Cuando sostuvimos la primera reunión con el actual director general de movilización nacional en diciembre de 2023, le planteamos el tema del reglamento complementario como uno de nuestros temas prioritarios. El señalo que entendía el problema, 9 días después el reglamento ya habían sido aprobado por Contraloría General de la Republica y publicado en el diario oficial.

Comenzaba nuestro esfuerzo por hacer ver los puntos más complicados del reglamento y el daño que se infringía a los propietarios de armas de fuego y a las organizaciones deportivas que los agrupan.

Siempre el director coincidió con nuestras observaciones, así como su asesor, Patricio Mericq, ambos se mostraron abiertos a efectuar los cambios necesarios, desde no pedir el curso a deportistas con años de experiencia, pasando por el levantamiento de las prohibiciones en las zonas con estado de excepción en la macro zona sur, hasta permitir que los comerciantes retiren más de 6 armas sin escolta desde arsenales de guerra, antes del reglamento eran 30 armas. Todo era corregible con resoluciones, al menos eso nos dijeron en una reunión de mediados del 2024.

Mientras Patricio Mericq comenzaba a trabajar en la versión corregida del reglamento complementario, ofrecimos nuestra ayuda, les pedimos formar equipos de trabajo conjuntos para elaborar un nuevo reglamento, más cercano al control efectivo de ilegalidades y no a la persecución de los propietarios de armas. Nos dijeron que ellos en poco tiempo tendrían esta nueva versión y la conversaríamos.

Pasaron las semanas y los cambios vía resolución nunca llegaron, solo hubo un par de resoluciones que no andaban ni cerca de ser una solución, muy por el contrario. Vía correo electrónico el 6 de junio, 15 de julio y 17 de julio de 2025 hicimos llegar más observaciones, además de las que planteábamos cada vez que nos reuníamos. Señalamos un total de 144 observaciones; 162 propuestas concretas, de las cuales 92 estaban priorizadas y separadas en 47 que requerían corrección inmediata, 12 que requerían solución en el corto plazo, 27 en el mediano plazo, también identificamos 73 trámites que podrían ser implementados en línea sin mayor esfuerzo. Sabíamos de lo que hablábamos.

Incluso fuimos capaces de diseñar un plan piloto de tramites vía web y como optimizar los actuales en el sistema ARES. Pero somos “simples paisas” que no sabemos nada del mundo militar, lo que decíamos no tenía validez.

En el intertanto, se nos dijo que la prohibición de uso de armas en las zonas en estado de excepción sería levantada por la DGMN y que los jefes de zona ya lo sabían. Desde los ministerios de Defensa e Interior estaban esperando esto, pero nunca lo hizo, nunca ni siquiera hubo un borrador de resolución para hacerlo. Ante nuestra solicitud de entregar permiso a los clubes de la zona para desarrollar campeonatos, nos señaló que no había problema, pero que los clubes deberían pedirles a los jefes de zona de la defensa y que estos se lo pidieran a él. O sea que generales de mayor antigüedad le pidieran a él permiso para autorizar campeonatos.

Recién el 7 de agosto se nos hizo llegar, al igual que a otras organizaciones, el reglamento que sería presentado al ministerio de defensa para su aprobación. De su lectura y revisión concluimos que era aún peor que el anterior y que efectivamente no se habían incorporado las observaciones efectuadas en los meses anteriores, ninguna. Nos abocamos a la tarea de revisarlo y hacerle observaciones. Fruto de ese trabajo nació una segunda revisión y propuestas, esta vez la entregamos el 27 de agosto en una reunión extensa con el señor Mericq en su oficina. La DGMN, específicamente Patricio Mericq, se demoró un año en elaborar una versión aún más deficiente del reglamento, algo que considerábamos imposible. Nosotros en dos semanas teníamos una versión corregida y coherente, claramente las capacidades no son las mismas, ni lo serán nunca, porque nosotros tenemos la experiencia del lado del usuario, conocemos el medio mejor que nadie y sin duda alguna infinitamente mejor que la DGMN.

Luego de eso no supimos más, excepto que lo estaban revisando y que el director con el señor Mericq viajaron a Papudo para trabajar en la nueva versión en base a nuestras observaciones y seguramente otras más. Fue lo último que supimos del reglamento complementario.

Creemos que el nuevo reglamento complementario ya fue entregado al ministerio de defensa para su estudio y aprobación, como siempre, entre gallos y medianoche. Lógicamente, y así lo advertimos, los funcionarios de la actual administración están preparando sus curriculum y buscando donde aterrizar luego del cambio de gobierno, no estarán ni medianamente preocupados de este reglamento. Y creemos que esa es parte de la estrategia, entregarlo en un momento en que nadie lo tomará en cuenta y querrán dejarlo para la próxima administración, otra maniobra para dilatar los resultados y dejarle el sartén caliente al próximo director general.

Nos preocupa no conocer la nueva versión, no sabemos si incorporaron nuestras observaciones y mucho menos si lograron entenderlas, a pesar de que se las explicamos hasta el cansancio. Desde el momento en que el señor Mericq me pregunto para que queríamos más de dos armas los deportistas, comprendimos que del deporte lo ignoran todo, pero creen que lo saben todo.

Hoy, Jorge Hinojosa, que se comprometió desde el primer día a hacer cambios reales y a solucionar algunos de los problemas que causaba el actual reglamento, se va sin haber solucionado nada y durante dos años intento contenernos con promesas que nunca cumplió. Por eso nuestra critica constante hacia él, no porque se vaya a la V División del ejército con una asignación de zona diametralmente distinta a la de los funcionarios de la DGMN o a los funcionarios públicos de Magallanes, nuestra critica no es porque deje al señor Mericq, un exgeneral que no entiende nada de nuestra problemática y hoy se levanta como el que más sabe, en el país de los ciegos… ustedes ya saben el resto.

Sus ex compañeros militares, nos advirtieron de la estrategia que usaría Hinojosa para manipularnos. Nos decían, “Hinojosa les encontrará la razón en todo lo que ustedes digan y les dirá déjenme ver como lo solucionamos. Y amontonará problemas con la promesa de solucionarlos, pero se irá y no solucionará nada, lo ha hecho en todas sus destinaciones anteriores. El sólo quiere pasar por el cargo sin que le hagan olitas, quiere ascender”. Y así lo hizo, sin duda alguna.

Nuestra acusación no es contra un general de brigada, no es contra el uniforme, es contra la persona que no hizo más que deshonrar el uniforme. Y con esas mentiras perjudico a todos los dueños de armas que hoy están siendo despojados de sus bienes y las organizaciones deportivas que hoy han debido hacer iniciación de actividades para poder funcionar y las decenas de clubes y federaciones que no pudieron inscribir sus campos de tiro y hoy son objetadas.

No hay nada más personal que esto, no hay nada que nos toque más en nuestro interior y que hoy nos motive a decir las cosas con claridad.

Algunos documentos de interes:

• Reglamento vigente publicado, publicado el 23 de diciembre de 2023.
• Observaciones al Reglamento entregadas a la DGMN en junio 2024.
• Observaciones al borrador de la DGMN con las modificaciones al Reglamento en agosto 2025.

El legendario laberinto de la mitología griega, construido por el arquitecto Dédalo para encerrar al Minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Luego de una guerra, Minos impuso un tributo que obligaba a los atenienses a enviar siete jóvenes y siete doncellas, para que el minotauro las devorara. Teseo fue quien con ayuda de Ariadna y un hilo, que le permitió no perderse dentro del laberinto, logro destruir al monstruo. El Minotauro nació de la relación entre Pasifae, esposa del Minos, y un toro enviado por Poseidón. En definitiva, un problema entre reyes y dioses, del que fueron víctimas los ciudadanos. ¿Les parece conocido?

¿Porque les cuento esta historia? Porque todos tenemos un Minotauro encerrado y debemos combatirlo. El Reglamento Complementario es el nuestro, un monstruo fruto del descriterio, la arrogancia, la prepotencia y la inmensa ignorancia que se encierra en el laberinto construido en la DGMN. El minotauro encerrado en la DGMN, devora a algunos propietarios de armas, varias veces por semana escoge a sus víctimas, las acorrala, las atrapa, las despoja de sus armas y las lanza por algunas de las múltiples ventanas, despojadas de su propiedad, prácticamente devoradas y escupidas.

