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Frente Amplio propone modificación a Ley de Control de Armas

Queremos aportar al debate, señalando los principales aspectos del proyecto presentado por un grupo de diputados de la bancada del Frente Amplio para modificar la Ley de control de armas.

El objetivo aquí es el desarme completo y definitivo, no nos engañemos. Los diputados proponen 5 grandes líneas restrictivas:

  1. Eliminar las armas de defensa, para ellos eliminan la categoría de arma de defensa. Por lo que ya no podrán inscribirse más armas de ese tipo.
  2. Las armas no podrán inscribirse en el bien raíz declarado como residencia. En definitiva, no podremos tener armas en nuestras casas.
  3. No podrán transferirse las armas entre particulares, de fallecidos, de quienes ya no cumplen los requisitos, armas incautadas, etc., etc. El objetivo es destruir todas las armas posibles y evitar que los ciudadanos posean armas
  4. Se baja la cantidad de armas de 6 a 3 para el caso de deportistas y cazadores y de 20 a 10 el máximo de armas para deportistas calificados.
  5. Solo podrán ser coleccionistas personas jurídicas.

El objetivo de este proyecto es desarmar a la población, restringir el comercio de armas legales e ir extinguiendo la posesión de armas de fuego en la ciudadanía. Para ello prohíben todo lo relativo a transferencias de armas de herederos, personas jurídicas, entre particulares y condenan a la destrucción armas de ciudadanos procesados y condenados.

Los llamamos a estar atentos a nuestras publicaciones, donde iremos fijando las líneas de trabajo y acción. Todos debemos ayudar y apoyar.

Estos son los puntos del proyecto:

  • Elimina la categoría de “defensa personal”, solo mantiene coleccionistas, deportistas, cazadores, vigilancia privada o seguridad y protección.
  • Declara ilegales las armas creadas en impresoras 3D o similares.
  • Prohíbe las miras “lasericas” o telescópicas.
  • Establece que la excepción contemplada en el artículo 3, letra k, sobre que FFAA, carabineros, PDI, gendarmería y DGAC están exceptuadas de la prohibición de “poseer, tener o portar artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, bombas o artefactos explosivos o incendiarios; ni los implementos específicamente adaptados para el lanzamiento o activación de cualquiera de estos elementos”, sólo se refiere a personal activo. Además, establece que tampoco podrán tener “explosivos y granadas”. Es de mínimo sentido común que esto se refiere solo a personal activo y en servicio y no a personal en retiro. Una modificación inútil.
  • Solo los clubes afiliados a Federaciones Deportivas podrán poseer armas. La modificación de febrero de 2022 estableció que también podrían inscribir armas clubes que, sin estar afiliados a federaciones deportivas, se habían constituidos para hacer cursos.
  • Las empresas ya no podrán tener vigilantes armados, sino que estos deberán pertenecer a una empresa dedicada a la vigilancia privada. Con esto los bancos, por ejemplo, deberán despedir a sus vigilantes y contratar servicios de empresas dedicadas a esto.
  • No se podrá tener armas en las casas. Se establece que las armas no podrán inscribirse en “el bien raíz declarado correspondiente a su residencia”.
  • Se prohíbe las transferencias de armas y las inscripciones solo se permitirán si ya existen un arma previamente inscrita. Con esto ya no podrán inscribir armas las personas que no tengan ninguna arma inscrita y no podrán hacerse transferencias entre particulares.
  • Para el caso de fiscalizaciones a campos de tiro se suprime la fiscalización de permisos de transporte y padrones, en el entendido que ya no existirán permisos de transporte para deporte.
  • Establece que con 3 fiscalizaciones consecutivas fallidas en 15 días hay denuncia y se inicia proceso para cancelación a diferencia de los 45 días que fijo la modificación de febrero de este año.
  • Suprime la posibilidad de obtener GLT para prácticas de tiro para armas de defensa. Esto se logró incluir en la modificación de febrero de 2022.
  • Suprime los permisos de transporte para deporte, solo deja los de caza.
  • Establece que las armas de una persona fallecida deben ser entregadas a las autoridades para destrucción y no pueden ser transferidas a herederos.
  • Las personas jurídicas con armas inscritas, al disolverse, deben entregarlas para destrucción. Hasta el momento podían transferirlas a terceros.
  • Se establece reinscripción cada 2 años.
  • El examen psiquiátrico será visado por la autoridad sanitaria, SEREMI de Salud.
  • Se establece un 90% de aprobación en el examen teórico.
  • Para inscribir un arma no puede haberse cancelado una inscripción en los últimos 10 años anteriores. En la ley actual es de 5 años ese plazo.
  • Al perder las aptitudes para tener armas, estas ya no se podrán transferir, deberán ser destruidas.
  • Al ser condenado un propietario de armas, el juez deberá ordenar la destrucción en la sentencia. En la Actual ley es posible transferirlas.
  • Solo personas jurídicas serán autorizadas como coleccionistas. Pero podrán mantener sus armas en su estado original.
  • Se bajan las armas de deporte o caza de 6 a 3.
  • Deportistas calificados solo podrán tener hasta 10.
  • Se impone al juez la obligación de decretar clausura de locales en los que se fabriquen, modifiquen, de manera ilegal armas y municiones.
  • Se baja de 48 a 24 horas el plazo para denunciar robo, perdida o extravío.
  • Determina agravante para quienes participen de delitos con armas y sean funcionarios de FFAA, policías, gendarmería, DGAC.
  • Obliga a destruir armas en comiso.
  • Existirá interconectividad de la base de datos de la DGMN con otras bases de datos reguladas por ley.
  • Señala que la base de datos debe contener: “toda la información que permita vincular un arma de fuego a su propietario, debiendo consignar a lo menos factores tales como el nombre del fabricante o marca, el país o lugar de fabricación, el tipo, marca, modelo, calibre y número de serie”. Esto existe desde el inicio del registro de armas.
  • Solo tribunales ordinarios podrán ver causas en que funcionarios en ejercicio de sus funciones intervengan en delitos de la ley. Ya no podrán ser vistos por tribunales militares.
  • En el caso de suspensión condicional de una causa, se determina prohibición permanente de poseer armas. En la actual ley la prohibición era mientras duraba la suspensión del proceso.
  • Determina marcaje de munición para instituciones con códigos de colores distintivos.
  • La DGMN llevara registro de armas institucionales.
  • Armas incautadas o abandonadas deberán ser destruidas.

