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Actualmente se analiza en el senado un proyecto de Ley que modifica la Ley de Control de Armas. Cada una de las razones que se esgrimen para modificar la Ley de Control de Armas, tiene relación con el combate de la delincuencia. Cosa que aplaudimos, al igual que toda la población.

Al analizar cada una de la modificaciones propuestas, podemos darnos cuenta que el 90% sólo dice relación con restringir y dificultar el acceso y la posesión de armas por parte de los ciudadanos respetuosos de la ley. El problema aquí no es seguir controlando las armas legales, sino hacerse cargo de prevenir, combatir y sancionar efectivamente el mercado de armas ilegales y su uso.

Hoy las policías no aplican inteligencia en el combate al comercio y tráfico ilegal de armas de fuego. De hecho cada vez que incautan armas ilegales, sea por su fabricación o procedencia, lo hacen como resultado de otra diligencia en la que se "toparon" con armas de fuego, pero no iban tras ellas, sino tras otro delito.

No estamos dispuestos a que se nos siga sindicando como proveedores de armas a  los delincuentes, ni como causantes de inseguridad pública al tener armas en nuestros hogares. No hay cifras que avalen estas afirmaciones, no hay estadísticas que demuestren que las armas legales son un problema público y que merezca la adopción de medidas especiales.

Las armas ilegales si merecen la adopción de medidas, estrategias y actitudes eficiente en su combate. Pero las armas ilegales no las tenemos nosotros.

Algunos de los cambios son:

  1. Obligar al registro de ballestas y hondas que denominan “profesionales”, sin definir esa condición, sin señalar los requisitos, ni el procedimiento.
  2. Hacer un registro de armas por parte de Carabineros, siendo que la Dirección General de Movilización Nacional tiene un registro detallado de nuestras armas inscritas.
  3. Proponen crear una acreditación de psiquiatras y un registro de los profesionales que nos pueden efectuar el examen psicofísico que se nos exige para inscribir nuestras armas. Esto atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los psiquiatras. Y no nos garantiza imparcialidad al momento de ser examinados.
  4. Se pretende exigirnos un examen de drogas para condicionar la inscripción de armas, sin mencionar el costo de este procedimiento, debemos señalar lo limitado de la oferta de prestadores de este servicio en el mercado y la necesidad de efectuar un examen para cada tipo de drogas, además este procedimiento no es infalible.
  5. Se quiere penar a los adultos que le faciliten armas o materiales controlados a menores de edad "a cualquier titulo", dice el proyecto. No distinguen a los delincuentes de los padres que llevamos a nuestros hijos a un campo de tiro y les enseñamos a disparar en un espacio controlado y bajo la supervisión de adultos responsable y conocedores de las normas de seguridad. Otra cosa es el delincuente o el narcotraficante que le pasa armas y municiones a menores que utiliza como "soldados". Esta medida matará el deporte del tiro y su proyección, al no poder preparar menores en el uso de armas.
  6. Se propone inscribir, al igual que las armas de fuego, pero sin especificar los requisitos necesarios, las armas neumáticas o de aire, rifles a postones, balines, etc. Pero nada dicen de como harán el registro de las armas ya existentes. Con esto el niño de 15 años que posee un rifle a postón de 30 mil pesos quedará al margen de la ley automáticamente. 
  7. Además se propone aumentar las tasas de impuestos que cancelamos por nuestras acciones ante la ley, por ejemplo hoy pagamos 30 mil pesos por inscripción de una arma, el tope la ley lo fija en 1 UTM, hoy proponen subirlo a 3 UTM. Lo que seguro traerá un aumento en las tasas que deberemos pagar. Pero los delincuentes no inscriben sus armas, así que no vemos como esto previene las armas ilegales en manos de delincuentes.

Durante años hemos soportado que nos investiguen mas allá de lo que la ley les permite. Violando sistemáticamente derechos constitucionales. Revisan los antecedentes de  nuestros padres, hermanos, hijos mayores de 18 años, etc. Rechazan inscripciones dependiendo del lugar donde vivan, nos discriminan, nos señalan con el dedo, no acusan de proveer armas a los delincuentes sin exhibir nunca una prueba o estadísticas que respalden tal acusación.

Hoy día estamos frente a un proyecto que dice querer combatir las armas ilegales y en la práctica nada de eso se logrará con este proyecto. Al ponerle suma urgencia el ejecutivo presiona a los parlamentarios para que apuren el proceso y no les permitirá efectuar las correcciones necesarias o las revisiones que un tema tan importante como este necesita.

Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas

ANTRA

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