El jueves 30 de noviembre del año en curso, ingreso por tercera vez a Contraloría General de la República el DS-32, que contiene el texto que modifica el reglamento complementario de la Ley 17.798 de Control de Armas y Explosivos. Esta modificación busca introducir los cambios necesarios para implementar las modificaciones hechas a la ley el 25 de enero del 2022.

Este reglamento ingreso por primera vez a la Contraloría General de la República el 26 de enero de 2023, fue retirado el 13 de febrero, y vuelto a ingresar el 2 de mayo, el cual nuevamente fue retirado el 28 de septiembre y ahora ingresado nuevamente por tercera vez el 30 de noviembre de este año.

En el segundo ingreso hicimos las observaciones y denuncias por ilegalidades e inconstitucionalidades contenidas en este texto, logramos ingresar casi 30 mil denuncias.  Con esto se detuvo la tramitación y comenzaron una ronda de reuniones con la misma Contraloría General de la República, con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Movilización Nacional. En cada una de ellas les hicimos ver nuestros reparos al reglamento propuesto por la Dirección General de Movilización Nacional, explicamos claramente los motivos y fundamentamos a cada uno de ellos.

En cada una de estas reuniones se nos señaló que se harían los cambios, que se estudiarían nuestras observaciones y propuestas, incluso en la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, el jefe de gabinete del subsecretario dijo claramente que nos llamarían para continuar con el estudio del texto.

Nada de esto ocurrió, no nos llamaron, cuando pedimos reuniones por ley del lobby fuimos derivados a funcionarios sin ningún poder de decisión. El resultado fue un tercer ingreso con los mismos vicios de los anteriores, pero ordenados de distinta manera, redactados con matices distintos, pero igualmente deficientes que demuestran el total desconocimiento de la realidad de las armas en manos de civiles para defensa, deporte, caza o colección.

En este tercer ingreso se insiste en golpear a quienes poseemos armas legalmente inscritas, a quienes practicamos deporte, caza, colección o queremos defendernos apegados a la ley, aplicando restricciones absurdas que no conducen ni aportan nada al problema real, que son las armas ilegales en manos de delincuentes. Majaderamente se sostiene que somos potenciales delincuentes dispuestos a violar la ley, se nos persigue junto a nuestras organizaciones gremiales y deportivas.

Al igual que cuando la Dirección General de Movilización Nacional, en 2022, nos convocó a hacer aportes para la redacción de este reglamento, esta vez nuevamente se ignoró cada una de las observaciones que hicimos. Hasta el segundo ingreso podríamos haber estado de acuerdo en que se trataba de un desconocimiento de nuestra realidad, pero hoy es imposible negar que aquí hay mala fe. Hoy queda claramente establecido que las autoridades de la Dirección General de Movilización Nacional y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas han puesto en marcha una estrategia de desarme encubierto, hoy no pueden negarlo y claramente no pretenden disimularlo.

Este nuevo reglamento pretende acabar con los campos de tiro, con las organizaciones deportivas y con el comercio de armas. El comercio relacionado exclusivamente con armas de fuego y sus municiones significa, solo por conceptos de venta entre enero de 2020 y junio de 2023, un total de 58.900 millones de pesos que se mueven en nuestra economía. Prácticamente 1.100 millones de pesos mensuales que generan empleos a miles de trabajadores y sus familias. Los cambios que la Dirección General de Movilización Nacional pretende, solo en términos comerciales, significa terminar con una actividad económica relevante.

Los cambios que se pretenden respecto del control de campos de tiro, las exigencias absurdas que pretenden normar una de las actividades deportivas más seguras que se desarrollan, amenazan con hacer impracticable el deporte del tiro deportivo.  Las nuevas exigencias que se plantean condenan a la extinción a los coleccionistas y a los cazadores e imposibilitan que la ciudadanía se pueda defender con armas de fuego de una delincuencia incontrolable.

Muchos de los cambios propuestos generan conflictos con otras leyes tan importantes como la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos del estado que rigen la actuación de los órganos del estado; la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana; la Ley 21.180 sobre transformación digital del estado; la Ley 19.712 sobre el deporte y sus organizaciones y muchas otras disposiciones, normas, leyes y reglamentos vigentes. Esto denota la intención de transformar la Ley 17.798 de Control de Armas y Explosivos, cuya finalidad es solamente regular el registro y fiscalización en una supra ley capaz de determinar incluso el actuar del poder judicial, uno de los tres poderes del estado.

Este desarme encubierto, que hace años venimos denunciando, se quiere imponer por secretaria, liderado por la Dirección General de Movilización Nacional, secundado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa y apoyado por la propia Contraloría General de la República.

Los responsables, de cada uno de estos desaciertos, son personas con nombre, apellido, rut y dirección física. Son quienes han estado atentando en contra de ciudadanos chilenos, nada más que por ambición, autoritarismo y por supuesto el dinero que les dejan las tasas de derechos que ellos mismos determinan. Algunos de ellos son los mismos que a codazos se abren camino para recibir millonarios incentivos al retiro, incluso después del retiro.