El texto completo del proyecto lo pueden ver aquí.




Declaración Pública

Enfrentados a la actual realidad, los ciudadanos que hemos optado por la posesión de armas de fuego, estamos en una situación precaria, discriminatoria y ciertamente vulnerable. Somos una minoría salvajemente maltratada y discriminada. Y no decimos esto a la ligera:

  • Nos aplican una ley draconiana, una de las más duras en el mundo.
  • Pagamos impuestos altísimos, disfrazados de derecho, generamos más de 5 mil millones de pesos anualmente por conceptos de “derechos”. El 50% de estos fondos nunca han sido rendidos adecuadamente por carabineros y el otro 50% ha sido gastado por la DGMN de manera poco adecuada, ya que persiste un problema grave en la base de datos registral de armas en Chile.
  • La autoridad, mandatada por ley para fiscalizarnos, no realiza su trabajo y nos culpan a nosotros.
  • El estado, a través de cualquiera de sus tres poderes, no es capaz de combatir la delincuencia. Sin embargo, proponen controlarnos más a nosotros, pero no a las armas ilegales ni los delincuentes.
  • Las policías son ineficientes, y en muchos casos ausentes, en el combate contra la delincuencia cada vez más violenta y decidida. Pero nos señalan a nosotros como los culpables del poder de fuego de las bandas delictuales.
  • Somos estigmatizados por la sociedad, como locos, violentos y peligrosos.

La autoridad, los políticos en general y los medios de comunicación en particular, le señalan al público que tener armas en Chile es muy fácil, que no cuesta nada tener un arma legal, que se las entregamos a los delincuentes, que las armerías las venden por debajo de la mesa, que las roban de nuestras casas, que somos un peligro. Falacias, mentiras malintencionadas que todos ellos saben son falsas, pero que es el discurso que hay que dar, es lo que les toca. “Miente, miente que algo queda”, claro que algo queda, llevan años mintiendo.

Nos indican a nosotros como los culpables de sus políticas fallidas, de su ineficiencia, de su incapacidad, de su falta de visión, de sus ineptitudes.

Hoy nos enfrentaremos a una de las contiendas más duras de los últimos años, más que la que debimos dar contra el gobierno anterior.

Las estrategias que implementemos no serán simples, no serán de corto plazo, requerirán dedicación, esfuerzos, recursos, tiempo, claridad y fuerza. Pero, tal como lo hemos hecho siempre, trabajaremos por lograr nuestros objetivos, por minimizar el daño y por decir nuestra verdad.