Y existen Dédalos, de colores variados grises y verdes, que construyeron este laberinto y lo mantienen para que no podamos llegar a este minotauro de más de 320 artículos, construidos para terminar con las armas en manos de la ciudadanía.

Porque digámoslo con franqueza, el actual Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas no quiere controlar, quiere desarmar a la ciudadanía. El Reglamento quiere evitar que el juez al que le botaron la puerta en su casa en La Pintana, se pueda defender, pretende que no se pueda practicar el deporte, que la caza y la colección de armas de fuego se extingan. Pero lo más grave, es que no quiere que la población posea herramientas para defenderse de una delincuencia que el mismo estado no puede controlar y detener. Si, el estado, el mismo que les paga los sueldos a quienes mantienen el laberinto del minotauro. La diferencia es que este laberinto, el de la DGMN, no es para mantener encerrado al monstruo, sino para protegerlo y así pueda seguir devorando víctimas.

Cada cierto tiempo los dueños del laberinto nos dejan entrar para que busquemos al monstruo y así hacerlo parecer menos peligroso, más amigable con el ciudadano. Y en este proceso, ellos, los protectores del minotauro aparecen mas abiertos al dialogo y a los acuerdos. Pero, en la práctica, siguen manteniendo el laberinto, cada vez más impenetrable y el Minotauro cada vez más voraz.

En numerosas oportunidades nos han convocado a modificar el reglamento complementario, hemos invertido semanas en construir una versión que cumpla su propósito. Hemos entregado, más de una vez, distintas versiones del reglamento, con fundamentaciones, propuestas, ideas concretas, basadas en nuestra experiencia, de la que ellos por cierto carecen. Desde hace años venimos entregando aquellos puntos de vista que los propietarios de armas de fuego hemos construido con el tiempo y la experiencia. Finalmente, y seamos sinceros, les hemos hecho la pega una y mil veces.

A pesar de todo prima la restricción, hace tiempo un senador nos decía, la lógica es que si el tema se desconoce se restringe. Da la impresión que eso mismo ocurre aquí, se desconoce lo referente a armas de defensa, deporte, caza y colección. No entienden porque necesitamos mas de 2 armas para deporte o caza o para que queremos coleccionar armas modernas y se los hemos explicado una y otra vez, pero no entienden o mejor dicho no quieren entender.

Queremos más de dos armas para deporte porque practicamos más de una disciplina, por ejemplo, revolver, pistola 9mm y .22, ahí nada más hay tres armas, quienes hacen tiro de precisión .22, tiro fusil miras abiertas, fusil mira telescópica, ya vamos en 6, no hay para que seguir. Los cazadores que salen al conejo y a la tórtola lo hacen con calibres y armas distintas y que a su vez son distintas a las que usan quienes practican caza mayor. No sólo son calibres distintos, son armas distintas, con prestaciones distintas. Y los coleccionistas que desean tener la pistola recién lanzada con una numeración muy baja, tienen todo el derecho a hacerlo.

Pero desde su posición de poder e ignorancia de nuestra actividad y basados en la prepotencia y la impunidad que han logrado dentro del laberinto, continúan ignorando lo que nosotros decimos. Por que hacer como que nos escuchan no es lo mismo que escucharnos, poner atención y aprender de nosotros.

Efectivamente, hoy por hoy somos nosotros los que sabemos de armas, somos nosotros los que sabemos de mantención, uso seguro y eficiente de las armas de fuego portátiles. Quizás ellos sepan de granadas, lanzacohetes, tanques o cuanta lesera se les ocurra, que por lo demás si nos dan un plazo razonable para usarlas, terminaríamos enseñándoles algo que ellos no saben sobre ellas. Y esto no es arrogancia, es saber lo que valemos, los que sabemos y que somos dueños de nuestra capacidad de aprender y perfeccionarnos. Por algo hoy tenemos tiradores de larga distancia pegan a mas de 1.500 metros y seguramente tenemos entre nosotros más tiradores de larga distancia que todos los cuarteles de nuestro país.

Pero, aun así, somos sujetos de desconfianza, sospechosos, potenciales delincuentes de los que no solo hay que desconfiar, sino que es urgente restringirlos y extinguirlos. Eso es lo que la ley y el reglamento administrados por la DGMN pretende, extinguir la posesión de armas de los civiles.

El minotauro debe sucumbir ante nosotros, para que no siga devorando ciudadanos, y quizás para eso hay que extinguir a la institución que los mantiene y radicar el control de armas en otra organización que nos desconfié de nosotros o que al menos si lo hace podamos hacer valer nuestros derechos. Pero hoy es imposible porque asociado a este minotauro hay otra criatura de la mitología asociada, MEDUSA, pero eso será motivo de otra editorial.

Nuestra labor, la de todos los propietarios de armas, es exterminar al minotauro para que no siga devorándonos. Pero con eso no basta, aquí hay que exponer a los que haciéndose pasar por los carceleros en realidad eran los protectores de este monstruo mitológico. A los Dédalo, los Minus de la mitología griega y que en nuestra realidad también tienen nombre claros e identificables. Los Hinojosa, los Mericq, los Villarreal, los Palacio, los Ferrada, y muchos más que deben responder por su colaboración para destruir la posesión legal de armas en Chile y, que paradójicamente, no han hecho nada por destruir la posesión ilegal de armas.

Desde las organizaciones deportivas y gremiales los instamos a identificar a estos seres mitológicos, a sus protectores y combatirlos hasta neutralizar el daño que han provocado y evitar que sigan dañando a los ciudadanos. Ellos no son ni serán nunca parte de nosotros, aunque algunos pretendan disfrazarse y confundirse entre nosotros, pero no lo son ni merecen serlo.

Cristian Gamboa Beltramín – ANTRA Chile

Pueden descargar esta editorial aquí.

Señor Jorge Hinojosa Riquelme

Director, esta es la carta que queríamos evitar, cuando hablamos de cumplir acuerdos, buscar soluciones, establecer normas, era porque no queríamos llegar a decir lo que debemos decir hoy.

Cuando nos reunimos a mediados del 2024, para discutir lo relacionado con el reglamento complementario y la deficiente implementación de un aún más deficiente cuerpo legal, entregamos un extenso informe con el detalle de cada una de nuestras observaciones y las propuestas respecto de ellas. Se lo entregamos y luego lo enviamos por correo electrónico.

Usted director, nos señaló, en aquella ocasión, que comenzarían a trabajar en corregir los problemas y proponer una nueva redacción en lo que presentaba problemas. Incluso encontramos que coincidíamos en muchos aspectos que era necesario corregir. Evaluamos esa reunión con esperanza, con confianza y claramente con optimismo. Le solicitamos a nuestra gente paciencia y mesura, con la confianza en que vendrían cambios y que la DGMN, con usted a cargo, tenía la voluntad de mejorar las cosas.

Durante estos más de doce meses hemos tenido varias reuniones en las que reiterábamos la aparición de problemas y le buscábamos soluciones. En la práctica no llegaron muchas soluciones y se acrecentaron algunos problemas. Por ejemplo, el registro de los dispositivos de puntería, se postergaron con el pretexto de que se le buscaría una solución definitiva y todos, incluso usted y sus asesores, coincidíamos en que era inútil registrar los dispositivos de puntería, que no solo carecen de trazabilidad -ya que no traen números de serie- sino que además es imposible registrar los que ahora están en poder de sus legítimos usuarios.

También coincidíamos en que el registro de las armas de fogueo no podía ser igual que el registro de las armas de fuego, muchas de ellas no traen número de serie y pasarlas a todas por el Banco de Pruebas de Chile era imposible. De “imposibles” como estos el reglamento es una colección que lo transformaba en un reglamento inútil, alejado de la realidad y muy difícil de poner en práctica. Siempre lo hemos considerado una larga colección de restricciones inútiles, impracticables y lo que es peor, inconducentes. Efectivamente ninguna de las invenciones que se volcaron en el reglamento complementario tiene por objetivo disminuir el tráfico de armas y municiones. La disociación de la realidad de quien elaboró este reglamento complementario era evidente, su nivel de ignorancia y mala intención se reflejan en cada una de los artículos absurdos de esta norma.

Cuando hablamos del registro de las armas de fogueo, los dispositivos de puntería, los clubes y federaciones, siempre dijimos que no eran más que una pasada por caja, demostramos lo inútil e inconducente. Pero el real sentido era hacernos pasar por caja, pagar las tasas de derechos fijadas.

