso de las armas para legítima defensa después de haber sido presionados por grupos de control de armas.

La revelación del falseo de datos para cumplir con conclusiones predeterminadas, es la antítesis de la ciencia. Es nada menos que censura. De hecho, es peligroso que los investigadores de los CDC estén seleccionando datos para forzar un resultado. Lo que es peor, es que estos investigadores no están actuando de buena fe para determinar los resultados a los que conduce la ciencia. Actúan como agentes de grupos de intereses especiales. Eso no solo es científicamente irresponsable, también es una violación de la ley.

Ciencia corrupta

Los investigadores de los CDC eliminaron una referencia a un estudio sobre el uso de armas en defensa propia, después de que los grupos de control de armas se quejaran de que incluir esos datos les impediría presionar al Congreso para aprobar más leyes de control de armas, informó The Reload. Fue el resultado de meses de presión política por parte de tres grupos diferentes de control de armas: Gun Violence Archive, GVPedia y Newtown Action Alliance.

Y en lugar de proporcionar pruebas que refuten ese número, eliminaron el estudio y censuraron los datos.

Los grupos discreparon con un estudio realizado por Gary Kleck, profesor emérito galardonado en la Facultad de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Estatal de Florida. El estudio de Kleck estimó que el uso de armas defensivas (DGU, por sus siglas en inglés) ocurre entre 60.000 y 2,5 millones de veces al año en los Estados Unidos. Esa cifra de 2,5 millones fue demasiado para que la aceptaran los grupos de control de armas. Y en lugar de proporcionar pruebas que refuten ese número, eliminaron el estudio y censuraron los datos.

“Esa cifra de 2,5 millones debe ser asesinada, enterrada, desenterrada, asesinada de nuevo y enterrada una vez más”, señaló Mark Bryant, uno de los asistentes que también dirige Gun Violence Archive, la fuente de las estadísticas de “tiroteos masivos” de los principales medios de comunicación. Él le escribió a los funcionarios de los CDC después de una reunión, según The Reload, quejándose del estudio de Kleck. “Es muy engañoso, se usa fuera de contexto y, sinceramente, creo que no tiene ningún valor, incluso como un punto atípico en las discusiones honestas de DGU”.

El profesor Kleck mantuvo su investigación. “CDC simplemente se está alineando con los grupos de defensa del control de armas”, dijo Kleck a The Reload. “Es solo decir: ‘somos su herramienta y cumpliremos sus órdenes’. Y eso no es lo que debería hacer una agencia gubernamental”.

Es más que eso. Eso es lo que el CDC tiene prohibido hacer por ley.

Enmienda Dickey

Este informe parece mostrar que los CDC violan la Enmienda Dickey, que prohíbe específicamente que la agencia abogue por el control de armas a través de sus estudios. La Enmienda Dickey, llamada así por el excongresista Jay Dickey(Republicano, Arkansas), se aprobó por primera vez como ley en 1996. La enmienda establece que “ninguno de los fondos disponibles para la prevención y el control de lesiones en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades puede utilizarse para abogar o promover el control de armas”.

Se agregó después de que un estudio financiado por los CDC de 1993 tomara una posición de defensa que vinculaba la posesión de armas en el hogar con un mayor riesgo de muerte por parte de un familiar o amigo. También fue después de que el Dr. Patrick O’Carroll, jefe interino de la División de Control de Lesiones de los CDC, dijo: “Vamos a construir sistemáticamente un argumento de que poseer armas de fuego causa muertes. Estamos haciendo lo máximo que podemos hacer, dadas las realidades políticas”.

Los políticos que apoyan el control de armas se quejaron de que la Enmienda Dickey les impedía estudiar el tema de las armas, pero eso simplemente no era cierto.

El presupuesto de los CDC se triplicó desde el momento en que se aprobó la Enmienda Dickey a más de $6 mil millones en 2019. Si se les decía a los CDC que no podían estudiar nada relacionado con las armas, no escucharon muy bien. Durante ese tiempo, los CDC estudiaron las armas de fuego y el suicidio, el ruido y la exposición al plomo en los campos de tiro, la prevención de la violencia con armas de fuego en Wilmington, Delaware, y emitieron un informe sobre los homicidios y suicidios con armas de fuego en las áreas metropolitanas. Eso no incluye los estudios del FBI, el Departamento de Justicia y los estudios del Congreso.

También hubo un caso en 2013 cuando el presidente Barack Obama firmó una Orden Ejecutiva que asignaba $10 millones en investigación de “violencia armada”.

En 2019, el Congreso actualizó la Enmienda Dickey para que diga: “Si bien se prohíbe que los CDC y otras agencias usen fondos designados para abogar o promover el control de armas, el Secretario de Salud y Servicios Humanos ha declarado que los CDC tienen la autoridad para realizar investigaciones sobre las causas de la violencia armada”.