Desde este desapego de la realidad dictan resoluciones, inventan requisitos, aumentan los costos y proponen más limitaciones a nosotros, los que pagamos por nuestras armas, las inscribimos legalmente y hacemos un esfuerzo constante por respetar la ley. La calidad del servicio, las incongruencias en sus resoluciones, pero principalmente su indiferencia a la legislación vigente ha logrado imponer medidas inexistentes y sin respaldo legal. Con todas esas deficiencias pretenden escribir el reglamento de una ley fundamental que regula la mayor reserva de municiones y armas ligeras del país, sin contar que somos los más preparados para su uso. Poseemos casi 800 mil armas y algunas municiones de reserva por si fuera necesario.

Con gratitud y determinación,

Coalición por Armas Legales

Santiago, 7 de diciembre de 2023.

Santiago, 4 de octubre de 2023.-

El 28 de septiembre, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas retiró el DS-32, el Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos, de la Contraloría General de la República. Este reglamento, que había sido presentado en enero de este año, retirado en febrero, vuelto a ingresar en mayo y nuevamente retirado en septiembre, ha sido objeto de una serie de vaivenes que han sembrado incertidumbre y preocupación en nuestras comunidades.

La situación es la siguiente: la Ley 21.412, promulgada en enero de 2022 por el Congreso Nacional, establece en su artículo tercero transitorio que “Las modificaciones al reglamento complementario de la ley N°17.798 deberán ser dictadas en el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley”. Con el objetivo de cumplir este plazo, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), a través del Ministerio de Defensa, presentó un borrador del reglamento a la Contraloría. Sin embargo, este documento distaba mucho de ser lo que necesitábamos: un reglamento terminado, adecuado, razonable y legal.

Ante estas circunstancias, decidimos emprender una campaña de denuncias contra lo que considerábamos disposiciones ilegales, inconstitucionales y atentatorias contra la posesión de armas de fuego por parte de civiles. Este reglamento restringía severamente actividades como el tiro deportivo, la colección y la caza, y complicaba enormemente la posesión de armas de defensa. En un esfuerzo conjunto, presentamos casi 30.000 denuncias a la Contraloría General de la República en tan solo 30 días. Numerosas organizaciones, lideradas por la Coalición de Armas Legales integrada por ANTRA, la Federación Chilena de Tiro Deportivo (FECHITIDE), la Asociación Gremial de Armerías, Pesca y Camping de Chile (AGAPECH), la Agrupación de Coleccionistas de Chile y la Asociación de Armeros de Oficio, participaron activamente en este proceso.

A pesar de nuestros esfuerzos y las reuniones mantenidas con las autoridades pertinentes, el reglamento continuaba siendo problemático. Esta situación revela un profundo desconocimiento sobre nuestras actividades y un desajuste significativo entre las regulaciones propuestas y nuestras prácticas legítimas.

Este segundo retiro del reglamento complementario es un fracaso en la gestión de la DGMN, que nunca quiso escuchar nuestros aportes a la discusión. Es incomprensible que persistan en cometer errores que van en contra de nuestros derechos y actividades legales. Desde 2013, hemos venido escuchando la idea de instaurar las mismas restricciones, los mismos argumentos basados en supuestos equivocados, la misma prepotencia propia de la más absoluta ignorancia. Siempre provenientes de la misma persona que ha logrado mantenerse a pesar de los cambios internos en la DGMN: el señor Gonzalo Palacios Herrera (Ver reportaje de CIPER), asesor del actual jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, Víctor Riffo Aranda, coronel de ejército. Esta dupla es la responsable del fracaso del Reglamento Complementario, y no hay otros culpables.

Lo que se espera ahora es simple y claro: modificar el reglamento actual conforme a lo ordenado por la ley 21.412. Eliminar todo lo que no esté relacionado con las modificaciones establecidas por dicha ley es fundamental. Sin embargo, nuestra posición es clara: este reglamento debe ser redactado de nuevo. Para lograr esto de manera efectiva y justa, es imperativo que las organizaciones sociales que tienen el conocimiento, la experiencia y las capacidades participen activamente en este proceso. Estamos dispuestos a ayudar y apoyar activamente en este proceso.

Hemos solicitado reuniones por medio de la ley del lobby con la Contraloría General de la República para entender los posibles escenarios y los plazos, con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para reiterar nuestro deseo y capacidad de colaborar en la redacción de un reglamento moderno y centrado en el control y no en la prohibición, y con la Dirección General de Movilización Nacional para conocer su estrategia de trabajo y ser parte de los equipos de trabajo.

En las próximas 48 horas, comenzaremos a implementar acciones concretas destinadas a lograr nuestra participación activa en estos espacios de consulta. Utilizaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición y contamos con el apoyo decidido de organizaciones deportivas y gremiales para asegurar que nuestras preocupaciones sean escuchadas y debidamente consideradas.

Agradecemos profundamente su continuo respaldo y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad, el respeto a la ley y la promoción de prácticas responsables en el ámbito de las armas de fuego en Chile.

Con gratitud y determinación,

Coalición por Armas Legales