Recién un año después de aquellas reuniones nos llega una propuesta de reglamento, a la que hicimos constantes aportes, entregamos nuestras visiones y nuestras propuestas, de manera clara y transparente. Cierto es que hay algunas de nuestras observaciones reflejadas en esta propuesta, pero ínfimamente. El grueso, lo grave, seguía ahí e incluso con una redacción aún más peligrosa.

Pero no nos importó, volvimos a hacer el estudio minucioso, volvimos a avocarnos a la tarea de hacer una contrapropuesta, explicar el porque de nuestras observaciones y entregar sugerencias de redacción.

Paralelo a esto discutimos la prohibición de realizar actuaciones por parte de los propietarios de armas de fuego, clubes y organizaciones deportivas de tiro deportivo en las zonas en estado de excepción de la macro zona sur. Allí, desde el año 2019, por instrucción de la DGMN, los propietarios de armas de fuego, cazadores, deportistas, coleccionistas no han podido efectuar ninguna actuación antes las Autoridades Fiscalizadoras, no han podido transportar sus armas para practicar la caza o el deporte, no han podido comprar munición, no han podido renovar permisos de transporte, no han podido re acreditarse de manera adecuada.

Hace unas semanas usted nos planteó la intención de derogar la resolución que uno de los anteriores directores de la DGMN emitió para restringir el uso de armas en las zonas en estados de excepción. Algo que desde hace demasiado tiempo estábamos solicitando, sabemos que efectivamente sostuvo la reunión con los jefes de zona en estado de excepción y les comunicó su intención de derogarlos, pero en la práctica no ha pasado nada y todo sigue igual. Como en todo lo que hemos conversado.

Y entre tanta promesa incumplida, peticiones de paciencia y tanta, pero tanta espera, ya estamos en septiembre de 2025, sin grandes avances, sin novedades. Las piezas para componer el alto mando del ejército para el 2026 ya están en movimiento y usted se está moviendo con ellas. Y no lo criticaremos por aquello, es legítimo querer ascender, lo que nos parece ilegitimo es habernos inmovilizado con promesas que no se cumplieron. Con los últimos 4 directores de la DGMN, tuvimos al frente a un adversario, sabíamos a qué atenernos, era una confrontación honesta, incluso caballerosa, en su caso director recibimos promesas, tomamos acuerdos que siempre respetamos, pero no recibimos nada consistente.

No sabemos cuál será el producto final de esta nueva propuesta de reglamento, no sabemos si reconsiderarán todo lo nuevo que agregaron y corregirán aquello que usted y nosotros considerábamos ilógico, pero que aun así lo mantuvieron. Si sabemos que lo que ustedes se demoraron 12 meses en redactar, nosotros lo analizamos, propusimos y redactamos en 3 semanas. Esto lo podemos hacer porque conocemos plenamente cada una de las problemáticas reales que enfrentamos, sabemos de armas en manos de civiles, sabemos de controles posibles de implementar y ciertamente sabemos de burocracia inútil e inconducente. Por eso siempre pusimos nuestras capacidades y conocimiento a su disposición, siempre quisimos ayudar, incluso cuando salimos a buscar apoyos en Defensa, Interior y Seguridad Pública, para levantar la prohibición de armas en la macrozona sur.

Pero este nuevo reglamento, si llega a conocer la luz, ya no será este año. Estamos en año de elecciones presidenciales y luego entramos en cambio de mando presidencial, luego en los primeros 100 días y ya estaremos junio de 2026. Si esta propuesta efectivamente llega a salir de la DGMN, deberá ir al ministerio de Defensa, su superior jerárquico; porque si director, la DGMN tiene superior jerárquico, al contrario de lo que se plantea en el nuevo artículo 419 de la propuesta de reglamento complementario, cuando esta señala que:

“las resoluciones del Director General de Movilización Nacional en materias de la Ley no serán objeto de recurso jerárquico, pues no se encuentra subordinado a autoridad alguna en materia de dichas competencias.”

Pero que estas aspiraciones de grandeza no nos desvíen de lo importante. Sigamos la supuesta ruta de este reglamento, luego el Ministerio de Defensa no resolverá nada sin preguntarle al Ministerio del Interior, este último involucrará al Ministerio de Seguridad Pública, que a su vez involucrará a Carabineros, PDI, Ministerio Público y ya será una bolsa de gatos en la que nadie le pondrá el cascabel a nadie. Finalmente, no se llegará a puerto alguno, usted habrá ganado tiempo saliendo airoso de la DGMN y continuando su carrera, pero nosotros habremos perdido el tiempo.

Imagino director que el contenido de esta carta le molestará, comprensible. Por eso no queríamos llegar a esto, pero ciertamente no hemos tenido otra alternativa. Hay aquí una desconexión entre la realidad y lo que se hace, lo que se responde a los usuarios, lo que se implementa en la web de la DGMN y lo que se dice que se hace, respecto a lo que realmente se hace.

En este casi año y nueve meses, además de conversaciones, acuerdos y buenas intenciones los resultados son nulos. Ni siquiera pudimos saber en qué se gasta el 50% de los dineros generados por tasas de derechos y multas, alrededor de 3 mil millones de pesos anuales. Cuando preguntamos por el detalle de los gastos recibimos una respuesta extraña, poco clara. De lo poco que pudimos entender destacamos que la DGMN, en el año 2024 gastó $2.176.007.388, dos mil ciento setenta y seis millones de pesos en personal. Esta muestra refleja el problema de comunicación entre nosotros, mientras nosotros preguntamos por la rendición de los dineros correspondiente al 50% de las tasas de derechos de la Ley de Control de Armas, ustedes nos responden con el presupuesto total de la DGMN. Un diálogo de sordos o al menos un dialogo con alguien con déficit atencional.

El resultado es el mismo, no hay comunicación efectiva y mientras uno cree que responde el otro cree que no le entendieron la pregunta, o no quisieron responder.

Un mal balance, sin duda alguna.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente ANTRA Chile
Coalición por Armas Legales

Siempre hemos sostenido que la Ley de Control de Armas chilena es la más estricta de la región y una de las más estrictas del mundo, en realidad sólo la superan aquellas leyes que prohíben las armas en manos de civiles. Pero el ser estricta no la hace una buena ley, no la convierte en una ley fácil de aplicar, no la hace una herramienta eficiente, ni siquiera eficaz, en el combate al tráfico de armas y su uso por parte de delincuentes.

Pero también debemos ser justos, ya que la Ley de Control de Armas se pensó como una ley registral, que permitiera el registro de armas a inicio de los años 70, cuando no era necesario registrarlas. Que después se transformo en una ley restrictiva, que sólo impone sanciones y que invade distintas áreas que le corresponden a otras leyes, eso es un tema de otra conversación.

La Ley de control de armas es una ley anti armas, que pretende evitar que los ciudadanos posean armas en Chile, que además posee un reglamento complementario elaborado desde la ignorancia y el prejuicio.

Como si esto fuera poco se le entrega la coordinación y supervigilancia a una institución que depende del Ministerio de Defensa Nacional y está conformada por militares. Pero la implementación y la fiscalización se le entrega a Carabineros, la policía militarizada que depende del Ministerio del Interior. Y ninguna de ellas dialoga con la otra, se mandan circulares, memos, oficios y cuanta guarifaifa escrita sea posible, pero no dialogan, no llegan a acuerdos y cada una hace lo que quiere.

En el medio de esta relación casi esquizofrénica estamos nosotros, los usuarios de armas de fuego, aquellos que cumplimos con requisitos absurdos, que pagamos altos impuestos disfrazados de tasas de derechos, que somos vistos con desconfianza por el gobierno, por la Dirección General de Movilización Nacional, particularmente mal vistos por Carabineros y prejuzgados por una Contraloría General de la República que señala que la falta de fiscalización podría terminar en que nuestras armas sean mal utilizadas o terminen en manos de delincuentes.

El reglamento ha invadido áreas que están fuera de su ámbito de acción, cuando ha pretendido regular las dimensiones de los campos de tiro; determinar las medidas de seguridad de uno de los deportes más seguros en nuestro país; criminalizó a los herederos, que muchas veces no saben de la existencia de armas de propiedad de su pariente fallecido, pero el reglamento fijó multas para ellos e incluso denuncias al ministerio público; pretende este reglamento decidir si las organizaciones deportivas pueden “funcionar como tal”, estas organizaciones están reguladas por la Ley del Deporte, una ley de mayor jerarquía que la misma ley de control e armas, peros las autoridades fiscalizadoras y el ignorante que redactó el reglamento complementario pretenden decidir si podemos o no funcionar.

