Hoy hemos tenido una reunión con el director de la DGMN y su equipo asesor para conversar temas que hoy nos perjudican en la aplicación del reglamento complementario. Le expusimos los casos de usuarios a lo largo del país que reflejan no sólo la disparidad de criterios, sino la creación imaginativa de normas, plazos y requisitos que no existen en ninguna parte.

Conversamos por más de 2 horas, le relatamos casos concretos y le expusimos nuestras preocupaciones, pero también le hablamos de nuestra propuestas y de nuestra disposición a ayudar en la implementación de un reglamento que, desde nuestra perspectiva, siempre adoleció de problemas.

Se explico porque nuestro “tiro deportivo” es tan diferente al tiro institucional militar, se habló de los campos de tiro deportivos, de la tradición de sus costumbres, y de las limitaciones absurdas que nos han colocado con esta legislación y de cómo proponemos implementar y ejercer un control eficaz y eficiente, pero que no abuse y pase a llevar a los legítimos dueños de armas de fuego, así como a los clubes deportivos, los cazadores y coleccionistas.

Tenemos mucho trabajo por delante, hay que sistematizar mucha información para poder ir buscando soluciones reales.

Le hicimos ver claramente nuestras reservas y aprehensiones respecto al Reglamento complementario y especialmente sobre quienes participaron de su redacción, de sus actitudes pocos respetuosas de los acuerdos que en aquella oportunidad habíamos adquirido.

A la hora de hacer el balance, debemos señalar sin duda alguna que fue positivo y porque no, también prometedor. Pero hay mucho trabajo que hacer.

Es esencial que cuando cada uno de los usuarios de la ley tenga un problema o se le impida efectuar un trámite, se nos informe, con un relato de lo que sucedió, identificando quien y en que AF fue el problema. Cada una de estos eventos serán comunicados por nosotros al director vía OIRS, pero también por vía directa al director. Esta es la única manera de detectar y excplicitar los problemas. indentificar los puntos criticos y comenzar a solucionarlos.

Como primer paso acordamos cooperar en la redacción de un Manual de Procedimientos, que nos permita transparentar la implementación de este Reglamento.

De nosotros depende en gran medida esta primera etapa.

Cuando revisamos las versiones preliminares del Reglamento Complementario, a inicios del 2023, comprendimos dos cosas:

1. Aquí se cristalizaba el discurso de un funcionario de la DGMN que durante años habíamos escuchado y que se resumía en que hay que evitar las armas en manos de civiles, hay que restringirlos hasta extinguirlos.
2. Era evidente que muchas de las medidas propuestas no serían fáciles de implementar y la historia y la conducta de la DGMN indicaban que no podrían hacerlo.

Y aquí estamos, prácticamente en el mes de mayo de 2024, y nuevamente fallando en:

Registro de dispositivos de puntería

Los usuarios no han podido cumplir con el registro de sus dispositivos de puntería tal como señala el Capitulo X del Reglamento Complementario que en su único articulo señala:

El citado articulo de la ley se refiere a armas, artefactos y municiones de posesión prohibida y el literal g) específicamente señala que son de posesión prohibida los siguiente:

g)    Ametralladoras y subametralladoras, metralletas o cualquiera otra arma automática o semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería.

Los usuarios, que por cientos han concurrido a las AAFF de todo el país, se han visto imposibilitados de registrar sus dispositivos de puntería. La respuesta es siempre la misma, “no tenemos como hacer el registro en la base de datos de la DGMN”. Hoy no es posible cumplir el artículo 175 del Reglamento Complementario porque la autoridad encargada de implementar su cumplimiento y que además fue la que propuso -sin fundamento alguno- este artículo, aún no es capaz de hacerlo.