La coordinación que hemos logrado establecer con federaciones, asociaciones y organizaciones del mundo del tiro deportivo, la caza, el coleccionismo y el comercio es esencial.

Esperamos el apoyo de todos ustedes, esperamos el compromiso y la ayuda. Este no es tiempo de ser tibios, no es tiempo de esperar que el otro haga algo.

Los insto, los invito a ser activos en redes sociales, a contactar a los parlamentarios de su zona, a difundir lo que publiquemos, todo sirve, todo ayuda, todos somos necesarios.

Un abrazo.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA Chile




Nueva Ley de Control de Armas, más de lo mismo

En la prensa hemos visto de manera profusa (me encanta esta palabra), como parlamentarios y gobierno se ufanan de la aprobación en el Congreso de la modificación a la Ley de Control de Armas. Han dicho que es un paso importante en el control de armas ilegales, balacera, balas locas, delincuencia violenta. Como si la sola publicación de la norma fuera un remedio milagroso a la delincuencia desatada, que ninguno de ellos ha podido controlar.

Hoy, cuando ni siquiera logran coincidir si la delincuencia ha aumentado o disminuido, celebran una ley que no ayudará en nada a evitar que me encañonen o me disparen en un portonazo, una encerrona o una invasión a mi hogar. Muy por el contrario, cada uno de los artículos de la nueva ley esta destinado a restringir y dificultar el acceso de ciudadanos honestos a armas de fuego para su defensa, caza, deporte o colección.

Es algo así como amarrarles las manos a las personas para que no puedan defenderse.

Así es, la Ley aprobada en el congreso y pronta a publicarse, al igual que las últimas 5 modificaciones, no hace nada por combatir o evitar armas ilegales. Solo está fijando restricciones a quienes tenemos armas legalmente inscritas en Chile. Además, le está entregando excesivas atribuciones a una institución que ha estado implicada en los mayores desfalcos de dineros públicos en las últimas décadas y que no tiene, ni siquiera la capacidad de resguardar los datos de sus propios informantes. Y hoy manejarán la información de quienes poseemos armas de fuego.

La Ley de Control de Armas es una de las leyes más modificadas en Chile. Se modifica cada un promedio de 4 a 5 años, la última fue el 2015, anterior a esa el 2011, y antes el 2007 y el 2005, ósea 5 veces en los últimos 17 años. Y porque sucede esto, porque quienes hacen las modificaciones no entienden lo que hacen y al cabo de los años dicen “mira, fue insuficiente, modifiquémosla otra vez”. Y se vuelven a equivocar.

Pero el Subsecretario Galli y los parlamentarios quieren dejar en el aire la sensación de que esta era una ley inexistente o que no se modifica desde su creación en el año 1972. Esa es una de las muchas mentiras que el subsecretario Galli le ha dicho al país y a los parlamentarios.

Este proyecto que se aprobó no es más que pirotecnia, para dejar la sensación de que se está haciendo algo.
Ningún artículo de esta Ley logrará evitar que las armas y municiones se sigan fugando de los cuarteles o que sigan ingresando diariamente por nuestras fronteras de manera ilegal.

Lo hemos dicho tantas veces, nuestra Ley de Control de Armas es una de las más duras y restrictivas del mundo, el problema es la fiscalización y el control que se ejerce, o que no se ejerce.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA Chile




La propiedad de las armas de fuego y el derecho a poseerlas

El señor Luis Rojas Edwards, General de la República, a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, señala en la Resolución Exenta N°2.671, del 6 de octubre de 2021, que:

“Las inscripciones de armas de fuego otorgadas por las autoridades fiscalizadoras no acreditan derecho de dominio respecto de estas y tan solo autorizan a su tenedor o poseedor a mantenerlas en el bien raíz declarado.”

Y aquí es cuando un ciudadano debiera recordarle al funcionario Rojas Edwards, el artículo 7° de la Constitución Política del Estado

Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

¿Y porque digo esto?

La Constitución señala:

Artículo 103.- Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.

Y sin ser yo un experto y con el simple manejo de mi comprensión lectora, puedo inferir que sólo podrán poseer o tener armas las personas, grupos u organizaciones que cumplan con la ley mencionada. Es decir, podemos tenerlas y eso está consagrado en la Constitución Política de Chile.