El Informe N°930 emitido por Contraloría el 12 de junio de 2025, señala una serie de irregularidades en la AF028 y en la Prefectura de Control de Armas de Carabineros. Señalan que no se han hecho denuncias a la justicia por herederos que no han regularizado sus armas; tampoco se ha denunciado a los propietarios que no estaban al momento de la fiscalización; que no han retirado armas de personas fallecidas; que no han sancionado a quienes no han avisado a tiempo cambios de domicilio, y un largo etc. Que sólo pretende apretar a los propietarios de armas legales en Chile.

Sin embargo, no señalan nada sobre las armas retiradas a sus propietarios con engaños por las Autoridades Fiscalizadoras, cuando los hacen firmar actas de entrega voluntaria o cuando se llevan armas sin resolución o instrucción judicial, muchos menos mencionan la falta de rendición de carabineros de los dineros que reciben por la ley de control de armas.

Entre enero de 2021 y julio de 2024 carabineros recibió 11 mil 745 millones de pesos, correspondiente al 50% que la ley les asigna por ser autoridades fiscalizadoras. Según nos informó Carabineros por ley de transparencia, en ese mismo período, se gastaron 6 mil 344 millones de pesos, teniendo un saldo operacional de 5 mil 401 millones de pesos sin gastar. Insistiremos en que se nos informe el resto de las rendiciones a junio del 2025. Lo mismo le hemos solicitado a la Dirección General de Movilización Nacional, que dispone del otro 50% de los dineros recaudados por tasas de derechos de la Ley de Control de Armas.

En ninguna parte del informe se le pregunta a la Prefectura de Control de Armas de Carabineros por el arriendo de vehículos entre enero de 2023 y julio de 2024 por 988 millones de pesos; pareciera que tampoco les interesó que sólo para esta prefectura exista un costo de electricidad de 59 millones de pesos en 2 años y medio; tampoco generó interés el hecho de que en 2021 se contrataran CPR por un valor de 1.200 millones y en 2023 por 1.800 millones y otros 27 millones en administrativos. CPR en Carabineros se refiere a personal contratado por resolución, un tipo de contratación civil dentro de la institución.

Pareciera que el informe de contraloría carece de imparcialidad o, que al menos, tiene un sesgo que busca cargarle la mano solo a los dueños de armas. Darle una vuelta más a la tuerca que ya nos tiene extremadamente apretados por una ley hecha a la rápida sin mayor análisis, un reglamento elaborado por ignorantes y un gobierno que al igual que todos los últimos gobiernos está mal asesorado en materias de control de armas y seguridad pública.

No son tiempos fáciles para cumplir una ley deficiente, pero debemos cumplirla igual. Sean precavidos, acredítense uno o dos meses antes de la fecha de vencimiento y sin son de Santiago soliciten la hora al menos con 6 meses de anticipación. Debemos hacer notar que esta ley y su reglamento, con el aporte de las Autoridades Fiscalizadoras, han logrado generar la segunda lista de espera más extensa de los servicios públicos después de las de la salud pública. Con la diferencia que en nuestra lista de espera la gente no muere, sino que las denuncian a la justicia para que los acusen de algún delito.

Esta relación esquizofrénica entre la Dirección General de Movilización Nacional y las Autoridades Fiscalizadoras en manos de Carabineros genera inseguridad entre los dueños de armas. Pero este proceso ha ido generando, a su vez, certezas: Por ejemplo, ¿alguno de ustedes duda que con 6 mil millones al año se podría montar una agencia pública que se dedique profesionalmente al control de armas? Una agencia como el Registro Civil, que finalmente sólo deben recibir los papeles que presentamos y validarlos antes sus propios registros, y que carabineros y la PDI hagan las fiscalizaciones usando las mismas patrullas de las unidades policiales que usan hoy en día sin gastar un peso más.

Nos ahorraríamos dinero, sería más eficiente, amigable con el usuario y sin duda imparcial.

Recuerden que organizaciones como ANTRA, FECHITIDE siempre estamos dispuestos para ayudar y defender nuestros derechos.

Un abrazo, cuídense, cumplan con la ley, prepárense en el uso de sus armas.

Cristian Gamboa Beltramín, presidente ANTRA Chile.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS

El 10 de julio de 2024, en una reunión con el director de la DGMN, Jorge Hinojosa Riquelme y el jefe del DECAE, David Rojas González, entregamos un documento conteniendo nuestras observaciones y propuestas de modificación al Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas.

Un año después hemos vuelto a reiterar nuestras observaciones en un trabajo que nace del conocimiento que poseemos de la realidad que se vive en cada rincón del país. Diariamente recibimos reportes de nuestros asociados, deportistas, cazadores, coleccionistas, dueños de armas de defensa, comerciantes e importadores. Ellos detallan los problemas que, desde el punto de vista del usuario, les toca experimentar y también reportan la sensación que existe en las AAFF respecto a un reglamento de difícil aplicación, poco claro y demasiado especifico en las restricciones.

Todo esto es respaldado por múltiples organizaciones del mundo del tiro, lideradas por tres organizaciones principales:

1. AGAPECH: Asociación Gremial de Armerías Pesca y Camping de Chile AG, asociación fundada en el año 2007 ha reunido a las armerías y comercios del rubro, aunando criterios, participando en el debate parlamentario, presentando recursos administrativos y judiciales y trabajando en conjunto con otras organizaciones por la defensa de nuestros derechos.
2. FECHITIDE: Federación Chilena de Tiro Deportivo, la federación deportiva más grande y antigua de Chile. Hoy con sus casi 300 clubes tiene presencia en cada una de las otras federaciones y asociaciones deportivas. Es la organización que logro introducir los .22 semiautomáticos y las escopetas semiautomáticas para deporte, la que inscribió al primer menor de edad con armas de fuego, la que introdujo el concepto del deportista calificado, la que trajo el tiro práctico y las recargadoras a Chile. Una organización que desde el año 2.000 y antes desde el Club Famae, son parte de la historia del tiro deportivo. Y todo lo que han hecho, lo han hecho sin cobrar inscripción ni membresía, ni mucho menos certificados a sus clubes y deportistas.
3. ANTRA: Asociación Nacional por las Tenencia de Armas, organización gremial que ha liderado junta a las otras organizaciones, el lobby por nuestros derechos, que ha enfrentado a todos los gobiernos que han querido restringir nuestros derechos. ANTRA logro poner en la retina de la gente el tema de las armas de fuego y hoy tiene presencia, fuerza y argumentos necesarios para enfrentar la coyuntura siempre adversa.

No pretendemos hacer acusaciones o levantar sospechas sobre determinados actos de la DGMN o las AAFF respecto de los usuarios, sólo evidenciamos la casuística del día a día, no tenemos dudas, tenemos certezas. Por ejemplo, tenemos la certeza que hoy la relación entre la DGMN y las AAFF, en manos de Carabineros, cruza por uno de sus momentos más álgidos. Las AAFF simplemente no responden a la coordinación que por ley le corresponde a la DGMN y hacen interpretaciones y aplicaciones equivocadas de la ley y su reglamento.

En el documento entregado hacemos 139 observaciones y 164 propuestas al Reglamento Complementario vigente, 80 de ellas son prioritarias y requieren solución inmediata, 26 es necesario solucionarla en el corto plazo, 50 en el mediano plazo y 8 no son prioritarias, pero requieren algún grado de solución.