Registro de clubes y federaciones

Clubes y federaciones no se han registrado, a pesar que por décadas han sido reconocidos por la DGMN. Cada vez que entregábamos un certificado con el que los deportistas obtenían permisos de transporte o inscribían armas para deporte, las AAFF los aceptaban como válidos y cuando tenían dudas se comunicaban con los presidentes de las federaciones para verificar autenticidad. Es decir, por décadas se ha reconocido la existencia de federaciones y sus clubes afiliados, pero hoy quieren que los clubes y las federaciones se registren y por supuesto paguen una tasa de derecho. Incluso señalan en el artículo 98 del Reglamento Complementario que en caso de no aprobarse esta inscripción no podrán funcionar.

“Después de verificar la información aportada y el cumplimiento de las medidas de seguridad, de constatarse su suficiencia, la A.F. remitirá por medios electrónicos los antecedentes a la DGMN para que ésta realice las inscripciones solicitadas. En caso contrario la solicitud será rechazada y la entidad solicitante no podrá funcionar como tal.”

Pero el módulo para que esta inscripción o registro se efectué aún no está implementado en la base de datos registral de la DGMN, y las AAFF están imposibilitadas de hacerlo. Nuevamente el mismo servicio público que diseño y redacto una norma, a nuestro parecer inútil y sin sentido, no ha podido implementar los requerimientos para su cumplimiento.

Patentes municipales

Las municipalidades han dicho que no pueden entregarle patente a clubes, porque son entidades sin fines de lucro y la ley de Rentas Municipales las exime de patente comercial. Algo que señalamos en su momento y hace muchos años atrás se lo planteamos como una ilegalidad a la DGMN, pero nuevamente la tozudez y el desconocimiento del mismo funcionario de siempre lograron inducir a este error.

Implementación de cursos de tiro

Aún se está desarrollando el proceso de acreditación ante la DGMN de los instructores que darán los cursos de acreditación para los usuarios de la Ley. Luego deberán presentar sus antecedentes antes las AAFF de sus domicilios, para que sean revisados por estas, aprobados, registrados y habilitados como instructores.

No se ha comenzado con la acreditación de las personas jurídicas comerciales que implementarán estos cursos de acreditación, además deberán tener armas inscritas y sus respectivas municiones a nombre de la persona jurídica comercial. Estas empresas podrán ser constituidas especialmente para estos fines, o bien podrán ser clubes de tiro o federaciones que se registren, inscriban armas y se hagan consumidores habituales de munición y luego implementen estos cursos con los instructores que hoy están en proceso de acreditación. Nuestra propuesta siempre fue que los instructores debieran ser reconocidos y acreditados por los clubes y las federaciones y estas instituciones encargarse de impartir estos cursos, nuestra propuesta de siempre fue que se les entregara esta labor a las entidades deportivas. Ambos entes, son los que más saben de armas de fuego en manos de civiles, sus normas de seguridad y su uso eficiente. Pero nos ignoraron, ellos eran dueños de la verdad. Ni siquiera se ha comenzado con el proceso de inspección y acreditación de los campos de tiro, para que estas capacitaciones se puedan realizar, y todo esto debe estar listo antes del 1 de julio de este año, que es la fecha de entrada en vigencia de esta parte de la norma. Es evidente que no alcanzarán y si lo hacen permítanos dudar de la acuciosidad con que se efectuarán estas acreditaciones.

Campos de tiro

Dictaron normas para los campos de tiro desde la perspectiva del tiro militar. Siempre señalamos que las normas que proponían para regir los campos de tiro eran equivocadas, que imponían un enfoque militar -copiadas de un extemporáneo e inaplicable decreto N°50 y de la ANMaC Argentina-. El tiro deportivo es una actividad que por décadas ha sido desarrollada de manera segura y libre de accidentes por parte de clubes deportivos reconocidos y conformados de acuerdo a la Ley 19.712 o Ley del Deporte y que hoy si no se registran ante la DGMN estarían impedidos de funcionar. Pero adivinen, no nos escucharon porque ellos sabían de armas.