En otras palabras, nadie podrá poseer o tener armas, excepto que cumplan con la ley. Lo que para algunos podría parecer obvio, evidente y más claro que el agua, para otros es totalmente lo contrario. Así es, en el Senado, mientras se discutía la modificación a la Ley de Control de Armas, ¿cuántas veces escuchamos decir a los Senadores que el tener armas era una excepción, un privilegio y no un derecho?, demasiadas.

Y la Constitución refuerza el derecho a la propiedad en su Artículo 19, número 24°:

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

En definitiva, se nos señala que tenemos el derecho constitucional a adquirir toda clase de bienes, dentro de la ley y se refuerza señalando que podemos poseer armas siempre y cuando cumplamos con la ley dictada para tal efecto.

Entonces, el casi General en retiro Rojas Edwards no sólo se ha atribuido roles que la ley no le entrega, sino que ha interpretado y dictado actos públicos ilegales que, al menos, debieran implicar la destitución del cargo. Especialmente cuando esas ilegalidades las comete vistiendo el uniforme de una de las instituciones que según la Constitución están definidas como “esencialmente obedientes y no deliberantes”, y si cambiar el sentido del principal cuerpo legal de nuestro país no es deliberante, no sé qué lo pueda ser.

La verdad es que el señor Rojas Edwards ha interpretado la ley, casi con maña, en reiteradas oportunidades, cuando dicto la suspensión de las actuaciones que involucre uso de armas de fuego para deporte o caza, alegando la pandemia y 30 días después la tuvo que derogar al comprender que eran atribuciones de la autoridad sanitaria. O recientemente, cuando se arrogó atribuciones exclusivas del jefe de plaza de la zona en estado de excepción constitucional, en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía. Todo esto amparado en el inciso final del articulo 6° de la Ley de Control de Armas, que se refiere a los permisos de porte y transporte de armas, pero no a la compra, venta o transferencia de armas y municiones. Pero el quería lucirse y prohibió:

  • Autorizaciones para inscribir y transferir armas de fuego.
  • Autorizaciones para transporte de armas de fuego, sus partes, dispositivos, piezas o municiones.
  • Autorizaciones para compra y para venta de armas de fuego, partes, dispositivos, piezas o municiones.
  • Autorizaciones para el funcionamiento de clubes de tiro.

El último punto es casi delirante, ya que los campos de tiro, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas están regidas por una ley sobre la cual él no tiene ninguna injerencia. Pero como ya lo he dicho, el general se encuentra desbocado.

Finalmente, y a pesar de lo que diga un funcionario al margen de la constitución, las armas son nuestras, somos propietarios de acuerdo a lo que señala la constitución. Y es un derecho mientras cumplamos con la ley, como el derecho a voto, lo podemos ejercer mientras seamos ciudadanos.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA Chile




El peor servicio público

Dejen de buscar. Ya está claro. El peor servicio público en Chile no es la Salud, ni la Educación, ni siquiera la Justicia.



El peor servicio público en Chile son las AUTORIDADES FISCALIZADORAS deControl de Armas. Ahora bien, decir que todas son malas no sería justo, porque como sabrás, todas funcionan diferente. Si la que corresponde a tu domicilio no es tan mala, considérate afortunado. Pero algunas…