Por ejemplo, entre las urgencias a solucionar de inmediato están, entre otras:

1. Eliminar la presión sobre las organizaciones deportivas obligándolas a inscribirse ante la amenaza de no poder funcionar como tal. Por un lado, son organizaciones constituidas por una ley de categoría superior a la de control de armas, pero que además existen mucho antes que las modificaciones que generan este reglamento.
2. Solicitar un curso especializado a cazadores, deportistas y coleccionistas que tienen años y décadas de experiencia con armas de fuego, todos ellos avalados por años de pertenencia a clubes de tiro y caza. Solicitarle este curso a un habitante de zonas rurales de nuestro país, que usa su única escopeta para llevar comida a su mesa, es un acto discriminatorio. Ni hablar de obligarlo a tomar el mismo curso cada 5 años, con los altos costos que ello implica y el nulo aporte a la seguridad y manejo responsable de un arma.
3. Las arbitrariedades reiteradas que se cometen en las fiscalizaciones domiciliarias, desde exigirle a un tercero que les muestre las armas, algo expresamente prohibido en la ley y el reglamento. O simplemente que una persona del domicilio firme como si la fiscalización se hubiese efectuado para contribuir a las estadísticas, o lo que es aun peor, que cuando un usuario concurre a una AF a hacer un trámite, le hagan firmar un acta de una fiscalización que nunca se efectuó.
4. Restringir a los comerciantes e importadores poder transportar solo 6 armas sin protección de guardias armados y carros blindados. La solución de los comerciantes es hacer múltiples retiros de 6 armas, lo que tiene a Arsenales de Guerra con un colapso de atención.
5. Las normas respectos a campos de tiro o polígonos, largos de canchas, especificaciones de frontones, fosos con acceso lateral para armas largas. Todo esto no hace más que evidenciar el total y absoluto desconocimiento que se posee del tiro deportivo en el mundo civil. Alguien, sin cultura de armas, intento extrapolar el tiro militar o lo que decía un decreto de mediados de los 80, al tiro deportivo de hoy en día.
6. El uso de dispositivos de puntería en múltiples disciplinas deportivas y la caza mayor, hoy se ve truncado o muy complicado al pretender controlar, sin que se mencione en la ley, dispositivos que además de ser imposibles de rastrear, son intercambiables de un arma a otra. Pero quien hizo el reglamento señala que un arma con un dispositivo de puntería no registrado es un arma prohibida.
7. Restringir las capacidades de almacenamiento de los comerciantes e importadores sin siquiera hacer una distinción entre unos y otros. Claramente las capacidades de almacenamiento de un importador de municiones deben ser muy superiores a las de una armería.
8. No es posible que una armería en el sur de chile no pueda comprar más de 25mil tiros cada vez y termine haciendo una compra de 25 mil tiros a la semana. Lo mismo sucede con los deportistas y cazadores, le limitan a 1.000 tiros de munición única y 2.000 de munición múltiple el almacenamiento en su domicilio.
9. Es un sin sentido limitar la potencia de los electroschock o restringir a 12 micro segundos la duración del pulso, esto los hace inofensivos y por lo tanto inútiles para cumplir el objetivo de servir como instrumento de defensa o disuasión.

Observaciones como estas hay decenas, sólo hemos enumerado algunas, que no necesariamente son las más importantes, ese detalle está en el documento adjunto.

También hemos identificado una serie de trámites que son posibles implementar en línea, ayudando a descongestionar las AAFF y que no se produzcan los retrasos que hoy tenemos. Pero esa conversación la tendremos cuando veamos resultados respecto a lo que hoy nos convoca.

Desde la entrega del documento original en julio del 2024 hasta la fecha, no tuvimos resultado alguno, el reglamento se ha mantenido y aplicado generando situaciones graves en todo el país, desde retiro irregular de armas por parte de funcionarios de las AAFF, hasta cancelaciones de inscripciones sin el debido proceso y lo que esta expropiación implica.

Tenemos en el sur de Chile una prohibición de actuaciones de todos los dueños de armas y de todas las organizaciones deportivas dentro de las zonas en estado de excepción. Y ha sido la DGMN la que ha insistido en mantener esa prohibición sin ninguna prueba empírica de que ha servido de algo para detener la violencia en esas zonas. Con ellos suponen que nuestra gente, los que inscriben sus armas y respetan la ley, son quienes provocan esa violencia. Otra acusación gratuita que ya no pueden justificar ni sostener.

En cada una de las reuniones que hemos sostenido, hemos planteado nuestro ánimo de colaborar, desde la firmeza de nuestras convicciones, pero también con la voluntad de llegar a acuerdos que nos permitan transitar un camino seguro y cordial, sea con la DGMN u otro servicio público que se pueda hacer cargo de las Ley de Control de Armas.

Como resultado de nuestra entrega del documento con las observaciones, hemos obtenidos algunos acuerdos con la DGMN:

1. Compromiso de abordar los temas urgentes e intentar resolverlos vía resoluciones exentas durante los próximos 2 a 3 meses. Registro de federaciones y clubes, dispositivos de puntería, cursos de acreditación, transporte de armas por parte de comerciantes, etc.
2. Trabajar nuestras observaciones al Reglamento y abrir una línea directa de comunicación con el responsable de esa tarea al interior de la DGMN.
3. Reportar todas las irregularidades en las AAFF para irlas solucionando.

Aquí podrán descargar el documento que entregamos en la DGMN.

Un abrazo fraterno.

Por Cristian Gamboa Beltramín

Desde que Carabineros asumió el manejo de las Autoridades Fiscalizadoras, AAFF, supimos que habría un cambio y no sería positivo. Efectivamente en un principio, fueron los problemas normales de quienes se hacen cargo de una tarea en la que no tienen experiencia, pero luego comenzaron a aplicar normas que no estaban en la ley y su reglamento.

Nos pedían las vainillas de la munición que disparábamos, nos preguntaban para que queríamos tanta munición, que por vivir en un barrio peligroso no le darían permiso a una persona para inscribir un arma y un largo e incomprensible etcétera.

Meses después ya teníamos claras las metas de estas nuevas AAFF, comenzar un desarme lento por medio de dificultarle al ciudadano la inscripción de armas. Nació el biométrico, hubo resoluciones, actos administrativos y una seguidilla de errores de criterio y juicio que tuvimos que salir a denunciar para defender a nuestros usuarios.

Hoy, a casi 18 años en que la DGMN le entrego el manejo de las AAFF a Carabineros, los problemas no disminuyen, sino que aumentan. ¿Qué dice la Ley?:

El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de Movilización Nacional estará a cargo de la supervigilancia y control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros elementos similares de que trata esta ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros de Chile y, asimismo, de las autoridades asesoras que correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los servicios especializados de las Fuerzas Armadas, en los términos previstos en esta ley y en su reglamento.

Esto fija jerarquía y dependencia, se establece quien manda. En la práctica la relación ha sido casi esquizofrénica, carabineros ha ignorado instrucciones de la DGMN y cometido grandes errores que hemos debido judicializar.

Y en el medio de esto, nosotros, los usuarios que, enfrentados a un mismo trámite, en Arica, Santiago, Osorno y Punta Arenas, nos piden distintos requisitos. Estas disparidades de criterios podrían haber sido casuales e inadvertidas por carabineros, los primeros dos años. Pero ya llevamos 18 años y lejos de mejorar ha ido empeorando.

En la AF de La Serena fueron a fiscalizar a un usuario que no estaba en la ciudad y por lo tanto no se podía practicar la fiscalización, pero le hicieron firmar el acta de fiscalización a su esposa, sin ver las armas. Cuando el dueño concurrió a la AF, le dijeron que efectivamente era un error, pero ya que estaba ahí le hicieron firmar un acta de inspección en la oficina de la AF sin revisar una sola de las armas.

En Coyhaique, un antiguo deportista llevo una maquina al banco de pruebas para inscribirla y regularizarla, era el regalo de un amigo que había fallecido. Como naturalmente la máquina tenía restos de pólvora, asumieron que había sido utiliza y la declararon prohibida y la retuvieron. No contesta con eso la encargada de la AF concurrió al domicilio de la persona y se llevo todas las armas y municiones y lo denuncio al Ministerio Público. Cometiendo irregularidad tras irregularidad.

En Curicó a una persona que tenia una escopeta de un cañón, lo fiscalizaron, se llevaron el arma porque su acreditación estaba vencida, pero no llevaban ninguna resolución que lo ordenará. El usuario fue al psiquiatra hizo el curso y no lo dejaron acreditarse porque estaba “bloqueado”, le entregaron una resolución para retirarle el arma que ya le habían retirado, apelamos y la misma persona que firmo la resolución para retirarle el arma, firmo la resolución que termina el proceso y le devolverle su arma. Algo que cuesta entender.

Carabineros en cada resolución que emite, en cada acto administrativo que desarrolla, viola sistemáticamente la ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.

En las AAFF, de Arica a Punta Arenas hay funcionario que siempre atienden bien y a ellos los felicitamos en privado, porque cuando lo hemos hecho públicamente, a los días los sacaban de atención al público. Parece que atender bien y ayudar a los usuarios no es la política de los funcionarios a cargo de las AAFF.