Sólo en estos aspectos ya el atraso es impresentable y permítannos decir que además la seriedad y eficiencia son cuestionables, hasta el momento no hay atisbo de una Manual de Procedimientos que nos permita a las AAFF y a nosotros tener claridad sobre cómo se aplica este reglamento, de manera que la AF de Arica y la AF de Castro apliquen los mismos procedimientos.

No puede ser una justificación para esto la falta de recursos, los usuarios de esta ley pagamos en tasas de derechos entre 5 mil y 6 mil millones de pesos anuales a la DGMN, dineros que según la Ley deben ser invertidos en la propia ley. Claramente quienes a diario asistimos a efectuar trámites en las AAFF y en la DGMN, no vemos esa inversión por ningún lado.

Algo no huele bien en este asunto, engañaron, escondieron la pelota, ignoraron recomendaciones y aprobaron entre gallos y media noche un reglamento que hasta el cansancio les señalamos que era impracticable. Durante meses les hicimos ver cada uno de los artículos con problemas, las disposiciones impracticables y las ilegalidades de un reglamento inútil e inaplicable. Pero insistieron, siguieron adelante hasta que forzaron su aprobación, el último día del ejercicio del contralor Bermúdez, tema que está siendo cuestionado por este ente.

Hoy la confusión es total, las AAFF son “el pato de la boda” y junto a la DGMN se culpan mutuamente de un desacierto tras otro.

Mientras todo esto sucede, las armas en manos de delincuentes siguen ahí y nadie hace nada por quitárselas o al menos por evitar que les lleguen nuevas armas por nuestras fronteras inseguras y permeables.

Hoy, gracias a nuestra legislación, los ciudadanos enfrentamos en nuestras casas y en la calle a delincuentes armados y lo hacemos a mano limpia, sin armas y ni hablar de portarlas para defendernos de un portonazo, un asalto o una encerrona. Todo gracias a que un señor que, enquistado por décadas en la DGMN, determinó que las armas legales en manos de ciudadanos honestos eran un peligro y durante años ha vendido ese discurso a sus jefaturas y a los gobiernos de turno. Desgraciadamente en los últimos años lo han escuchado y su discurso irracional resulto ser funcional a los anti-armas. Como resultado, hoy la mayor agencia anti-armas del país es la propia repartición pública que está encargada de llevar el registro de las armas legales en Chile.

Esta agencia, dependiente del ministerio de Defensa, hoy no rinde los 5 o 6 mil millones de pesos que recauda en tasas de derechos al año, la misma que cada 6 meses incrementa los valores e inventa nuevos ítems para cobrar tasas de derechos. Calculamos que estos nuevos ítems podrían significar un incremento del 35 al 40% en los ingresos de la DGMN por tasas de derechos de la Ley 17.798 de Control de Armas y Explosivos.

Un sin sentido más, en una interminable lista de desaciertos.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente ANTRA Chile
www.antra.cl

El pasado 10 de abril se publicó en la web de mega noticias una nota sobre la detención de un deportista de Valdivia, el motivo la compra e internación de una mira telescópica de visión nocturna y térmica. Esto fue el 15 de enero de este año, por lo que el dispositivo fue comprado antes de la publicación del reglamento Complementario de la Ley de control de Armas que las prohibía, al menos cuando estuvieran montadas en un arma de fuego.

Pero lo que llama la atención no es la mira, su procedencia o su uso, que aun esta por demostrarse que era para un arma de fuego, sino que el periodista tuviera antecedentes de una causa que está en estado de sumario investigativo, es decir, que está en calidad de secreto o reservado y sin acceso, solo las partes afectadas, el ministerio público a través del fiscal y el abogado defensor. Lo señalado por el periodista sólo podría ser conocido por algunas de las partes implicadas, no por él. Claramente aquí alguien filtro información y no fue desde la defensa, ya que el articulo intenta perjudicar al afectado e inmolarlo en la plaza pública, mucho antes de que se determine incluso si hay razones para un juicio.