Excepto que el CDC ignoró eso. El CDC no solo está utilizando fondos federales para abogar por el control de armas, sino que también han sido sorprendidos in fraganti haciéndolo a instancias de los grupos de control de armas.

Diagnosticar mala praxis

Esto revela dos cuestiones apremiantes para las que los legisladores deben exigir respuestas. Primero, los legisladores deberían exigir saber cómo y por qué los CDC cedieron a las demandas de los grupos de control de armas para omitir información relevante que informa sus estudios. Esto nos dice que los CDC están estudiando cuestiones relacionadas con las armas de fuego en busca de respuestas favorables políticamente y seleccionando datos para respaldar conclusiones predeterminadas que respalden las demandas de los grupos de control de armas, en lugar de estudiar para obtener respuestas de donde proviene la evidencia“.

En segundo lugar, esto demuestra que existen serias preocupaciones con los protocolos vigentes en los CDC en lo que respecta a sus estudios. Esto abre dudas sobre cualquier información que los CDC brindan al contribuyente estadounidense cuando se hace evidente que los funcionarios permiten que se publiquen estudios que están diseñados e influenciados por objetivos políticos en lugar de criterios científicos estrictos. El público estadounidense debería estar muy preocupado por este nivel de influencia política para determinar resultados que satisfagan a los grupos defensores radicales. Esta es la definición misma de corrupción política.

El Congreso debe llamar al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y a la Directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, para exigir respuestas y responsabilidad. Infringieron la ley y lo hicieron para forzar pruebas falsas e incompletas para respaldar las restricciones de control de armas, un derecho protegido por la Constitución.

Ya es hora de que el Congreso exija a los funcionarios de los CDC: “Doctor, cúrate a ti mismo”.

Durante meses en el 2022 trabajamos el borrador del Reglamento complementario de la Ley de Control de Armas, invitados por el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, DCAE, coronel Víctor Riffo.

Se nos hizo llegar el borrador y nos dedicamos a aunare posiciones con las demás entidades significativas del tiro, junto a la Federación Chilena de Tiro Deportivo, FECHITIDE, la Asociación de Armerías, Pesca y Caza de Chile, AGAPECH, la Asociación de Importadores de Chile, la Federación de Caza y Pesca de Chile Sur, la Agrupación de Coleccionistas de Chile, la Agrupación de Armeros de Oficio de Chile y las Asociaciones de Caza Central-Sur, trabajamos entre marzo y septiembre de manera intensa. Realizamos reuniones por video conferencia, conversatorios y todo lo que nos pudiera ayudar a obtener un reglamento real, que cubriera todos los aspectos y a todos los actores implicados.

De un total de 401 artículos propuestos, 300 eran referidos a armas de fuego, el resto explosivos, químicos y artificios. De los 300 hicimos observaciones y modificaciones a 124 artículos, el 41%, casi la mitad. Y en relación al total de artículos, nuestras observaciones representaban el 31% del Reglamento propuesto. No era menor el nivel de correcciones, propuestas u observaciones. Desde la injerencia en clubes y federaciones, pasando por validaciones, cuotas de munición y terminando en capacidades de almacenaje de comerciantes e importadores, le dimos una visión integral y todos los actores participaron. No podíamos hacerlo de otra manera que no fuera con participación, consulta y mucho esfuerzo y dedicación.

El 13 de septiembre se envió nuestra propuesta al DCAE, ver correo electrónico, luego de eso sólo nos decían que lo estaban trabajando, pero nunca pudimos ver la versión final. Dejaron de responder e-mails y contestar nuestras llamadas.

No quisimos dar a conocer nuestra propuesta de reglamento en ese entonces, creíamos y teníamos la esperanza de no haber sido engañados con un falso dialogo y una artimaña de participación ciudadana. Algo como para que después no se dijera que no dieron espacio al dialogo, pero aquí no hubo dialogo, no hubo participación y ciertamente no hubo honor de parte del mayor Riffo.

Hoy sabemos que el reglamento esta en manos del ministerio del interior y no sabremos de su contenido sino hasta su publicación. Han desperdiciado el aporte que hicimos, han ignorado la visión de quienes sabemos del tema en Chile y optaron por hacerlo entre las mismas 4 paredes, añejas e ignorantes en las que han actuado siempre.

Les compartimos:

1. Correo electrónico enviado por el presidente de la FECHITIDE, al coronel Riffo con nuestro aporte al Reglamento complementario el 13 de septiembre de 2022, AQUÍ.
2. Documento introductorio a nuestra propuesta, AQUÍ
3. Comparado conteniendo en la columna 1 el borrador entregado por el DCAE, en la columna 2 “Propuestas”, nuestras propuestas y en la columna 3 “Observaciones” nuestras fundamentación o alertas, AQUÍ.

Esperamos con esto poder aportar a una discusión real, honesta y de cara a la sociedad.