Pero esto tiene otra arista, la económica. Carabineros por mandato de la Ley recibe el 50% de lo que se recauda por tasas de derechos, ese impuesto disfrazado que pagamos cada vez que respiramos dentro de una AF.

Entonces la DGMN entre enero de 2021 y julio de 2024 le transfirió a carabineros la suma de $11.745 millones de pesos, de los cuales carabineros solo ha rendido $6.344 millones de pesos ¿y los otros $5.400 millones de pesos?, algo no huele bien aquí.

De esos $6.344 millones de pesos, 59 millones es por gastos de electricidad, 20 millones por agua, 127 millones por combustible, 988 millones por arriendo de vehículos, 3.126 millones por contratos de CPR, estos funcionarios ex carabineros que han sido recontratados para labores puntuales.

Hemos solicitado las mismas rendiciones a la DGMN, para saber que hace con su 50% y que claramente no se gasta en infraestructura informática y mucho menos en diseñar, implementar y montar un sistema de base de datos fuerte, seguro y sobre todo eficiente y confiable.

Pero en esta estructura de poder, la DGMN ha cedido terreno a carabineros, al punto que cuando pedimos reuniones por ley del lobby el general director Jorge Hinojosa nos deriva a carabineros porque es de su competencia.

Y vuelvo a citar la ley:

La Dirección General de Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros de Chile.

¿Quién manda aquí?

Por Cristian Gamboa Beltramín – Presidente ANTRA Chile

El 4 de junio de 2019 la Contraloría General de la República emitió el informe N°899/2019 sobre auditoría al proceso de inscripción, custodia y destrucción de armas en la Dirección General de Movilización Nacional. En un oficio, el entonces contralor Jorge Bermúdez le informaba al ministro de defensa de la época, Baldo Prokurica de las conclusiones de este proceso de auditoría.

Un oficio similar recibiría el director de la DGMN de la época, Hugo Lo Presti Rojas, en el que se señalaba que debía “adoptar las medidas pertinentes, e implementar las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas”.

Algunas de las observaciones eran las siguientes:

• 72 personas figuraban con inscripciones de armas anteriores a su nacimiento.
• 22.987 personas con antecedentes penales y armas inscritas.
• 1.714 personas con antecedentes penales de violencia intrafamiliar y armas inscritas.
• 5.976 inscripciones armas fueron autorizadas por la DGMN, a través de las autoridades fiscalizadoras, a personas con antecedentes penales previos.
• 10.677 armas están bajo el “RUT cero”, por no contar con datos que permitan identificar a los propietarios de esas armas.
• 316 certificados de aptitud física y psicológicas fueron emitidos por 7 personas que no poseían el título de medicina.
• 132.921 personas fallecidas tenían inscripciones vigentes de 182.898 armas.
• $2.742 millones de pesos fueron transferidos por la DGMN a Carabineros, solo $1.124 millones fueron rendidos.

Y en julio de 2024, la Contraloría general de la República emitió el informe N°195/2024, de la misma forma se le envió oficio a la ministra de defensa Maya Fernández y al director general de la DGMN, Jorge Hinojosa Riquelme, quien actualmente continua en el cargo.

Esta vez las observaciones, además de reiterar algunas de las contenidas en el informe de junio de 2019 y que aparentemente nunca fueron corregidas, se enumeraban las siguientes:

• 61 médicos que no registraban la especialidad de psiquiatría emitieron certificados para la inscripción de 1.281 armas.
• Entre el 2021 y el 2022, 11 trámites fueron respaldados con certificados médicos emitidos por 4 profesionales, el problema es que estos profesionales estaban fallecidos. Uno de ellos, falleció en marzo de 1983 y emitió un certificado con el que se inscribió un arma en noviembre de 2014.
• Entre 2014 y 2023 un total de 30 tramites fueron respaldados por médicos no identificables y que se agruparon con el RUN 1-9.
• 9 personas con condenas iguales o superiores a 5 años, que poseen armas registradas efectuaron inscripciones y actualizaciones de datos durante el cumplimiento de la condena.
• A 30 personas con condenas vigentes no solo nunca se les retiraron las armas, sino que además estaban habilitados para efectuar trámites en el sistema.
• Del total de personas que se encontraban vigentes en el Registro de condenas del Servicio de Registro Civil, 725 registraban condenas por delitos con pena aflictiva.
• 18 estaban fallecidas, pero registraban trámites de compra de artificios pirotécnicos y municiones.
• Entre enero de 2019 y noviembre de 2023, 1.436 personas adquirieron 2 millones 600 mil municiones, de las cuales 427 mil no correspondían a los calibres de sus armas vigentes.
• Se advirtió el pago indebido de funcionalidades duplicadas del sistema de control de armas. Hablamos de que se pago dos veces por un mismo trabajo la suma de 102UF, alrededor de 4 millones de pesos.
• Se pagaron 104 UF, otros $4 millones por soporte y mantención que se encontraban cubiertos por el contrato de mantención vigente.
• Además, se pagaron 45 UF, otro millón ochocientos, por funcionalidades que no estaban contenidas en los requerimientos efectuados por la DGMN.

Las conclusiones de Contraloría son lapidarias y reflejarían que la institución a cargo del control de armas en Chile, no solo estaba haciendo un trabajo deficiente. Sino que, además, se habrían cometido irregularidades. Señala la Contraloría que:

• Falta control por parte de la DGMN en el proceso de control de armas.
• El plan de continuidad de servicios de Tecnología de la información esta desactualizados e incompletos.
• Los procedimientos de restauración de datos están desactualizados e incompletos.
• Existe falta de procedimientos para el monitoreo del sitio secundario de almacenamiento de los datos de control de armas de la DGMN.
• Hay bajos estándares en la creación de contraseñas de acceso al sistema de control de armas.
• No se hacen auditorías a la integridad de los registros del sistema de control de armas.
• La DGMN no efectuaba un control en los cambios o correcciones efectuadas por empresas externas a la aplicación de bases de datos del control de armas.

Las respuestas de la DGMN rayan en la comedia. “No mire, de las 18 personas fallecidas que compraron fuegos artificiales y municiones, sólo 11 estaban fallecidas y las otras 7 siguen vivas” o “nos equivocamos al digitar”; “es que nos equivocamos de rut al digitar el rut del médico psiquiatra y por eso aparece extendido por un profesional que estaba muerto”.

Muchas de las observaciones efectuadas por Contraloría podrían ser consideradas delitos, al menos “alguien” miro para el lado o hizo caso omiso de una situación, por decir lo menos, “extraña”.

¿Pero porque les cuento esta complicada historia?

Porque el Código Penal, en su artículo 175 señala que Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Fuerzas armadas, fiscales y demás empleados públicos, tiene la obligación de denunciar los hechos de su conocimiento y que podrían tener carácter de delito.

El plazo determinado para hacer esta denuncia lo señala el artículo 176 del mismo código penal. 24 horas desde que toman conocimiento.

En nuestra primera reunión con el director de la DGMN, cuando recién asumió el cargo, se lo dijimos claramente, aquí hay que hacer denuncias y perseguir a quienes miraron para el lado en las autoridades fiscalizadoras. Evidentemente no nos escuchó.

En agosto de 2024 solicitamos a la DGMN copia de las denuncias efectuadas al ministerio publico por los hechos reflejados en los informes de Contraloría señalados y preguntamos si se habían efectuado sumarios, además de pedir las copias de las conclusiones de dichos sumarios. Básicamente nos respondieron tres cosas:

1. “Esta Dirección General se encuentra realizando las gestiones necesarias para resolver las observaciones encontradas por la contraloría general de la República en ambos informes”.
2. Respecto a las inscripciones de armas a personas que mantenían antecedentes penales, se nos respondió y cito “no se instruyó sumario”.
3. Respecto a los certificados emitidos por personas que no eran médicos, que estaban fallecidos y los casos 9 personas con inscripciones y condenas mayores a 5 años, se nos señaló que, “se ha dispuesto Sumario Administrativo por resolución Exenta N°1613 de fecha 4 de julio de 2024. Luego se dispuso ampliación de objeto a investigar a través de resolución Exenta N° 1908 de fecha 31 de julio de 2024”.

Nunca se nos respondió explícitamente sobre la consulta por posibles denuncias al Ministerio Publico, como obliga el código penal. Solo se nos hizo llegar un “Acta de búsqueda de documentación”, donde en el párrafo final se señala, y cito textualmente:

“Del resultado de la búsqueda física efectuada en los archivos de documentación pasiva, se pudo constatar que no existe la documentación solicitada, por lo tanto, no es posible hacer entrega de copias de los documentos solicitados”.