Esta práctica de filtrar información a los periodistas es antigua y desgraciadamente habitual. Suponemos que se busca con esto crear conmoción y alteración en la opinión pública, quizás con el fin de influir en el desarrollo del proceso judicial. Especialmente cuando se carece de argumentos, pruebas y antecedentes para probar la culpabilidad o efectiva participación en un delito.

Aquí se pretende que la opinión pública condene a los acusados antes que la justicia se pronuncie, una práctica habitual que pareciera a nadie llamarle la atención. En este, y en muchos otros casos, debiese haber sumarios que determinen quien filtro la información y se sancione estas claras faltas al debido proceso. Pero esta clásica manera de hacer las cosas de manera torpe, impune y al borde de lo delictual ya es una costumbre y pareciera no importarles a las instituciones que sufren estas filtraciones.

Queda claro que el periodista hablo con algún fiscal que le aseguro que la trazabilidad de las armas en Chile es inexistente, cosa que además de ser alevosamente falsa, demuestra el completo desconocimiento que se posee del sistema de control de armas chileno.

Cada vez que un arma ingresa al país en una importación, se registra en la base de datos de la DGMN que autoriza la importación y luego la internación al país. Sin esto el arma no es ingresada, autorizada la importación y la internación se registra en la base de datos el país de procedencia, las vías de transporte, las fechas de compra, embarque y llegada; los datos del importador, donde las almacena, marca, modelo, serie y accesorios. Cuando el importador las vende a comerciantes o distribuidores que están autorizados por la DGMN, se registra la fecha, cantidad, marca modelo, número de serie y lugar de almacenamiento autorizado para el comerciante o distribuidor. Cuando un ciudadano la compra, debe estar acreditado ante la DGMN, que sabe su domicilio, antecedentes, ingresos económicos y antecedentes de sus familiares, además, se establece su nivel de conocimiento de legislación y armas. Luego de todo esto el arma es inscrita a nombre del ciudadano y el arma con marca, modelo, número de serie y accesorios, queda registrada a su nombre. Se puede establecer cuanta munición y donde la compro, se registra si luego la vendió, a quien, cuando y se acredita y guardan los antecedentes del nuevo comprado.

Entonces, no puede cualquier ignaro asegurar que el sistema de seguimiento de las armas en chile no existe. Muy por el contrario, es uno de los más estrictos de la región y del mundo.

El mencionado artículo tenía la pura y transparente intención de perjudicar a un ciudadano que está siendo investigado, que no ha sido sometido a proceso y que ciertamente es un conocido empresario y deportista de la región. Incluso se mencionan organismos públicos que le adjudicarían licitaciones y trabajos del rubro de la empresa del afectado.

Algo huele mal entre los autores de la nota y su fuente de información, que claramente busca figuración, por eso actuó como lo hizo al detener y allanar la casa de este deportista y cazador, cuando funcionarios de la PDI se hicieron pasar por empleados de correos para entregarle la mira que había comprado y de la cual posee factura y pago los derechos de aduana que correspondían. Lo demás luces de colores, pirotecnia en búsqueda de fama.

Mientras todo esto sucede, delincuentes siguen caminando armados por las calles, personas siguen siendo asesinadas con armas ilegales, las armas siguen ingresando por pasos no autorizados o en container que nunca serán revisados. Pero las instituciones quieren proyectar la sensación de que se hace algo cuando en la práctica no hacen absolutamente nada.

Un circo en el que hay señores corales, trapecistas, animales y muchos, muchos payasos.

El 21 de marzo del presente año ingresamos un reclamo en la OIRS de la Dirección General de Movilización Nacional -DGMN- y le enviamos un correo al director general de este organismo.

Básicamente le exponíamos de cobros indebidos realizados en la Autoridad Fiscalizadora -AF- de Castro que afectaron a uno de nuestros asociados. Pueden encontrar el detalle aquí.

El director nos respondió, señalando que lo analizarían para responder adecuadamente. Esta respuesta llego el viernes 5 de abril, ya la rapidez en responder es un muy buen antecedente. Otras administraciones de la DGMN, se tomaban el plazo máximo para responder y habitualmente, además, pedían postergación de este. Esta vez no fue así.

