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Una noticia en radio Agricultura, el pasado sábado 21 de octubre, daba cuenta la intención del Ministerio Público para entregar a la PDI la facultad de fiscalizar las armas legales en los domicilios donde sus propietarios las registraron, según lo afirmo el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Javier Guzmán.

En la nota, el Intendente Metropolitano Claudio Orrego habló de abrir los pasajes ciegos en La Legua,  que impiden el actuar policial, pero eso no es novedad, años diciéndolo pero nunca lo han hecho. Lo que llamó la atención fue lo que dijo el fiscal Guzmán, sobre solicitarle a la PDI que efectué fiscalizaciones a nuestras armas contraviniendo lo que señala la Ley de Control de Armas.

La Ley es clara, las fiscalizaciones deben ser hechas por Carabineros de las Autoridades fiscalizadoras respectivas o por funcionarios de Carabineros de Chile, respaldados por una orden escrita extendida por el comisario a cuya jurisdicción corresponda el lugar donde esta inscrita el arma.

Hace un tiempo hicimos una nota al respecto, los invitamos a leerla nuevamente aquí.

Pero independiente de lo ilegal de la medida propuesta por el fiscal Guzmán, llama la atención que las cifras de fiscalizaciones efectuadas por las Autoridades Fiscalizadoras, dependientes de Carabineros, no sean publicas y no se conozcan sus resultados. Carabineros en los años 2014, 2015 y 2016 recibió un total de 8 mil millones de pesos por concepto de derechos que pagamos los usuarios de la Ley de Control de armas. Según la Ley estos montos deben ocuparse en la fiscalización de la Ley, es decir en tener instalaciones adecuadas para la atención de los usuarios y disponer de los medios que permitan efectuar las fiscalizaciones a los domicilios de los casi 500 mil propietarios de armas de fuego.

En la mayoría de las AF existe sólo un vehículo para efectuar estas fiscalizaciones y tampoco tienen los recursos humanos para cumplir esta labor, y no podemos evitar preguntarnos si no les alcanza con casi 3 mil millones anuales, teniendo en cuenta que los funcionarios de carabineros ya están financiados por su institución y solo seria necesario financiar la infraestructura necesaria. Y digamoslo, podrían perfectamente contratar 2 personas más por cada AF a un sueldo de $1.000.000.- liquido mensual, comprarles una nueva camioneta a cada AF y tenerlo 8 horas diarias en la calle efectuando fiscalizaciones. Pero claramente han tenido mejores ideas para usar nuestro dinero.

Y hoy es mucho más fácil señalar a la DGMN como las institución que no ha sido capaz de implementar las fiscalizaciones, pero por mandato legal esa labor radica en Carabineros y por lo tanto en el Ministerio del Interior. Hacia allá debemos dirigir las preguntas de porque no se cumple la Ley y nos encontramos con personas  con antecedentes penales con armas inscritas legalmente ante la AF.

 

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