En resumen, se nos dijo: “No, no se hicieron denuncias”. Pero nunca de manera explícita. No asumen responsabilidad.

Claramente, quedan muchos temas por tratar con respecto a la Dirección General de Movilización Nacional, por ejemplo, las rendiciones tanto de la propia DGMN como de Carabineros de los fondos de ley.

La insistencia en mantener prohibiciones de actuaciones de la gente que tiene armas en las zonas de excepción en el sur de nuestro país. Algo que fue decretado por un director anterior de la DGMN, pero que el actual director no ha querido derogar.

Y los incentivos al retiro: funcionarios del ejercito que son recontratados por la DGMN por unos años, para luego irse con millonarios incentivos al retiro muy superiores al de los funcionarios civiles de esa misma institución, también se lo señalamos al director, pero como muchas otras reuniones que tuvimos, pareciera que las olvido.

Los informes de Contraloria:

• INFORME FINAL 899-19 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE ARMAS
• INFORME FINAL 195-2024 DGMN SOBRE ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA HABILITADO PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS – JULIO 2024

Nuestra consulta y las respuestas de la DGMN:

• Acuse recibo de Solicitud Acceso a la Información – Ley de Transparencia
• Respuesta de la DGMN
• Acta de búsqueda de documentación

Aporte del colectivo de ANTRA

Cuenta la tradición política que la primera iniciativa para legislar una ley de control de armas surgió durante el gobierno de la Unidad Popular. Para sorpresa de todos fue la coalición gobernante la que presentó el primer proyecto para desarmar a un grupo específico de ciudadanos. La lógica tras la medida era evitar que estos se defendieran de las expropiaciones sumarias y las tomas violentas. Pero el proyecto en el Parlamento siguió otra dinámica: éste cambió de rumbo y se encaminó a ser una barrera contra los grupos armados subversivos que irrumpían en la contienda política. Es más, el brazo administrativo y operativo para ejecutar la ley recaería en las FF.AA. La Ley se promulgó en 1972. Como tantas cosas en la vida política chilena los que fueron por lana volvieron trasquilados. La Dirección General de Movilización Nacional sería la entidad responsable de aplicarla. En la práctica funcionarios del Ejército de Chile serían sus únicos gestores administrativos, la ética central de la ley era entonces impedir que los grupos subversivos se hicieran de armas.

Con la llegada de la democracia electoral en 1990, bajo los gobiernos de la Concertación, otras ideas empezaron a abrirse paso. Podemos resumirlas en los siguientes puntos: 1) Las FF.AA. eran sospechosas de apoyar el antiguo régimen, luego había que marginar al Ejército de las tareas de control. 2) Las armas en manos de civiles eran una realidad política indeseable para la idea concertacionista de una democracia sana y pacífica. 3) El desarme lo obstaculizaba el sistema binominal: la oposición conservadora en el Parlamento era partidaria de civiles armados, entonces había que avanzar por etapas. 4) Campeaba la peregrina sospecha que los delincuentes obtenían sus armas de los civiles. 5) Los Carabineros, por ser los combatientes naturales de la delincuencia, debían ser los principales administradores del futuro sistema de control de armas. 6) El Control de Armas pasaría a ejercerse desde el Ministerio del Interior tan pronto fuera posible. 7) El principal adversario enemigo de la paz y seguridad dejó de ser la subversión revolucionaria, eran ahora los civiles armados.

La excusa para estas absurdas cortapisas es que el honesto dueño de armas, a los ojos de la autoridad, no lo es…

Antes de 1990 las FF.AA. tenían por misión la seguridad externa encuadrada en Teatros de Guerra; Carabineros por el contrario estaba permanentemente en guerra contra el crimen organizado. La doctrina decía que los militares se preparaban para la guerra y que los Carabineros vivían constantemente en ella. La Disuasión para los primeros, la Detención por Sospecha para los segundos. Todo esto cambiaría con la nueva democracia y su justicia garantista: los Carabineros ya no buscaban al delincuente en el rebaño de mansos ciudadanos (eso es discriminación), ahora en adelante todos los ciudadanos eran iguales al ojo policial, ninguno merecía ser protegido a priori y todos serían sospechosos y potenciales delincuentes. Carabineros en el proceso quedó tristemente degradado en sus funciones preventivas.

Pero no todo sería un Valle de Lágrimas para las instituciones involucradas, el proceso de desarme ciudadano evolucionó acompañado de un creciente enjambre de tasas de derechos, impuestos disfrazados y gravámenes expropiatorias para los tenedores de armas. Los 500 mil dueños de armas se vieron inundados por una marea de restricciones, a lo que se sumó crecientes costos destinados a engrosar cuentas fiscales, que gozan en el presente de una sorprendente falta de control fiscal. Estamos enfrentados a un nuevo botín extractivo que se derrama generosamente sobre la DGMN y el OS11 de Carabineros o Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos. Los pocos intentos de fiscalización y transparencia de esa nueva área de exacción fiscal se han enfrentado a una muralla de opacidad administrativa sin precedentes en nuestro pasado republicano.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde los años 90s. El árbol del control de armas ha crecido en porte y frondosidad. Multitud de nuevos requerimientos: control mental del dueño, control relacionado sobre la violencia en el hogar, control y prohibiciones sobre la legítima actividad de la recarga, control domiciliario 14/7, control sobre el transporte, control sobre las consignaciones, control sobre las colecciones, examen periódico de manejo de armas, control anual sobre domicilio de las armas, más un largo etcétera. Todo a costa del dinero y tiempo del honesto y sacrificado dueño de armas de fuego. Al cual se le presume propenso al desorden mental, a la violencia intrafamiliar, a portar armas si la ocasión lo permite, a profitar de su afición, y otro largo etcétera. Los intentos de nuevas formas de control, muchas absurdas e incluso irrealizables, no han dejado de proliferar, entre ellas destacan la creación del archivo de la huella de percusión o huella balística, el control sobre los cartuchos usados, sobre las miras ópticas y sobre los cargadores adicionales, todo imposible de rastrear al no tener número de serie, un control imposible de implementar.

Esta frondosa maraña de prohibiciones ha aumentado en directa proporción al aumento incontrolable del crimen organizado. La excusa para estas absurdas cortapisas es que el honesto dueño de armas, a los ojos de la autoridad, no lo es. Entre otras cosas, porque sus armas serían el principal mercado para abastecer a los delincuentes, lo que se ha probado falso hasta la saciedad. El problema es que campea una nueva moral que exige poner al honrado legítimo dueño del arma en el mismo nivel ético y legal que al delincuente que porta y emplea un arma no inscrita, hasta que el primero no pruebe lo contrario. En resumen, la ley de control de armas se ha transformado en la antesala de la prohibición absoluta de las armas entre los ciudadanos civiles; hoy lo es al extremo de que es materia de un compromiso solemne de la primera magistratura. Por esto, la mejor prueba de templanza, estoicismo y fortaleza moral en el Chile actual es ser dueño legal de armas.

En los últimos años, hemos observado una creciente falta de conocimiento respecto a las armas en manos de civiles, ya sea para deporte, caza, defensa personal o colección. Esta situación se agrava debido a la aplicación deficiente de una ley cargada de prejuicios y a la imposición de un reglamento excesivo que contribuye a una sensación de desorden sistemático.

Cada día parece que la pérdida de control aumenta. Según nuestra evaluación, esto se debe a la descoordinación entre los tres organismos encargados de administrar esta ley, quienes parecen no querer trabajar en conjunto.

Por un lado, tenemos a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), bajo mando militar, que muestra un desconocimiento absoluto respecto a las armas en manos de civiles. No comprende el deporte, la caza, la colección ni la defensa personal. Esto se evidencia en el reglamento complementario de la Ley de Control de Armas, elaborado por la DGMN, que fija requisitos absurdos e inalcanzables, como campos de tiro de 300 metros para armas largas o la necesidad de contar con un vehículo para evacuar heridos en campos de tiro civiles, algo innecesario dado que no se registran heridos en estos lugares.

Además, la DGMN cuenta con personal civil en todos sus estamentos, pero sigue operando bajo una lógica militar, sin intercambio de experiencias y opiniones. Una parte importante de este personal civil son personal de las fuerzas armadas en retiro y muchos provienen del ámbito de inteligencia.