  • ¿Te imaginas un servicio público que sólo funciona con papel?
    Las AF operan a base de “actuaciones”, curioso pero adecuado nombre que le dan a cada trámite que uno se ve obligado a hacer con ellos. Cada actuación representa un legajo de papel que se almacena en una carpeta y se olvida en un archivo. Cada cierto tiempo, algún funcionario se ve obligado a buscar en ese archivo pero, normalmente, hay que llevar cada papel, incluso aquellos que provee el propio Estado, cada vez. Una y otra vez. Y solamente en papel. Un cero en modernidad.
  • ¿Te imaginas un servicio público que no conoce las firmas digitales?
    ¿Qué es más seguro hoy en día? La firma electrónica avanzada o la firma de puño y letra. Si dijiste puño y letra, tal vez podrías trabajar en una AF. En algunas, no tendrán la capacidad de verificar si el archivo PDF que tienen ante sus ojos está firmado o no. Ellos prefieren la tinta.
  • ¿Te imaginas un servicio público que te pregunta lo mismo cada vez que acudes a él?
    Para inscribir armas, hay que rendir una prueba de 90 preguntas que incluye cuestiones como distinguir entre el cañón y la culata, u ordenar de mayor a menor calibres (existen dos alternativas correctas pero para ellos es únicamente la C). Si ya diste la prueba, no importa. Tendrás que volver a rendirla aunque lo hayas hecho ayer. Esto no es una exageración. Si tienes armas legalmente, significa que estás habilitado por 5 años. Pero esa habilitación no tiene efecto práctico alguno, excepto un carnet que indica cuándo tendrás que volver al infierno para renovar tus papeles.
  • ¿Te imaginas un servicio público que ignora los certificados que te entrega otro servicio público?
    Si tienes el Certificado de Antecedentes para fines especiales que exige la Ley limpio, bueno, eso podría no bastar. Todos los días, chilenos que cumplen la Ley se ven discriminados por la información que contiene el “biométrico”, y según la cual las AF determinan quién es y quién no es idóneo para poseer armas. No tendrás derecho a conocer la información sobre ti y tus cercanos que maneja tras bambalinas Carabineros. Hoy, de manera ilegal incluso, han incorporado una entrevista personal con un policía que determina, en última instancia, si tendrás o no el derecho a poseer un arma. O a seguir conservando las tuyas. Nuevamente estamos supeditados a las “sensaciones”.
  • ¿Te imaginas un servicio público que, aun siendo kafkiano, sea gratuito?
    Este no lo es, es caro. Las AAFF reciben alrededor de 6 mil millones de pesos al año producto de los aranceles que cobran por cada munición que tu compras y cada acreditación que te permiten. Pagas, junto a otros 500 mil chilenos, para no ser tratado como un delincuente por el sólo hecho de que tengas o te guste el tiro deportivo, la caza, el coleccionismo o la tengas para defenderte de los verdaderos delincuentes. Y a pesar de que pagues, no siempre conseguirás no ser maltratado al acudir a este servicio público.

Todo esto, se comete bajo la supervigilancia de una institución cuya única función es aplicar la Ley. La Dirección Nacional de Movilización Nacional, DGMN, una institución dirigida por un General de la República, que no sólo permite que su servicio sea el peor, sino que avala que se vulneren los derechos de los usuarios de ese servicio.

¿Y sabes que sucede cuando el servicio recibe felicitaciones para uno de sus funcionarios, porque es diligente, atiende bien, ayuda al usuario o simplemente porque no actúa de manera prepotente?, pues lo cambian de función a una donde no tenga contacto con público. Dicho de manera directa y franca, en este servicio público kafkiano, lo castigan por hacer bien su trabajo.




Adiós General…

Quizás el director más nocivo que ha tenido la DGMN en las ultimas décadas, bajo su mando se han cometido las mayores transgresiones y atropellos a los derechos de los propietarios de armas legales en Chile.



Sin duda alguna pasará a la historia, su llegada nos llenó de esperanza a fines del 2020 y principios de este año. Terminaba la época, en diciembre de 2020 del General Hugo Lo Presti, que ya pensábamos que era lo peor que había pasado por la DGMN. Pero Rojas Edwards nos sorprendió, tuvo la voluntad de enclaustrarse, no recibir a nadie de nuestro mundo y rodearse de gente que todo lo encontraba bueno y le lamían delicadamente las botas.

Bajo su mando Carabineros en las AAFF comenzaron a transgredir la ley sin ningún contrapeso. En plena pandemia el Señor Rojas Edwards cerro las AAFF, anulando la posibilidad de miles de chilenos de hacer sus trámites y cumplir con la Ley de Control de armas. Le preguntábamos por transparencia el motivo del cierre y señalaba motivos sanitarios, mientras otros servicios públicos continuaban atendiendo, el mantenía su servicio raptado, alejado de la realidad y al margen de la ley.

Sus decretos y resoluciones respondían a una realidad paralela, a un Chile ficticio en el que solo vivía él y su entorno cercano. Determino en la resolución 817 del 22 de marzo de 2021, el cierre de las AAFF y luego de salir de cuarentena limitó el acceso de público a esas oficinas, que finalmente Carabineros interpreto como “no atención de publico” y se negó a atender a los ciudadanos que concurrían a efectuar trámites. Miles de trámites se atrasaron, las personas no podían renovar sus acreditaciones. Y comenzaron a emitir resoluciones extendiendo los plazos de vigencia, finalmente cuando las cuarentenas se levantaron, las AAFF seguían sin atender. Implementaron un sistema de toma de horas en línea, gran idea pero de pésima implementación, era como hacer cola en un consultorio, había que tomar las horas de madrugada y después suspendían las horas y se perdían los números. Uno de tantos abusos cometidos bajo el mando de este director saliente.