La respuesta es más que satisfactoria, el afectado debe señalar una cuenta bancaria para que se le devuelva el dinero mal cobrado y luego de eso podrá volver a efectuar el trámite para que se le respeten los plazos del permiso de transporte. Además, se efectuó una auditoria en la AF de Castro, según nos informaron nuestros asociados.

Sin duda alguna la impronta del director general, Jorge Hinojosa Riquelme, es notable. Cuando asumió el cargo y nos reunimos, nuestra preocupación se enmarco en dos aspectos. Por un lado, el Reglamento Complementario, sobre el que ya estaba en marcha desde muchos meses antes y sobre el que claramente no tuvo injerencia y el otro aspecto fue la calificación de meros tenedores de armas, que se explicitó con el cambio de la denominación de propietario en los padrones de las armas. En esa ocasión el director general se comprometió a solucionar lo de los padrones y así lo hizo en un plazo muy breve.

Desgraciadamente creemos que en esta tarea de “hacer las cosas bien” el general esta un tanto solo. Lo rodea un equipo que no sólo gestó uno de los reglamentos más restrictivos, inútiles y desarmista de las últimas 5 décadas, sino que además un equipo que insiste en faltar a la legislación y entregar directrices confusas y autoritarias a las Autoridades Fiscalizadoras -AAFF-.

En este escenario a nadie le parece raro que en la AF de Iquique se le exija a un usuario sacar permiso de transporte para las 6 armas que posee y no para las dos que requiere transportar. Meses más tarde en la misma AF se le exige sacar este mismo transporte, ahora si para dos armas, pero se le obliga a señalar cuales de esas seis armas transportará. Siendo que el reglamento señala que puede transportar cualquiera de las seis siempre que no transporte más de las que señala el permiso.

En la AF de Concepción, una de las más complicadas por decir lo menos, cuando un ciudadano quiso inscribir un arma y presento sus liquidaciones de sueldo, le objetaron el costo del arma, que era mayor a su remuneración y tuvo que inscribir una de menor valor. Pero además, cuando le hicieron comprobación de domicilio, el conserje señalo que el departamento se encontraba sin moradores en ese momento. El resultado es que le rechazaron la inscripción porque no vivía en el domicilio que señalo y porque su remuneración era más baja que el valor del arma que deseaba inscribir. Lo insólito es que emitieron la resolución N°9000/06 y lo notificaron personalmente en el mismo domicilio en el que señalan que no vivía.

 Estas insensateces son cosa de todos los días, demasiado frecuentes y ya marcan un comportamiento sostenido, con la clara la intención de desarmar a la población.

Las actitudes del nuevo director de la DGMN nos dan algo de esperanza. Pareciera ser que en el prevalece la legalidad y el apego a la normativa, aunque actualmente es una muy mala normativa. Pero, al menos existe una norma a la que atenernos y basarnos, y no esta suerte de tómbola con las que nos sorprenden cada vez que queremos hacer un trámite en las AAFF.

Ya escribiremos más de los desaciertos de las AAFF, podríamos escribir una colección de varios tomos con aquello.

Hoy queremos agradecer al director Jorge Hinojosa Riquelme, por su gestión clara, rápida y apegada a la norma, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo en sus antecesores. Esperamos que esta sea la marca de su gestión y que ayude a borrar la mala impresión que se tiene de lo que sucede al interior de esa repartición pública. Sabemos que no es fácil, son muchos los funcionarios enquistados ahí y que durante muchos años han intentado desarmarnos, no sabemos con qué fines, más que congraciarse con gobiernos anti-armas y mantener sus espurias regalías. Nosotros, como lo hemos hecho desde hace 17 años, seguiremos denunciando cada una de las irregularidades, por mínima que sea. No puede ser que aquellos que nos fiscalizan y controlan para que cumplamos la ley, falten a la legislación.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente ANTRA Chile