Por otro lado, las Autoridades Fiscalizadoras, a cargo de Carabineros, tienen su propia estructura jerárquica y dependen del Ministerio del Interior, lo que impide una coordinación efectiva con la DGMN. Esta falta de coordinación se convierte en un conflicto constante sobre quién tiene el control.

Finalmente, el Banco de Pruebas, definido como un organismo asesor con su propio mando militar, actúa de manera independiente, tomando decisiones y emite resoluciones más allá de sus atribuciones y capacidades, contribuyendo a la competencia mal entendida.

Todo esto hace imposible una coordinación y colaboración eficaz, dificultando la implementación de una política pública efectiva. Los casi 6 mil millones de pesos que ingresan anualmente por las tasas de derechos pagadas por los usuarios, se reparten entre la DGMN y las Autoridades Fiscalizadoras, pero no reflejan la calidad del servicio que recibimos. En la práctica, el servicio es mediocre y deficiente.

La falta de control, los malos índices de fiscalización y las evaluaciones negativas de los usuarios indican que algo no funciona bien. La DGMN, que depende de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, debería ser fiscalizada y corregida por esta Subsecretaría. Sin embargo, hay descontrol y deficiente fiscalización, ya que la Subsecretaría parece preferir omitir antes que intervenir y controlar a la DGMN. El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, no tiene injerencia en las Autoridades Fiscalizadoras, que dependen de Carabineros y del Ministerio del Interior, creando una estructura descontrolada.

Cuando la Contraloría General de la República emite informes señalando irregularidades que constituyen delitos, la DGMN responde con sumarios administrativos en lugar de denunciar estos delitos al Ministerio Público, como establece el Código Procesal Penal. Hasta ahora, la DGMN no ha presentado una sola denuncia a la justicia, incumpliendo con su deber y cometiendo delitos al no hacerlo.

Debemos ser justos y reconocer dos aspectos. Primero, el director de la DGMN, proveniente del ámbito militar, no está en su medio natural y se ve influenciado por asesores que lo inducen a error. Segundo, aunque la DGMN ejerce la supervigilancia según la ley, no son ellos quienes inscriben las armas, sino las Autoridades Fiscalizadoras en manos de Carabineros.

Mientras tanto, se habla de descontrol de armas en Chile y se culpa a los propietarios legales, aunque sabemos que es imposible que alguien con antecedentes penales inscriba un arma sin la complicidad de algún funcionario público. Este diálogo de sordos permite que los delincuentes inscriban armas, que los certificados médicos sean emitidos por psiquiatras fallecidos y que el crimen organizado infiltre las estructuras del Estado.

Cristian Gamboa Beltramín, Presidente ANTRA Chile

A fines de enero de este año 2024, presentamos cerca de 60 recursos de amparo y/o protección en Cortes de Apelaciones de todo el país, el objetivo era detener la aplicación del Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas, todos los recursos fueron presentados contra el Presidente de la República, Gabriel Boric Font.

Sólo cuatro fueron aceptados en la Corte de Apelaciones de Concepción, que solicitó informe a la Ministra de Defensa y luego señalo que le correspondía ver esta causa a la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que el recurrido era el Presidente de la República con domicilio en esa ciudad.

La Corte de Apelaciones de Santiago se declaró incompetente y señalo que al haber encargado una diligencia y ya que el recurrente alegaba que la violación de derechos constitucionales habría ocurrido en Concepción, le correspondía a la Corte de Apelaciones de Concepción verlo. Se provocó entonces una contienda de competencia y fue a la Corte Suprema la que resolvió el 8 de abril que debía verlo la Corte de Apelaciones de Concepción.

El 10 de abril la Corte de Apelaciones de Concepción resuelve:

El 24 de abril el Presidente de la República, la ministra de Interior y la ministra de Defensa ingresaron un escrito solicitando una ampliación del plazo y acumular todas las causas en una sola. El 7 de mayo ingresaron una segunda solicitud de ampliación de plazo y la Corte de Apelaciones de Concepción lo otorgó, pero señalo que era la última vez y de no presentarlo resolverían sin ese informe.

Recién el 20 de mayo, dos días después de vencido el plazo, el presidente Boric, la ministra Tohá y la ministra Fernández ingresaron un informe de 69 páginas con una serie de argumentos que en resumen buscan desvirtuar nuestra presentación.

El 24 de mayo se hizo parte de la causa el Consejo de Defensa del Estado.

Con esto sólo debíamos esperar que se nos pusiera en tabla para que se vieran los recursos acumulados por parte de una de las salas de la Corte de Apelaciones de Concepción. Esto sucedió el mismo viernes 24 de mayo y se puso en tabla para hoy martes 28 en la Primera Sala. Solicitamos suspensión para otra fecha y se otorgó ayer lunes.

Ha sido un camino más largo de lo que esperábamos, pero estamos confiados en que hasta el momento hemos obtenido pequeños y significativos triunfos:

1. Hemos logrado que una Corte de Apelaciones acogiera 4 recursos de protección, lo que implica que al menos consideran posible que efectivamente se vulnerarán derechos constitucionales con la promulgación del Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas.
2. El presidente Boric ha sido requerido por el Poder Judicial para que informará sobre el contenido de los recursos.
3. Los escritos ingresados por parte del gobierno fueron firmados por el presidente y dos ministras de estado, algo muy poco frecuente.
4. El gobierno tuvo que pedir ampliación de plazo en dos ocasiones, lo que demostró incomodidad y falta de preparación para enfrentar una situación que nunca pensaron se produciría.
5. El informe entregado por el gobierno es una radiografía exacta de lo que piensa el Estado de Chile, los cuerpos legales en que basan sus argumentos y lo que fundamenta su ideología anti armas. Hoy sabemos como piensan y en que se basan y podemos establecer que esto es una política del Estado de Chile y no del gobierno de turno.

Somos “David contra Goliat”, una pelea absolutamente desigual en que nos enfrentamos a un ejército de abogados, al Consejo de Defensa del Estado y la infinita billetera del Estado de Chile. Pero sabemos que tenemos la razón, tenemos la decisión e infinita convicción que durante años nos ha guiado en esta desigual lucha por nuestros derechos.

Esta es una de muchas etapas en nuestra cruzada, en la que hemos logrado posicionar el tema, hemos instalado la inquietud en los legisladores que han ido comprendiendo que el problema no son nuestras armas, sino las ilegales y que nosotros no surtimos el mercado ilegal. Sistemáticamente hemos ido venciendo etapas, poniendo banderas, convenciendo escépticos, derrumbando mitos y falsos argumentos. Hemos logrado identificar sus paradigmas para poder centrar el debate y construir una plataforma de argumentos serios e irrefutables.

Pero lo principal es que hemos podido construir redes de apoyo, construir un camino común junto a otras organizaciones, como la Federación Chilena de Tiro Deportivo, FECHITIDE; la Asociación Gremial de Armerías, AGAPECH; la Asociación de Armeros de Oficio; la Agrupación de Coleccionistas de Armas de Fuego y otras organizaciones gremiales y deportivas. Con ellas hemos constituido la Coalición por armas Legales y le hemos dado más fuerza a David para enfrentar a Goliat.

Hoy estamos en una campaña de reunir fondos para enfrentar esta defensa ante la Corte de Apelaciones de Concepción, debemos pagar abogados y viajes a Concepción. Las audiencias online ya no están en práctica, aunque el abogado del Consejo de Defensa del Estado solicito alegar vía zoom, pero la CA aun no le responde.

Entre algunos asociados de ANTRA ya hemos reunidos una parte de esos fondos, lo necesario para pagar el 50% de los honorarios de los abogados, pero aun nos falta el 50% restante y los necesario para los viajes y estadía en concepción. Necesitamos de su ayuda y apoyo para reunir lo que falta y así poder defender estos recursos judiciales.

Les solicitamos su aporte, para poder continuar esta lucha y dar otro paso más junto a todos los que ya hemos dado por más de 16 años.

Pueden hacer su aporte en el siguiente enlace:

https://www.flow.cl/btn.php?token=31bkabg

O por medio de este QR:

Está es la defensa de todos los dueños de armas de fuego en Chile

Iremos actualizando el desarrollo de los alegatos en nuestras RRSS.

¡¡Muchas gracias!!

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenenecia responsable de Armas
ANTRA Chile