En los últimos años, hemos observado una creciente falta de conocimiento respecto a las armas en manos de civiles, ya sea para deporte, caza, defensa personal o colección. Esta situación se agrava debido a la aplicación deficiente de una ley cargada de prejuicios y a la imposición de un reglamento excesivo que contribuye a una sensación de desorden sistemático.

Cada día parece que la pérdida de control aumenta. Según nuestra evaluación, esto se debe a la descoordinación entre los tres organismos encargados de administrar esta ley, quienes parecen no querer trabajar en conjunto.

Por un lado, tenemos a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), bajo mando militar, que muestra un desconocimiento absoluto respecto a las armas en manos de civiles. No comprende el deporte, la caza, la colección ni la defensa personal. Esto se evidencia en el reglamento complementario de la Ley de Control de Armas, elaborado por la DGMN, que fija requisitos absurdos e inalcanzables, como campos de tiro de 300 metros para armas largas o la necesidad de contar con un vehículo para evacuar heridos en campos de tiro civiles, algo innecesario dado que no se registran heridos en estos lugares.

Además, la DGMN cuenta con personal civil en todos sus estamentos, pero sigue operando bajo una lógica militar, sin intercambio de experiencias y opiniones. Una parte importante de este personal civil son personal de las fuerzas armadas en retiro y muchos provienen del ámbito de inteligencia.

Por otro lado, las Autoridades Fiscalizadoras, a cargo de Carabineros, tienen su propia estructura jerárquica y dependen del Ministerio del Interior, lo que impide una coordinación efectiva con la DGMN. Esta falta de coordinación se convierte en un conflicto constante sobre quién tiene el control.

Finalmente, el Banco de Pruebas, definido como un organismo asesor con su propio mando militar, actúa de manera independiente, tomando decisiones y emite resoluciones más allá de sus atribuciones y capacidades, contribuyendo a la competencia mal entendida.

Todo esto hace imposible una coordinación y colaboración eficaz, dificultando la implementación de una política pública efectiva. Los casi 6 mil millones de pesos que ingresan anualmente por las tasas de derechos pagadas por los usuarios, se reparten entre la DGMN y las Autoridades Fiscalizadoras, pero no reflejan la calidad del servicio que recibimos. En la práctica, el servicio es mediocre y deficiente.

La falta de control, los malos índices de fiscalización y las evaluaciones negativas de los usuarios indican que algo no funciona bien. La DGMN, que depende de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, debería ser fiscalizada y corregida por esta Subsecretaría. Sin embargo, hay descontrol y deficiente fiscalización, ya que la Subsecretaría parece preferir omitir antes que intervenir y controlar a la DGMN. El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, no tiene injerencia en las Autoridades Fiscalizadoras, que dependen de Carabineros y del Ministerio del Interior, creando una estructura descontrolada.

Cuando la Contraloría General de la República emite informes señalando irregularidades que constituyen delitos, la DGMN responde con sumarios administrativos en lugar de denunciar estos delitos al Ministerio Público, como establece el Código Procesal Penal. Hasta ahora, la DGMN no ha presentado una sola denuncia a la justicia, incumpliendo con su deber y cometiendo delitos al no hacerlo.

Debemos ser justos y reconocer dos aspectos. Primero, el director de la DGMN, proveniente del ámbito militar, no está en su medio natural y se ve influenciado por asesores que lo inducen a error. Segundo, aunque la DGMN ejerce la supervigilancia según la ley, no son ellos quienes inscriben las armas, sino las Autoridades Fiscalizadoras en manos de Carabineros.

Mientras tanto, se habla de descontrol de armas en Chile y se culpa a los propietarios legales, aunque sabemos que es imposible que alguien con antecedentes penales inscriba un arma sin la complicidad de algún funcionario público. Este diálogo de sordos permite que los delincuentes inscriban armas, que los certificados médicos sean emitidos por psiquiatras fallecidos y que el crimen organizado infiltre las estructuras del Estado.

Cristian Gamboa Beltramín, Presidente ANTRA Chile

Por: Esteban García Mahías

La visita de John Lott a Chile, organizada por ANTRA, FECHITIDE y AGAPECH, resulta una muy buena noticia para el nivel del debate sobre el desarme que se produce en Chile. Entre muchas lecciones que dejó, Lott, quizás el mayor experto mundial sobre el fenómeno de las armas de fuego en manos de civiles, dejó una en particular que puede cambiar la óptica en torno a la discusión que se da en todo el cono sur sobre el acceso a éstas.

Según Lott, quien fue asesor del departamento de Estado estadounidense durante la administración de Trump y que viene de asesorar al gobierno ecuatoriano por la crisis de seguridad que afecta a ese país, los más perjudicados cuando las restricciones al derecho a la defensa se aplican en los países son precisamente las personas más vulnerables, y mencionó a las mujeres, las personas mayores y las personas socioeconómicamente más deprivadas.

La conclusión del autor de “Más Armas, Menos Crimen” y “Mitos sobre el control de armas de fuego”, se basa en más de tres décadas de investigaciones propias tanto en Estados Unidos como en el resto de los países del mundo y datos recopilados a través de más de un siglo de registros en torno a la prohibición de armas.

Respecto del caso chileno, Lott destacó que “cuando los carteles de la droga detectan debilidad en un país para combatir el crimen, es precisamente dónde instalan sus principales centros de operación”. El economista advirtió que estamos al principio de un camino que será difícil de abandonar, una vez que el crimen organizado consolide su influencia en nuestro país.

Como recomendación, el académico de renombre mundial, sugirió poner el énfasis de los esfuerzos por revertir la agenda anti armas no en los números, sino en el accionar de la delincuencia. Al respecto el Dr. John Lott extendió el desafío de encontrar un solo país en el mundo en el que las tasas de homicidio y delincuencia se hayan reducido luego de aplicar prohibiciones a las armas de fuego y a las personas observantes de la Ley para usarlas de manera autónoma en la defensa de sus vidas y propiedad.