Cuando levanto la “cuarentena” que impuso a las AAFF ya era tarde, los atrasos eran de decenas de miles y las AAFF atendían a media máquina. Esto se ha traducido en que miles de chilenos no han podido renovar sus acreditaciones y en muchos casos Carabineros les esta retirando armas de manera ilegal.

De este General fue la idea de exigir a los deportistas que querían inscribirse como Deportista Calificado o renovar esa condición, algo que no esta contemplado en la Ley ni en el Reglamento Complementario, el ranking del solicitante. A tal punto que se negaron solicitudes o simplemente se caducaron algunas vigentes. Otro abuso de tantos.

Solo una Federación se negó a entregar ranking, la FECHITIDE, Federación Chilena de Tiro Deportivo. Si entrego certificados, señalando que el deportista en cuestión participaba de torneos regularmente y que en su zona era parte del ranking. Pero eso no le basto al General, el quería saber que lugar del ranking ocupaba cada uno.

Por omisión, esta provocando que decenas de Deportistas Calificados pierdan esa condición y queden en situación ilegal, ilegales por secretaria.

El quiebre entre Carabineros y ejercito al interior e la DGMN es una verdad escondida y soterrada, quiebre producido por este general y su nulo manejo.

Es memorable sus no intervenciones en las Comisiones del Senado que discutieron las modificaciones a la Ley o cuando no supo definir lo que era semiautomatismo y automatismo o cuando señalo que en el triatlón se disparaba, ¡notable General!

Finalmente, y como guinda de la torta, fija normas para las transferencias de armas de fallecidos, en la Resolución Exenta 2671 del 6 de octubre de 2021 . Determinando que un tercero, sin parentesco con el fallecido, deberá presentar una declaración jurada ante notario de unos de los herederos manifestando su conformidad para que este tercero inscriba el arma a su nombre. Algo no contemplado en la Ley ni en su reglamento, parte del imaginario del General.

Finalmente en la misma resolución, determina que las armas no son propiedad de las personas a nombre de quien están inscritas. Señala:

Las inscripciones de armas de fuego otorgadas por las autoridades fiscalizadoras no acreditan derecho de dominio respecto de estas y tan sólo autorizan a su tenedor o poseedor a mantenerlas en el bien raíz declarado

Resolución Exenta N° 2671, Octubre 6 de 2021, firmada por el General de Brigada, Luis Rojas Edwards

Además el General era constitucionalista…

Y cuando pensábamos que ya era imposible otro desacierto de su parte, el actual General en retiro emite la Resolución Exenta N°2758. Esta Resolución suspende, en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, todas las actuaciones relacionadas con armas de fuego mientras dure el estado de excepción que afecta a esa zona. Incluso suspende las actividades en clubes de tiro, algo que no sólo no le corresponde, sino que invade el ámbito del ministerio del Deporte, esto era atribución exclusiva del Jefe de Zona en Estado de Excepción, ya estaba desbocado el señor Rojas Edwards.

En su mandato Carabineros actuó a diestra y siniestra, invento normas, caduco inscripciones por secretaría, sancionó y dejo al margen de la ley a muchos dueños de armas de fuego. Si, dueños, porque no somos simples tenedores, somo propietarios de nuestras armas.

La era de Rojas Edwards ha terminado, con el deshonroso título, de ser la peor de las últimas décadas. Una deshonra a tantos generales que pasaron por esa oficina y que hicieron esfuerzos por perfeccionar la aplicación de una ley mal implementada.

Adiós General, tenga presente que el respeto que le teníamos era por el uniforme que vestía y no por la persona que lo usaba. Pero hoy, ese uniforme deberá colgarlo y ahora no nos queda ni una pizca de respeto por usted.

Nos alegramos de su salida, perdón, más bien nos aliviamos con su salida. Dudo que que en el Ejercito de Chile exista alguien más dañino que usted, menos preparado y con una visión de si mismo tan equivocada.

Disfrute su retiro.

Cristian Gamboa Beltramín
Presidente
Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas
ANTRA Chile




Laucheo Legislativo

Según la RAE “Lauchero” es un termino coloquial de nuestro país que hace referencia a un jugador: Que habitualmente espera la ocasión de marcar un gol sin incorporarse de lleno al juego.